martes, 26 de julio de 2011

lunes, 25 de julio de 2011

Tanto fuego, tanto amor, ¡no lo dejes apagar!


Mañana martes 26 de julio se cumplen 59 años del pase a la inmortalidad de la compañera Evita, la abanderada de los humildes y Jefa espiritual de la Nación. Como todos los años, la vamos a recordar con una marcha de antorchas.

La jornada será histórica porque nuestra Presidenta, a través de un acto oficial, descubrirá los dos murales construidos sobre la fachada del colosal Ministerio de Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio y la calle Moreno.

Lugar de encuentro: Independencia y Paseo Colón.
Hora: 17.00.

Acá, nota sobre las obras del escultor Alejandro Marmo y el pintor Daniel Santoro.

viernes, 22 de julio de 2011

Caravana y festival nacional y popular

A partir de las 15.00 horas del sábado 23 de julio, participaremos junto a otras organizaciones del festival "Encuentro por la Igualdad", del que participará nuestro candidato a jefe de gobierno del Frente para la Victoria, Daniel Filmus.

Un rato antes, a partir de las 13.00 horas, nos sumaremos a la caravana nacional y popular -“Caravana de la alegría”-, que partirá desde el Congreso de la Nación y se movilizará hasta el Obelisco, donde tocarán bandas y actuarán distintos artistas, en el marco del festival.


Maestría en Derechos Humanos

La escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, junto a la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ofrecen la posibilidad de hacer una Maestría en DDHH, de forma gratuita.

Informes e inscripción: www.ptn.gov.ar




miércoles, 20 de julio de 2011

Cuando la libertad de expresión esconde impunidad comercial


* Por Verónica Tarzia y Luis Villanueva, integrantes de AJUS.

Hace unos días un diario rionegrino presentó una acción legal para que se declare inconstitucional el decreto de la Presidenta de la Nación que prohíbe la publicación de avisos clasificados que promuevan la prostitución. La política del gobierno nacional –plasmada en el decreto- apunta a dos objetivos: combatir el flagelo de la trata de personas y desactivar una práctica históricamente discriminatoria hacia el colectivo de las mujeres. El marco político que sostiene la medida tiene dos pliegues: a) el consenso logrado entre legisladoras y legisladores con los hombres y las mujeres que representan a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la equidad de género y la lucha contra la trata de personas; b) la adopción de un marco legal.

Es de conocimiento público que los abogados del “Diario de Río Negro” son los mismos que asisten y representan a empresas del Grupo Clarín en distintas causas judiciales, y se sabe, también, que la intención de declarar inconstitucional el decreto presidencial beneficiaría de manera directa los intereses del Grupo.

Los argumentos esgrimidos en la demanda retrotraen la interpretación constitucional de la protección del principio democrático, la libertad de expresión y el derecho a la igualdad real de oportunidades, a épocas en las que no estaban ni siquiera en discusión las categorías de discriminación arbitraria o la igualdad como principio rector de la actividad gubernamental. Así, la invocación de la libertad de expresión y la libertad de contratación como derechos afectados es fácilmente rebatible con un correcto análisis de los instrumentos de derechos humanos aplicables.

En el caso de los avisos de contactos sexuales no hay un verdadero conflicto entre libertad de expresión y derecho a la igualdad de las mujeres. No puede tratarse a los avisos sexuales como contenidos de libertad de expresión. No obstante, si se quiere entrar en ese debate, existen distinguidas teorías sobre la libertad de expresión que argumentan que esa libertad no puede funcionar de modo que produzca un efecto silenciador sobre un grupo considerado “vulnerable”, porque así se afecta la libertad de expresión de las personas de esos grupos. La intervención y regulación de la libertad de expresión para evitar este tipo de efecto silenciador y proteger la libertad de expresión de las mujeres, está permitida y es aceptable. De acuerdo al argumento anterior, también la prensa tiene una misión en la construcción del espacio para el debate público de políticas y decisiones de Estado. La incorporación de todas las voces a ese debate es condición ineludible para que la democracia sea inclusiva. En consecuencia, la regulación de la libertad de expresión para promover la inclusión de grupos al debate público y la participación en las decisiones públicas es razonable.

Asimismo, además de la propia libertad de expresión de las mujeres –que es el principal argumento para prohibir o regular los avisos de contactos sexuales-, también está en juego el principio de no discriminación. Claramente, la prostitución y toda actividad relacionada, es una consecuencia de la discriminación histórica hacia la mujer. Desde el Estado se deben promover todas las acciones posibles para revertir los efectos de esa desigualdad, incluso, a través de acciones positivas.

La decisión de prohibir o regular la publicación de avisos de contactos sexuales en los medios gráficos es proporcional al fin perseguido, que consiste en proteger la libertad de expresión de las mujeres, promover la inclusión de las mujeres en el debate público, garantizar su derecho a la igualdad y, obviamente, desalentar la trata de personas. Para defender la razonabilidad de la medida también podría argumentarse que los medios de comunicación tienen diversificadas fuentes de ganancias, y que de ningún modo, la restricción a este tipo de ganancias le implica un colapso financiero o le impide la generación de fuentes alternativas para obtener los mismos recursos.

Por último, destacamos la total falta de aporte de datos sobre la cantidad de prostíbulos ilegales que podrían existir en la provincia de influencia del medio, la cantidad de personas que estarían en situación de explotación sexual, la cantidad de denuncias sobre casos de trata de personas que se investigarían, el resultado de esas posibles investigaciones, la situación de independencia o dependencia del sistema judicial en la investigación de estos delitos, la incidencia que esta actividad económica clandestina podría representar, los actores que podrían estar involucrados.

El peligro de que se adopte una decisión judicial que se exprese sobre la mera retórica constitucional –reaccionaria- del Diario de Río Negro involucra no sólo la vigencia del decreto –tan saludable- adoptado por la Presidenta, sino también, el riesgo de que se dé una negación judicial sobre la existencia de redes de explotación sexual y el condicionamiento del plan de vida que implica encontrarse en aquella situación para cualquier ser humano.

martes, 19 de julio de 2011

El niño y el derecho a la familia

Hoy martes 19 de julio publicamos una columna de opinión en el diario Página 12, referida a uno de los más fundamentales derechos que tiene cualquier chico: formar parte de una familia. La adopción como una posible herramienta legal, y el rol que deberían tener el Derecho y el Estado.

