El 30 de abril de 2001, a raíz de una presentación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, se inicia la causa que cumple 10 años de trámite y que da cuenta de varias denuncias según las cuales Marcela y Felipe Noble Herrera podrían ser hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico - militar.
A lo largo de la investigación llevada a cabo por el ex juez federal Roberto Marquevich, se verificaron irregularidades en los procedimientos de adopción de Marcela y Felipe. Respecto de Marcela, Ernestina Herrera de Noble aseguró ante la jueza que otorgó la adopción, Ofelia Hejt, que “…el día 2/5/76 sintió llorar en la puerta de su casa a un bebé … que se hallaba dentro de una caja de cartón y era de sexo femenino … la recogió y mantuvo en su hogar”. En el expediente se corroboró que los testigos del supuesto hallazgo no eran, como dijo, sus vecinos, sino sus empleados.
Respecto de Felipe, que también fue entregado a Ernestina Herrera por la jueza Hejt, surge del expediente de adopción que el 7 de julio de 1976, una mujer llamada Carmen Luisa Delta se presentó en el mismo juzgado con “intención de entregar a su hijo con fines de adopción”. La justicia pudo comprobar que esa persona no existe y que el número de cédula corresponde a un hombre.
El primer estudio genético fue dispuesto el 17 de diciembre de 2002, y aún se encuentra pendiente de ejecución. En el camino, el Consejo de la Magistratura destituyó a Marquevich el 8 de junio de 2004 por haber ordenado la detención de Ernestina Herrera de Noble y “haber denegado la excarcelación de la señora De Noble de modo arbitrario y con términos impropios”.
Desde el 30 de septiembre de 2004, la Cámara Federal de San Martín no sólo ha reiterado el deber de practicar “sin más demoras” la peritación genética pendiente, sino que el 27 de abril de 2010 dispuso el apartamiento del juez Bergesio -quien sustituyó a Marquevich-, en virtud de la “inexplicable demora” en la realización del peritaje “tantas veces postergado”, y necesario a fin “de destrabar el estancamiento definitivo del proceso”.
La investigación fue asumida desde entonces por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien luego de recibir la negativa de las víctimas a la entrega voluntaria de material genético, ordenó allanamientos y requisas personales que no resultaron fructíferas. Pudo determinarse que las muestras recogidas habían sido fraguadas, por lo que ordenó una nueva extracción. El 26 de mayo próximo habrá una audiencia en la Cámara de Casación para resolver una vez más un planteo de los abogados de las víctimas por el que se impidió la extracción del material necesario y, con ello, la averiguación de la verdad.
AJUS adhiere a la convocatoria de Abuelas para que mañana nos reunamos todos frente al Palacio de Tribunales con el objetivo de conocer la identidad de los nietos apropiados durante la dictadura. No sólo por Marcela y Felipe, sino también por todos los jóvenes que aún viven sin conocer su historia, sin saber quiénes son. Sin saber quiénes somos.
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