La Sociedad Interamericana de Prensa ha visitado recientemente nuestro país con el cometido de expedirse sobre la libertad de expresión en la Argentina.
La SIP es un cartel de los grandes dueños de los medios de comunicación del continente -basta consultar su página web para encontrar que el Secretariado hoy es asumido por Bartolomé Mitre del Diario La Nación-, que tiene entre sus objetivos declarados la defensa de la libertad de prensa y la protección de los intereses de la prensa, al mismo tiempo que deja en claro su tinte neoliberal, cuando dice “alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual”.
La utilización y apropiación de la carga emotiva de ciertas palabras, como la libertad, por ejemplo, asociada al concepto de individualismo para potenciar a este último, es una técnica usual para fomentar esta ideología que, desarrollada y llevada adelante a cualquier costo, propició las más cruentas dictaduras militares en América Latina.
La manipulación de la emotividad a través del lenguaje no es nueva ni exclusiva de estos sectores, y el caso de términos como libertad muestra sin ambages esa característica. “El trabajo libera” se leía en la puerta de ingreso a uno de los campos de concentración de Auschwitz. La orientación y la carga ideológica que pretende imprimirse a las palabras deben interpretarse del conjunto de manifestaciones, pero principalmente del conjunto de hechos que rodean a quien emite esas manifestaciones.
Así, si repasáramos algunas manifestaciones y el accionar de los miembros de la SIP, advertiremos que, como una brújula que apunta siempre hacia el sur, la entidad cuestiona las medidas tendientes a sumar voces al espectro comunicacional y apoya, mediante la omisión, el silencio o la arenga a la indiferencia, las medidas destinadas a configurar un discurso único.
La Presidencia de la SIP durante el año 2000 fue ejercida por Danilo Arbilla, quien se desempeñó como funcionario de prensa de la última dictadura militar en Uruguay; La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos en Chile relata el silencio y, en algunos casos, el apoyo de la SIP a las dictaduras militares en América Latina; Huelga recordar su reciente actuación frente al golpe de Estado en Honduras.
Nuestro país, en cambio, recibió en 1978 una visita de la SIP que realizó un informe crítico de la junta militar. Las condiciones en las que se encontraba la Argentina en aquel tiempo eran muy distintas de las actuales.
Pese a ello, otra conformación de la SIP, desde el 2008 a esta parte, ha tomado partido por la omisión de la discusión de una ley democrática de Servicios de Comunicación Audiovisual beneficiando de este modo a las grandes corporaciones monopólicas de medios, es decir, Clarín y La Nación.
A tono con lo dicho, en su última visita, la SIP expresó con grandilocuencia su profunda preocupación porque “las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”. Esa fue la conclusión de la SIP luego de haberse reunido con la vicepresidenta de la CSJN, Elena Highton de Nolasco; el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld; los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; y los directivos de medios Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil, Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros.
Sus conclusiones, entonces, se derivan de haberse reunido, no sólo, con integrantes de los periódicos que fueron cómplices de la dictadura militar, sino que algunos de ellos son hoy investigados, o comienzan a serlo, por su participación en el caso Graiver (Papel Prensa) y el caso Noble Herrera en el que la Directora del diario Clarín es investigada por la posible apropiación de dos niños hijos de desaparecidos.
Consultado sobre el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, el titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, respondió que no le correspondía expedirse sobre un “asunto de familia”.
Se advierte, de esta manera, cómo los poderes económicos poseedores de los medios masivos de comunicación forman parte del entramado de complicidades y apoyo a quienes fueran el brazo civil de la dictadura.
En efecto, para poder mantener como “asuntos de familia” o generar un ideario social que pueda preservar o tolerar siquiera, desde esta concepción descarada, al robo sistemático de bebés por parte de organismos estatales se necesita, entre otras cosas, acallar las distintas voces que puedan tener lugar en los medios de comunicación y unificar el discurso. La polifonía que promueve hoy la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, no deja lugar a una ficción tal, resulta insostenible.
La pretendida ignorancia o invisibilización de las cosas más evidentes ha sido y sigue siendo una de las herramientas para el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.
Así, se entiende perfectamente que quienes se oponen a la amplitud del discurso, son los mismos que pretenden considerar acciones de la esfera privada, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Compartimos con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que estas manifestaciones “son ofensivas e inaceptables” y que “la SIP ataca a la democracia y a los derechos humanos”. Agregamos además que forman parte de una metodología de encubrimiento sistemático, por lo que desde AJUS expresamos nuestro más profundo repudio.