Acá, el artículo.

Florecieron mil corbatas


* Por Mariano Abrevaya Dios, integrante de AJUS.

Los Abogados por la Justicia Social (AJUS) homenajeamos a todos y cada uno de los colegas laboralistas comprometidos con las causas de su pueblo que fuesen secuestrados y asesinados por el Estado Argentino genocida durante la “Noche de las Corbatas”, una cobarde ola de secuestros perpetrados en la ciudad de Mar del Plata durante los días 6, 7 y 8 de julio de 1977.

Se llamaban Norberto Centeno (*), Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi y Tomás J. Fresneda, y junto a ellos las patotas se llevaron con vida a otras cinco personas, una de ellas, embarazada de 4 meses. Sólo los doctores Camilo Ricci y Carlos A. Bozzi sobrevivieron. Mucho tiempo después se enterarían que su lugar de cautiverio había sido en las instalaciones de un viejo radar, en la Base Aérea de la ciudad de Mar del Plata.

La persecución y eliminación de compañeros abogados no empezó el 24 de marzo de 1976, y el más claro ejemplo es, entre otros, el asesinato del investigador, académico y militante popular Rodolfo Ortega Peña, en julio de 1974, célebre, por ejemplo, por haber participado de la elaboración de la Ley de Sociedades durante su mandato como diputado, o por haberse puesto al frente de la defensa de los compañeros y compañeras que habían intentando la fuga del penal de Rawson y que luego serían fusilados por la Marina en una ejecución masiva sufrida por las organizaciones populares de la época: la Masacre de Trelew . El plan sistemático de desaparición de personas instaurado por las fuerzas armadas casi dos años después, se llevaría la vida de casi un centenar y medio de abogados y abogadas que ejercían su profesión con compromiso militante, levantando las banderas de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. El terrorismo de Estado, para lograr el control social que dejase indefenso al pueblo, entre otros sectores organizados, atacó con dureza a aquellos que ejercían la profesión comprometida del derecho, blanco predilecto de quienes atentan contra los derechos de los trabajadores y las instituciones de la democracia.

Años después de la noche negra de la dictadura cívico-militar y la entrega de los años 90, de la mano de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y los distintos espacios de resistencia que fue tejiendo nuestro pueblo, llegamos al 25 de mayo de 2003, fecha clave en la historia contemporánea de nuestra patria, cuando se abre, entre tantas medidas revolucionarias, la posibilidad de juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina.

Así es que hoy, con cientos condenados a cadenas perpetuas en cárceles comunes, celebramos la apertura de un nuevo juicio oral, hace poco más de un mes, en Mar del Plata, por 85 casos de secuestros y desapariciones ocurridas en esa ciudad, donde se está juzgando, entre otros casos, las aberraciones comedidas durante “La Noche de las Corbatas”. Los acusados son 17 militares y policías que actuaron en 4 centros clandestinos de detención de la zona balnearia. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata y por la sala de audiencia pasarán más de 300 testigos. Es el segundo juicio que se realiza por hechos sucedidos dentro del centro clandestino de detención que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, La Cueva, y también en la Comisaría 4ta. de la ciudad. Entre los 17 procesados hay ex integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y policía bonaerense.

Homenajeamos, entonces, a aquellos abogados que antes, durante y después de la dictadura, con las herramientas que ofrece la profesión optaron por la defensa irrestricta de los derechos humanos y sociales. A contramano de la mayoría de ellos, a nosotros nos toca defender las políticas emancipadoras de un gobierno nacional y popular elegido por el pueblo. En eso estamos, convencidos, como decía Arturo Jauretche, de que el arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos, y que los pueblos deprimidos, en definitiva, no tienen chances de vencer. Por eso hacemos política con alegría, ya que “nada grande se puede hacer con la tristeza”.

(*) Abogado recibido en la Universidad Nacional de la Plata, fue encarcelado después del golpe militar de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, por su militancia peronista. Reconocido abogado laborista y especialista en Derecho del Trabajo, escribió dos libros y una frondosa cantidad de textos sobre la materia en revistas especializadas. Fue el autor de la "Ley de Contrato de Trabajo" y también de la "Ley de Asociaciones Profesionales", suspendidas por la dictadura genocida del 76. Se desempeñó como abogado de la Federación Sindicato Unido Petroleros del Estado (SUPE), Unión de Trabajadores Gastronómicos (UTGRA), Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Sindicato Único de Trabajadores Edificios de Renta y Propiedad Horizontal de Mar del Plata, Unión Argentina de Artistas de Variedades (UADAV), Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, Sindicato Camioneros y Obreros del Transporte, y también fue asesor legal de la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) regional Mar del Plata y Capital Federal.

jueves, 14 de julio de 2011

Eximir lo no eximible: las alianzas económicas entre las dictaduras y la agrogarquía

* Por Cecilia González de los Santos, integrante de AJUS.

Analizar la legislación de un país en determinados momentos de su historia permite extraer una radiografía de los distintos modelos de Nación imperantes. El Derecho, a lo largo del tiempo, ha sido, justamente, la herramienta utilizada para establecer y preservar dichos modelos.
Poco se ha hablado sobre los motivos que llevaron a la imposición de regímenes militares en Latinoamérica para proteger a determinados actores civiles locales e internacionales. Los ecos de los distintos gobiernos de facto se proyectan, aún hoy, sobre la legislación argentina, perpetuando la ilegalidad. Por ello, desde el paradigma del Estado de derecho debemos repensar la validez de las normas introducidas con el objetivo consolidar la democracia.
La autodenominada “Revolución Argentina”, dictadura iniciada con el golpe militar de 1966, dictó su propio estatuto -arrogándose la facultad de emitir leyes en sentido formal-, y otorgó a sus decretos una numeración correlativa a la dictada por el Congreso disuelto, dotándolos, así, de una pretendida “legalidad”. Estratégicamente avanzó sobre la legislación económica, laboral y penal. Así, entre otras normas, el 16 de enero de 1967 se dictó la "Ley" No. 17.117 que declaró actividad de “Interés Nacionalla crianza de ganado equino -con excepción del pura sangre de carrera- y eximió a los criadores de equinos del pago de impuestos -nacionales y municipales de la Ciudad de Buenos Aires-, sobre los beneficios derivados de esa explotación, como así también de los que gravan las operaciones de comercialización de los productos -en su primera etapa- en el mercado interno. También se declaró indisponibles los fondos ocupados por algunas explotaciones y haras, derogando toda otra norma que entrase en contradicción con ésta.
Si bien durante los más de cuarenta años que lleva de vigencia esta norma se escucharon algunos pocos pronunciamientos al respecto, en ningún caso se analizó ni se mencionó la palmaria ilegalidad de la referida “exención”. Tampoco se ha revisado si el “Interés Nacional” del gobierno democrático coincide con el “Interés Nacional” que tuvieron los militares –acuerdo firmado con determinados sectores del sector agrario-.
Es así que en el marco del gobierno nacional y popular que encabeza la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner tenemos el deber de avanzar en la revisión de todas las ficciones jurídicas generadas por los gobiernos militares, a partir de la lectura de la Constitución Nacional, donde se establecen las pautas directrices en materia tributaria.
En esta línea de pensamiento decimos que el Poder Tributario es el ejercicio del “Poder de Imperio” por parte del Estado, que se justifica en la necesidad de proveerse de recursos para el cumplimiento de sus finalidades. Incluye la facultad de “imponer” y la de “eximir”. El Estado establece, dentro de los parámetros constitucionales vigentes, los casos y circunstancias en que puede pretender el tributo y con qué límites, así como el deslinde y compatibilización de las potestades tributarias.
El primer limite -constitucional y real- a este ejercicio de potestad, es la capacidad contributiva, conceptualizada como el resto económico disponible para contribuir a la cobertura de los gastos públicos, preservando la satisfacción de las necesidades elementales. La capacidad contributiva se deduce analizando la renta, el patrimonio, y el consumo. Llegamos, entonces, a un primer criterio: corresponde eximir a quien no tiene medios económicos de hacerlo, obligando a contribuir a quienes sí pueden.
Por otra parte, el principio de legalidad deviene de los artículos 4, 17 y 19 de nuestra Carta Magna, e impone la necesidad de crear o eximir un tributo mediante decisión del Congreso Nacional, o de las legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, para el caso de las potestades tributarias locales. Tal principio “reserva” sólo para los representantes del Pueblo la facultad de establecer los límites del poder de imperio que será ejercido por el Poder Ejecutivo. Así, el principio de legalidad, en su mirada clásica, halla fundamento en la necesidad de proteger a los sujetos pasivos en su derecho de propiedad contra los abusos estatales y abarca la garantía de ausencia de establecimiento de preferencias especiales sobre determinados integrantes de la sociedad. Además, la legalidad se extiende a la facultad de “perdonar” o eximir del tributo, así como para imponerlo.
Ya en al nudo del asunto, nos encontramos con que un gobierno militar estableció -bajo aparentes motivos económicos- la exención tributaria para los criadores de caballos y la comercialización de sus productos, hasta su primera venta. Vale decir que la exención apuntada no sólo no fue establecida por el Congreso Nacional, sino que se aplicó en ausencia del Estado de Derecho y proyectando sus efectos sobre él, con apoyo de la venia judicial -históricamente proclive a las transiciones pacificadoras-. Pese a que la totalidad de la doctrina y la jurisprudencia son unánimes al respecto, al día de la fecha, nadie se ha pronunciado sobre el tema.
En conclusión, queda claro como el agua que la vigencia de esta norma perpetúa la violación no sólo del principio de legalidad sino también del de igualdad, toda vez que ha impuesto un tratamiento desigual irrazonable en beneficio de los criadores de caballos, mientras otras actividades, sin importar si sus ganancias o rentas son mayores o menores, deben tributar por su producido. La “Ley” No. 17.117, que no es ni ley ni decreto, constituye una nota más del bloque de “nefastas escrituras” que develan las complicidades reunidas para el avasallamiento del derecho, la razón y la vida en nuestra Patria.
Por lo tanto, lo más pronto posible, el Congreso Nacional deberá dejar sin efecto esta norma que enriquece sólo a unos pocos.

martes, 5 de julio de 2011

Dos nuevos talleres de formación de AJUS y el PAMI

En el marco de las jornadas "Promotores de derechos; Formación de los adultos mayores en la construcción de ciudadanía", AJUS y el PAMI ofrecerán, de manera conjunta, dos charlas. El miércoles 6 de julio, entre las 10.00 y 16.00 horas, en Gándara 2840, Parque Chas, y el jueves 7 de julio, en el mismo horario, en Patrón 6222, barrio de Liniers.

lunes, 4 de julio de 2011

Pinchá el globo 3, otro video más de la de campaña de la Juventud

No te quedes afuera. Si querés jugar, jugá.



Pinchá el globo 2, otro video de campaña de la Juventud





No te quedes afuera. Si querés jugar, jugá.



Por los derechos de la ancianidad, AJUS y PAMI disertaron en la provincia de Córdoba


En el marco de las jornadas "Promotores de derechos. Formación de los adultos mayores en la construcción de ciudadanía", que ofrecen AJUS y el PAMI de manera conjunta, doscientos jubilados asistieron a la Universidad Nacional de Flores de la provincia de Córdoba para formarse como referentes zonales y promotores de derechos de la ancianidad.

Acá, la nota del sitio digital cordobes "El Diario del Centro del País".

martes, 28 de junio de 2011

Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene.

La juventud se pone al hombro la campaña para sumar la Ciudad de Buenos Aires al Proyecto Nacional.

Acá, la página de campaña de nuestros compañeros candidatos.

Y acá, un enlace, dentro del mismo sitio, de nuestro referente Juan Cabandié.

domingo, 26 de junio de 2011

La reconstrucción de los lazos sociales

Tiempo Argentino publicó, hoy domingo 26 de junio, una columna de opinión de AJUS sobre los promisorios avances del "Programa de Participación Ciudadana" que viene impulsando el Ministerio de Seguridad en los barrios de nuestra ciudad.