La SIP es un cartel de los grandes dueños de los medios de comunicación del continente -basta consultar su página web para encontrar que el Secretariado hoy es asumido por Bartolomé Mitre del Diario La Nación-, que tiene entre sus objetivos declarados la defensa de la libertad de prensa y la protección de los intereses de la prensa, al mismo tiempo que deja en claro su tinte neoliberal, cuando dice “alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual”.
La utilización y apropiación de la carga emotiva de ciertas palabras, como la libertad, por ejemplo, asociada al concepto de individualismo para potenciar a este último, es una técnica usual para fomentar esta ideología que, desarrollada y llevada adelante a cualquier costo, propició las más cruentas dictaduras militares en América Latina.
La manipulación de la emotividad a través del lenguaje no es nueva ni exclusiva de estos sectores, y el caso de términos como libertad muestra sin ambages esa característica. “El trabajo libera” se leía en la puerta de ingreso a uno de los campos de concentración de Auschwitz. La orientación y la carga ideológica que pretende imprimirse a las palabras deben interpretarse del conjunto de manifestaciones, pero principalmente del conjunto de hechos que rodean a quien emite esas manifestaciones.
Así, si repasáramos algunas manifestaciones y el accionar de los miembros de la SIP, advertiremos que, como una brújula que apunta siempre hacia el sur, la entidad cuestiona las medidas tendientes a sumar voces al espectro comunicacional y apoya, mediante la omisión, el silencio o la arenga a la indiferencia, las medidas destinadas a configurar un discurso único.
La Presidencia de la SIP durante el año 2000 fue ejercida por Danilo Arbilla, quien se desempeñó como funcionario de prensa de la última dictadura militar en Uruguay; La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos en Chile relata el silencio y, en algunos casos, el apoyo de la SIP a las dictaduras militares en América Latina; Huelga recordar su reciente actuación frente al golpe de Estado en Honduras.
Nuestro país, en cambio, recibió en 1978 una visita de la SIP que realizó un informe crítico de la junta militar. Las condiciones en las que se encontraba la Argentina en aquel tiempo eran muy distintas de las actuales.
Pese a ello, otra conformación de la SIP, desde el 2008 a esta parte, ha tomado partido por la omisión de la discusión de una ley democrática de Servicios de Comunicación Audiovisual beneficiando de este modo a las grandes corporaciones monopólicas de medios, es decir, Clarín y La Nación.
A tono con lo dicho, en su última visita, la SIP expresó con grandilocuencia su profunda preocupación porque “las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”. Esa fue la conclusión de la SIP luego de haberse reunido con la vicepresidenta de la CSJN, Elena Highton de Nolasco; el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld; los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; y los directivos de medios Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil, Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros.
Sus conclusiones, entonces, se derivan de haberse reunido, no sólo, con integrantes de los periódicos que fueron cómplices de la dictadura militar, sino que algunos de ellos son hoy investigados, o comienzan a serlo, por su participación en el caso Graiver (Papel Prensa) y el caso Noble Herrera en el que la Directora del diario Clarín es investigada por la posible apropiación de dos niños hijos de desaparecidos.
Consultado sobre el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, el titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, respondió que no le correspondía expedirse sobre un “asunto de familia”.
Se advierte, de esta manera, cómo los poderes económicos poseedores de los medios masivos de comunicación forman parte del entramado de complicidades y apoyo a quienes fueran el brazo civil de la dictadura.
En efecto, para poder mantener como “asuntos de familia” o generar un ideario social que pueda preservar o tolerar siquiera, desde esta concepción descarada, al robo sistemático de bebés por parte de organismos estatales se necesita, entre otras cosas, acallar las distintas voces que puedan tener lugar en los medios de comunicación y unificar el discurso. La polifonía que promueve hoy la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, no deja lugar a una ficción tal, resulta insostenible.
La pretendida ignorancia o invisibilización de las cosas más evidentes ha sido y sigue siendo una de las herramientas para el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.
Así, se entiende perfectamente que quienes se oponen a la amplitud del discurso, son los mismos que pretenden considerar acciones de la esfera privada, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
Compartimos con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que estas manifestaciones “son ofensivas e inaceptables” y que “la SIP ataca a la democracia y a los derechos humanos”. Agregamos además que forman parte de una metodología de encubrimiento sistemático, por lo que desde AJUS expresamos nuestro más profundo repudio.
Por Daniela Arcuri y Cecilia Sgrazutti, miembros de AJUS
Publicada en la edición del día de hoy de Tiempo Argentino. La nota, acá .
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