Acá, la nota.

viernes, 24 de junio de 2011

Somos Nosotros*

Hoy a la madrugada falleció el compañero Fernando "Chicho" Benítez, militante de La Cámpora.
Tenía 28 años.

"Chicho" militaba en la Comuna 11, en la Ciudad de Buenos Aires, donde vivió toda su vida. Con mucho esfuerzo pudo abrir un kiosco en el barrio y por eso lo conocían muchos pibes.

Nosotros queremos recordarlo a él, como un ejemplo para todos. Queremos recordarlo por su solidaridad y por su sello distintivo: Chico emanaba alegría por todos los rincones por donde pasaba. Su bandera era su sonrisa.
Y esa sonrisa no era casual, porque era plenamente conciente del proceso político que vivimos, el cual cambió su propia vida. Pero como todo buen militante de las causas populares, con eso no le alcanzaba.

"Chicho" decía que sólo tenía un sueño: que no haya ningún pibe viviendo en la calle.

Recorría día y noche todas las esquinas y las plazas del barrio donde viven otros jóvenes en condiciones de marginalidad. Y al volver siempre decía: "A esos guachines hay que darles una esperanza y ¿sabés cómo se enganchan?".

Esa misma indignación y tristeza opr las injusticias fueron las que lo motivaron a sumarse a La Cámpora. Y fue esa misma alegría que le dio la militancia y un proyecto colectivo lo que le daba fuerzas cada día para luchar conciente de que no se rendiría hasta dar todo por cumplir aquel sueño.

Amaba profundamente la vida y eso se notaba.

Por eso, pese al dolor, su familia quiere despedirlo en el lugar en el que Chicho era más feliz. Ese lugar es donde él convocaba a otros pibes para inscribirse al Programa de Empleo Joven. Ese lugar pasó a ser en muy poco tiempo su segundo hogar, la unidad básica del barrio de Paternal.

"Chicho" nos deja una frase que repetía constantemente: "Somos nosotros". A cada compañero que se sumaba, le explicaba que esa frase sintetizaba el orgullo y la alegría de ser lo que somos como parte de este proyecto.

Acá seguirás con tu sonrisa maradoniana siempre a cuestas, bailando al compás de los bombos y cantándole a Nétor mirando al cielo. Acá seguirás, entre nosotros y en el recuerdo vivo de aquellos que nunca mueren.

Y acá seguiremos nosotros recordándote como merecés: militando para que no haya más injusticias ni pibes con hambre.

Quedate tranquilo, Chicho, somos nosotros.

*Extraido de la página web oficial de La Cámpora
http://www.lacampora.org/2011/06/24/somos-nosotros/

miércoles, 22 de junio de 2011

AJUS disertó sobre las políticas públicas de Seguridad del gobierno nacional



Una hora después de que la Presidenta de la Nación anunciase en la galería de los Patriotas Latinoamericanos que su compromiso con la Patria es irrenunciable y que el rol que le exige la historia es el de constituirse como puente entre las nuevas y viejas generaciones, Abogados por la Justicia Social (AJUS) ofreció en la facultad de Derecho, ante unos cien abogados, estudiantes y militantes, una charla sobre las políticas de Seguridad del gobierno nacional. Los invitados fueron Ileana Arduino, Secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la Nación y Alberto Binder, Vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

Ricardo Dios, integrante de AJUS, y moderador de la actividad, le puso palabras a la algarabía generalizada que colmaba el salón, celebrando el anuncio de la Presidenta, un hecho político por el que se venía trabajando con mucha convicción desde hacía varios meses.

Después del aplauso cerrado y emotivo, Dios dijo que la Seguridad ha sido poco considerada por la militancia en su agenda, por lo menos hasta el año pasado, “cuando la juventud kirchnerista se juntó en Río IV, Córdoba, y por primera vez se puso a la Seguridad en la agenda de actividades”. Subrayó que se ha pasado de la resistencia a la acción, y recordó que “somos una generación muy estigmatizada por la policía, en especial durante los años noventa”. Remarcó que los tiempos cambiaron de manera contundente y que “ahora contamos con las herramientas del Estado Nacional ya que con el Kirchnerismo todo llega, y a partir de diciembre de 2010 tenemos un Ministerio de Seguridad”. También aprovechó para decir que “de ésta casa de estudios muy pocos nos fuimos con una noción de qué significaban las políticas de seguridad”, y que “hoy que casi todos los especialistas en políticas públicas de Seguridad están trabajando en el nuevo Ministerio”.


Binder tomó la palabra durante más de media hora, y compartió un exhaustivo análisis acerca de los modelos históricos de seguridad en pugna: el represivo y el democrático, o en otros términos, el autogobierno de las fuerzas de seguridad o la conducción civil de esas mismas fuerzas. “El debate es ideológico”, afirmó, y sostuvo que “el primero tiene que ver con un pacto entre la dirigencia política con las cúpulas policiales y éstos, a su vez, con ciertos sectores de la criminalidad, participando de los negocios, un modelo terrible en términos valorativos, claramente negativo para la democracia, y aparte, inviable”. Explicó que fueron estos esquemas los que generaron las grandes crisis policiales de los años noventa que quedarían en la historia como “la maldita policía”. Celebró, entonces, la creación del Ministerio de Seguridad, no sólo por la calidad de los funcionarios convocados, sino también, y en especial, por los cambios en las políticas de seguridad. Afirmó que “hoy estamos en condiciones de preguntarnos, entonces, qué hacemos con la violencia del Estado y la violencia de la sociedad”, y en ese sentido punteó las distintas dimensiones que se deberían tener para pensar en la “construcción del gobierno de Seguridad” que oriente las políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal. “Un modelo centralizado o descentralizado de la policía”, reflexionó, y optó por la segunda. Habló de los fiscales federales: “ganan fortunas y no producen nada realmente relevante”. Habló de una burocratización y desidia a niveles vergonzosos. Habló de la prevención del delito, “políticas extremadamente complejas y un desafío inconmensurable”, de la necesaria reorganización del Sistema de Penas, del conglomerado de la Seguridad Privada, que “nos guste o no vino para quedarse y que debería pasar de manera inminente a manos del Estado para controlar la mano de obra deficiente que descartan las fuerzas policiales”. También mencionó los controles sobre las fuerzas de seguridad y la participación ciudadana, y volviendo al principio de su ponencia, recordó a modo de ejemplo, la toma de tierras del parque Indoamericano y la resolución del conflicto de la mano de la negociación y el aporte multiministerial de herramientas democráticas. “El otro modelo de resolución, por supuesto”, remarcó, “era el represivo”.

Para cerrar compartió un interrogante, que a su vez es un desafío: “En cuánto tiempo vamos a construir estos resortes básicos. ¿Uno, cinco, diez años?”. Y le avisó a los desprevenidos, “que nos podemos encontrar con sectores progresistas que se inclinarán por los viejos pactos con los sectores policiales, ante las reformas planteadas por el Ministerio de Seguridad, y a su vez sectores de derecha que verán con buenos ojos la nueva modalidad de trabajo”.


Arduino también expuso de manera brillante. Como funcionaria del Ministerio de Seguridad, dijo que estaba allí para “pasar revista de algunas de las decisiones que avalan la convicción oficial de poner manos en el asunto de la seguridad”. Explicó que desde el mismo diseño del Ministerio se tomaron decisiones política en relación a la seguridad y que “hay un conjunto de señales muy prometedoras, por ejemplo, que las políticas de Bienestar de las Fuerzas, por primera vez en la historia, está en manos del Poder Civil”. En el mismo sentido, mencionó que el rol de la comunidad también es novedoso porque ofrece un canal de comunicación que provee de insumo a quienes deben tomar las decisiones políticas. “Un tipo de participación”, subrayó, “que vas más allá del accesorio cosmético ligado al modelo de participación cooptado por los sectores hegemónicos, como por ejemplo las asociaciones amigas de las comisarías”.


Como lo hiciese su colega Binder, la funcionaria puso sobre la mesa el conflicto desatado por la toma de tierras, pero en el Club Albariño, en Mataderos. “Tenemos la obligación”, dijo, “de decodificar las distintas demandas de los grupos de vecinos. No todos estaban atrás de los intereses de TN, y no todos bregaban por la solución que te aporta la Infantería. El uso de la fuerza, para nosotros, es una herramienta excepcional del Estado”. Finalmente, se sabe, la solución llegó después de buscar alternativas democráticas que abordasen el conflicto desde lo social. Habló de “la Trata”, a modo de ejemplo, y como uno dos los temas más complejos, y dijo que “gran parte de la efectividad de las políticas públicas depende no sólo del gobierno central, sino también de los gobiernos locales de cada distrito. Para cerrar, contó que de manera semanal, el Ministerio impulsa reuniones con el resto de los Ministerios, para coordinar el aporte que cada organismo tienen para hacer en función de los objetivos comunes como “reducir los niveles de violencia y conflictividad”, o “construir políticas de integración y construcción de ciudadanía”.

Ricardo Dios volvió a tomar la palabra, y abrió la posibilidad de hacer preguntas. A partir de ahí, durante varios minutos, se charló sobre la sindicalización y formación de las fuerzas policiales, la jurisprudencia de la información que generan las cámaras de seguridad dispersas en la vida pública, y otras.

Para el cierre, el moderador de AJUS llamó a votar a Daniel Filmus, el representante del gobierno nacional que va a impulsar una política de seguridad democrática en la ciudad de Buenos Aires, en contraposición del escenario actual que impulsa Mauricio Macri, paladín indiscutido del modelo autoritario de la seguridad.

Fotos: Patrick Haar

viernes, 17 de junio de 2011

Campaña de empadronamiento 2011 para las elecciones de claustro de Graduados

Durante el año 2011 asistiremos varias veces a poner un voto en las urnas. Una de esas elecciones será para elegir a los Consejeros Directivos de las Facultades de la Universidad de Buenos Aires.

Desde Abogados por la Justicia Social estamos convencidos que la Facultad que nos formó no puede permanecer ajena al proceso de democratización y apertura que se viene dando en el resto de las instituciones de la vida pública de nuestro país. Queremos un modelo de Universidad que pueda ver por encima de sus muros, que produzca conocimiento de cara a la sociedad y que esté a la altura de los nuevos desafíos, aportando al debate y a la discusión social; apostamos a un modelo inclusivo, integrador y respetuoso de la diversidad. Una Facultad de Derecho acorde a los tiempos que corren.

Al igual que en las elecciones del Colegio de Abogados, el Consejo de la Magistratura y la AABA, en estas elecciones se vuelven a disputar dos formas de entender y concebir nuestra profesión, la responsabilidad que tenemos como abogados formados en la Universidad pública y gratuita, y el papel que debe jugar la Universidad Pública en relación al modelo político de país vigente.

Los abogados de la Universidad Pública podemos empezar a ser parte del destino de nuestra Facultad, como lo somos en el resto de las instituciones de la vida pública, y es por eso que decidimos participar en las elecciones del claustro de Graduados, y lanzar la Campaña de Empadronamiento 2011.

Hay que estar empadronado para participar de la elección. Y los requisitos son:
* Ser Abogado egresado de cualquier Universidad Nacional;

* Completar el FORMULARIO ADJUNTO y presentarlo en la Mesa de Entradas de la Facultad de Derecho de la UBA, Figueroa Alcorta 2230, Planta Principal, entre las 9.30 y 12.30 horas, o de 16.30 a 19.30 horas (por favor escribirnos un correo electrónico a la cuenta abogadosajus@gmail.com, avisando que realizaron el trámite).

Este es nuestro mínimo aporte, para que dentro de unos meses los abogados de la Universidad Pública podamos empezar a ser parte de los destinos de nuestra querida Facultad.

jueves, 16 de junio de 2011

Filmus, Tomada y Cabandié en la Facultad de Ciencias Sociales


El viernes 17 de junio, a las 17.00 horas, los compañeros que componen la fórmula del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires, compartirán un acto junto a los estudiantes, graduados, docentes y autoridades de la Universidad de Buenos Aires.

Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, Santiago del Estero 1029, Constitución.

Los candidatos abordarán las propuestas electorales que se vinculan a la educación y que buscan ubicar a las Universidades y a sus científicos como principales consultores con el objetivo de diagnosticar y ofrecer soluciones innovadoras y eficientes para los problemas de la Ciudad de Buenos Aires.

Charla sobre las políticas de Seguridad del Gobierno Nacional

martes, 14 de junio de 2011

Acerca de las Asambleas de SIDERAR

El dictamen de la Sra. Fiscal General de la Cámara Comercial evidencia los defectos y vicios de la Asamblea General Ordinaria del 15 de abril de 2011 de Siderar SAIC, en la que se sostuvo que la Resolución Nro. 16.552 de la Comisión Nacional de Valores debía ser juzgada como válida.

En principio, una votación de doble estándar como la que se procuró imponer, arroja resultados incompatibles desde el punto de vista fáctico. Las decisiones de la Asamblea han sido declaradas ineficaces ya que se desconoció la normativa vigente, especialmente el Decreto Nro. 441/11 que deroga el inciso f) del art. 76 de la Ley Nro. 24.241, asegurando la participación del accionista ANSeS por medio de su voto en las asambleas generales de empresas en las que tiene participación accionaria. Esto es así desde que se limitó el derecho político de las AFJPs accionistas al momento de votar en las asambleas -con la regulación de la Ley Nro. 24.241-, a fin de prevenir que grupos económicos, generalmente extranjeros, ejercieran control sobre determinadas empresas, ya que sus actividades se encontraban financiadas con los fondos de los trabajadores argentinos.

Cabe recordar que los Decretos de Necesidad y Urgencia, como todo acto estatal, se consideran, en principio, actos válidos. En caso de disconformidad con la norma, nuestra Constitución Nacional brinda herramientas suficientes y eficaces que permiten hacer valer las pretensiones de los particulares. Semejante premisa es tan cardinal, que autoriza a aseverar que la mera discrepancia de un particular con una norma estatal, no autoriza su quebrantamiento.

Corresponde que al Estado Nacional se le reconozcan las mismas obligaciones y derechos que se atribuyen a los tenedores privados, máxime, si se recuerda la labor social, concreta y generalizada que lleva a cabo la ANSeS.

* Por Gonzalo Nazar, integrante de AJUS

domingo, 12 de junio de 2011

Se inauguró la UB de la Cámpora Universidad con la consigna de llenar de Pueblo las universidades


La Cámpora Universidad inauguró, durante la tarde del sábado 11 de junio, una imponente unidad básica sobre la calle Junin al 477, a pocas cuadras del circuito de facultades que componen, entre otras, los edificios de Medicina, Ciencias Sociales y Económicas.

El acto fue masivo, ruidoso y festivo, y fueron Anabella Luccardi y Mariano Recalde –responsable y máximo referente del frente universitario, respectivamente-, junto a Andrés “Cuervo“ Larroque, Secretario General de La Cámpora, quienes tomaron la palabra para subrayar, cada uno a su modo, el estratégico lugar que debe ocupar la militancia universitaria para profundizar el proyecto nacional y popular que conduce la Presidenta de la Nación.

Pasadas las siete de la tarde la calle Junin estaba cortada, y la modorra que habitualmente gana el barrio cuando cae la noche, fue sacudida por la batucada de los bombos, redoblantes y cencerros, las flameadoras, los cánticos y el humo del choripán. En el frente del local, impresas en grandes dimensiones, dos imágenes claves de nuestra historia e identidad política: Perón y Evita y Néstor y Cristina. En la puerta, y dentro del local, los abogados de AJUS colaboraban con el cierre de los últimos detalles. Con el salón colmado de militancia, y mucha gente afuera, la actividad arrancó con un video producido por los anfitriones. Imágenes de archivo del General Perón, defendiendo el derecho al acceso a una universidad pública y gratuita de todos los compatriotas, y también las palabras de Cristina Fernández hace un puñado de días atrás, inaugurando una universidad nacional en Avellaneda, donde ponderó las conquistas realizadas de los últimos años en materia de ciencia y tecnología, pidiéndole a la militancia que no baje nunca las banderas que “ustedes mismos pintaron con sus manos”, y dejando frases memorables como “traer la universidad a la calle y llenar la universidad de Pueblo”.

Anabella Lucardi fue la primera en hablar. Emocionada, recordó los años previos al 2003, cuando militaba en la villa 20 de Lugano, “y ni nos imaginábamos un escenario político como el que hoy nos llena de alegría el corazón”. “Este local”, continuó, y apuntó con el brazo hacia el frente, colmado de compañeros, “representa una de las mil flores que nos pidió Néstor”. Un aplauso cerrado tras otro denotaban el clima de fiesta y confianza que se vive en cada una de las inauguraciones de locales que vivimos durante el último tiempo. Anabella remarcó que los estudiantes, graduados y profesionales, tienen que tener la responsabilidad de devolverle al país, a través del conocimiento, los avances tecnológicos y la ciencia en general, todo lo que recibieron de parte del Estado mientras estudiaron sus carreras. “Ayer la Presidenta dijo que hace diez años lanzábamos piedras y hoy lanzamos satélites”, recordó, en relación a un nuevo hecho histórico de la era kirchnerista, desestimada de manera miserable por los medios hegemónicos, y levantó un nuevo aplauso, cerrado, que enseguida despertó una canción de parte de la militancia. La responsable universitaria anunció que la unidad básica estará a disposición de los compañeros de militancia de la comuna 3, “para ganar la ciudad y sumarla al proyecto nacional”.

El locutor del acto, sagaz y de inmejorable ánimo, le pasó el micrófono a Mariano Recalde, quien después de saludar y celebrar la apertura del local, dijo que la unidad básica que se estaba inaugurando no era un espacio más: “es un aporte, una herramienta, para llenar de pueblo la universidad, tal cual sostiene nuestra Presidenta”. Reflexionó que los universitarios tienen una responsabilidad adicional como militantes, porque aparte de trabajar en los territorios, ahora, por ejemplo, a favor de la lista 604 que postula a los compañeros Filmus, Tomada y Cabandié para poner en sintonía a la ciudad con los lineamientos del proyecto nacional, “tenemos el desafío de construir un Frente Universitario Nacional que se ponga al servicio del Pueblo, y para que las academias dejen de formar profesionales liberales que tengan como único objetivo construir su propio porvenir o trabajar en favor de los intereses de las grandes corporaciones”. Más aplausos y nuevas consignas. También dijo que no puede ser que el Estado esté lleno de burócratas, y que hay que reemplazarlos de manera urgente con militantes formados, y que para eso “tenemos que sacar de la universidad cientos de militantes profesionales que gestionen a favor de los más necesitados”.

A esa altura de la noche el local era una caldera y las canciones de la militancia obligaban al Presidente de Aerolíneas Argentinas y referente de AJUS a hacer una pausa. Sólido y memorioso, recordó que la Presidenta de la Nación nos llamó “la generación del bicentenario”, y que “no sólo tenemos la responsabilidad de acompañarla, como lo venimos haciendo, sino también, tomar conciencia de que en unos años nos vamos a tener que hacer cargo de los destinos de la patria, y que para eso tenemos que formarnos, y mantenernos unidos en la diversidad”. Cerró, subiendo el tono de voz para hacerse escuchar entre los aplausos y gritos, diciendo “que el futuro llega muy rápido, compañeros, y queda en nuestras manos el desafío de estar a la altura de las circunstancias”.

El “Cuervo” Larroque dijo que no arrancaba hasta que Wado de Pedro y José Otavis, ambos de la de la conducción nacional de la Cámpora, no se acercasen hasta el frente. Anunció que Juan Cabandié no había podido llegar por que estaba de campaña en la Paternal, y en ese sentido felicitó a toda la militancia por el enorme esfuerzo que cada uno hace desde su lugar de pertenencia. “Hoy tuvimos ocho actividades, compañeros”, remarcó, para graficar la intensidad política que vive la organización. Después de los aplausos, Larroque recogió el guante que había dejado Anabella, y recordó los días del mes de junio del 2002, cuando la conoció en el marco de una conferencia de prensa, en un colegio secundario, en la que exigían justicia por los asesinatos de Maxi Kosteki y Darío Santillán. “Tenemos que barrer definitivamente las universidades y dejar en claro que nuestro proyecto político no tiene límites”, arremetió, “porque la producción de conocimiento se aplica a la política, y nuestra meta es la transformación integral de la Patria”.

Con soltura y vocación, Larroque dijo “que a los sectores medios les costaba entender el proyecto, y de alguna manera sentirse parte, pero con tenacidad, y mucha militancia, logramos cambiar el mapa, y tanto en julio como en octubre”, anunció, “vamos a ganar con esas mismas capas medias”. Dijo que “la militancia debe ser el blindaje de Cristina, porque minuto a minuto intentan degradarla, y que a las urnas el Pueblo no las va a llenar de votos sino de sueños”. Para cerrar, citó a Néstor Kirchner, a través de un párrafo del discurso que hiciese al asumir su cargo de Presidente de la Nación, el 25 de mayo de 2003: “por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, ésta es la oportunidad de la transformación, del cambio cultural y moral que demanda la hora. Cambio es el nombre del futuro”.

El cierre del acto se coronó con la marcha peronista –y la emotiva actualización de la última estrofa que reivindica la resistencia en los años 90 y la vuelta en el 2003-. Después, ya en la calle, choripanes, cerveza, batucada, flameadoras, y la misma mística militante que invade cada día más barrios, distritos y provincias. Los vecinos de la calle Junin, pueden dar fe.

miércoles, 8 de junio de 2011

Inauguración del local de la Cámpora Universidad


El próximo sábado 11 de junio, a las siete de la tarde, en Junin 477, La Cámpora Universidad abre las puertas de su flamante local, que viene a sumarse a las decenas de espacios que estamos abriendo por la ciudad de Buenos Aires y el interior del país, materializando la idea del florecimiento de las mil flores o una nueva consigna que está dando vueltas por éstos días: "bajando un cuadro formaste miles".

martes, 7 de junio de 2011

Fiscalizar las elecciones porteñas

Se necesitan unos cuantos fiscales de mesa para las elecciones porteñas del próximo 10 de julio. Para sumarse, hay que escribir un correo a la cuenta: yoquierofiscalizar@gmail.com

Con Cristina, Filmus, Tomada y Cabandié, ¡ganamos la Ciudad!

Una ley a favor de los actores anónimos de la economía social

* Por Claudio Iglesias Darriba, integrante de AJUS

Existen miles de agrupamientos de emprendedores y micro empresarios rurales o urbanos, comerciantes o industriales, que contribuyen diariamente al desarrollo de la Argentina como Nación. Por eso el reconocimiento de una marca para la distinción de sus productos o servicios no podía esperar. La Ley 26.355, sancionada en el año 2008, y promovida la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, surgió justamente para fomentar el desarrollo de esos innumerables actores anónimos de la economía social y, en consecuencia, representa el primero de los derechos de propiedad intelectual destinados a fortalecer no sólo a su propietario sino además -y principalmente- a toda la sociedad.

A partir del vertiginoso avance de la tecnología, las personas pueden contactarse entre sí a pesar de las distancias, y hacer negocios a menor costo en relación a sus emprendimientos. Este avance posibilita la inclusión social de comunidades aisladas y, en algunos casos, marginales, que suelen ser grandes productoras de creatividad, innovación e ingenio, muchas veces de con origen ancestral. Así es que emergen las “marcas colectivas”, que permiten distinguir la extensa producción de esas comunidades. Su función es, entonces, diferenciar los productos y servicios de los infinitos actores de la economía social en un mercado globalizado, en el que los productos o servicios son similares -e incluso idénticos-, y atraer al público consumidor a favor de los unos o de los otros. Sena sostiene, de manera acertada, que la función de toda ley de marcas es defender al que crea, proteger al que elige y combatir al que copia. Consideramos que la Ley 26.355 cumple con creces con estos tres requisitos.

La experiencia demuestra que los actores de la economía social suelen ser pequeños emprendedores muy limitados a su ámbito geográfico en relación al mercado. Sus productos o servicios difícilmente podrían llegar por sí solos más allá de los límites de su territorio. A su vez, para estas comunidades, posicionar sus marcas en un mercado globalizado requiere de un esfuerzo monumental. Por eso, aún cuando sus productos o servicios suelen ser de muy alta calidad -las artesanías, alimentos orgánicos, vinos o artículos textiles-, no se comercializan en otros mercados y su prestigio suele ser aprovechada por terceros que cuentan con la capacidad económica de producirlos a mayor escala y comercializarlos a mejores precios. Este aumento de valor, generado por la “buena fama” del producto, no es ni más ni menos que el principal efecto económico de una “marca colectiva”. Su principal derivación social será, a su vez, permitir al consumidor que conozca (y reconozca) al agrupamiento titular de la marcas. Y es acá donde la “marca colectiva” cobra toda su importancia para proteger, diferenciar y aumentar el valor de los productos o servicios de los emprendedores que se encuentran unidos bajo una forma asociativa de la economía social. En la actualidad existe un gran número de agrupamientos de la economía social que ya cuentan con marcas colectivas otorgadas por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

Por otra parte, esta ley es un ejemplo desde el punto de vista estrictamente jurídico, tanto por su forma como por su contenido. No se encuentra en el derecho comparado una norma jurídica exclusivamente destinada a regular tan pormenorizadamente los derechos y obligaciones de los agrupamientos sociales en esta materia.

Finalmente, la “marca colectiva” es un ejemplo de institución destinada a los sectores más vulnerables, enmarcándose en la tendencia política nacional impulsada por el kirchnerismo desde el 2003 en lo que hace a la regulación de los derechos sociales, derechos humanos, acceso a la educación, protección de los pueblos originarios y la mejora de la calidad de vida de las mayorías.

sábado, 4 de junio de 2011

Perú: AJUS se manifiesta en contra de la candidata Keiko Fujimori


Ante un eventual triunfo de Keiko Fujimori en las próximas elecciones que se celebrarán en Perú, desde AJUS manifestamos nuestro rechazo en relación al pasado más sangriento que vivió el Estado hermano.

La vida política de la hija de Alberto Fujimori esta signada por la corrupción y, tal como lo hiciese su padre, por las promesas de mano dura contra la delincuencia, llegando al extremo de proponer la restauración de la pena de muerte, contrariando la normativa internacional en materia de derechos humanos.

Fujimori también se negó a las exigencias que le plantearon para que se revea la candidatura al Congreso de algunos compañeros de su fuerza, acusados de corrupción, como Gina Pacheco -investigada por lavado de activos- o Sergio Tapia -activo defensor de las políticas de su padre contra Sendero Luminoso que le valió numerosas condenas al Estado en sede internacional-.

Su visión sobre la política exterior peruana también coincide con la filosofía de su padre. A la espera de un fallo de la Corte Internacional de Justicia que podría generar conflictos con Chile y Bolivia respecto del acceso al Pacífico, Fujimori favorece y establece como primordial el nuevo eje de libre comercio del Pacífico llevado a cabo con Chile, Colombia y México que permite que las viejas políticas como el ALCA se reinstalen en la región luego de la derrota sufrida en 2005 en la Cumbre de Mar del Plata. Esta medida es contraria a los destinos políticos trazados por la UNASUR y más aún, un revés para el Mercosur, en la mira de los Estados Unidos desde hace varios años.

Por último, el modelo económico peruano actual, al que se le pretende dar continuidad, sumado a una fuerte política de Estado en materia de represión y marginación de las clases populares, ha generado los máximos niveles de pobreza en ese país, y una de las mayores emigraciones de la región.

miércoles, 1 de junio de 2011

AJUS hizo un aporte sustancial para que el kirchnerismo gane las elecciones de la ABBA

El 31 de mayo se realizaron las elecciones para nuevas autoridades de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), un ámbito jurídico de caracter histórico por haber resistido a la dictadura cívico-militar, mientras que otros espacios como la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) sostenían públicamente que los argentinos éramos derechos y humanos.

A la elección se presentaron dos listas. Una representando al radicalismo y la otra a un conjunto de sectores kirchneristas, entre ellos, ocupando un lugar destacado, la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS). Debido al fuerte impulso que inyectó la agrupación de profesionales de La Cámpora, la lista "Compromiso y Convicción" se impuso de manera rotunda por más de veinte puntos de diferencia. Los resultados: 638 votos (60%) para la lista ganadora contra 420 (40%).

Acá, la noticia en la agencia de noticias TELAM.

martes, 31 de mayo de 2011

Junto a Julián Alvarez en el seminario "Interpretación del Derecho en Defensa del Interés Nacional"

El miércoles 1ero. de junio se realizará la conferencia inaugural del Seminario “Interpretación del Derecho en Defensa del Interés Nacional” de la Escuela de Abogados del Estado, a cargo de los doctores Julián ÁLVAREZ, Secretario de Justicia de la Nación, y Norberto BERNER, docente de la Facultad de Derecho, UBA, y miembro de AJUS.

Lugar: Salón de Actos de la Sindicatura General de la Nación, Avenida Corrientes 389, 1er. piso, Capital Federal.

Están todos invitados.

AJUS disertó acerca de los desafíos pendientes en las causas de DDHH

En el marco del ciclo de charlas "Jóvenes Profesionales por la profundización del Proyecto Nacional", la agrupación de Abogados por la Justicia Social (AJUS), junto a NBI -ambos espacios pertenecientes a La Cámpora-, el lunes 30 de mayo, en la facultad de Derecho, disertaron acerca de los desafíos pendientes que los distintos actores de la vida pública tenemos por delante en relación a las causas por violaciones a los derechos humanos que se están juzgando en la Argentina.

Doscientos futuros abogados colmaron el aula, junto a funcionarios nacionales como el Presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, profesores, graduados, no docentes y militantes políticos. Con un afiche de la Presidenta de la Nación estirando el brazo y haciendo la V de la victoria de fondo, durante casi dos horas, tomaron la palabra el candidato a primer legislador por el kirchnerismo porteño, Juan Cabandié, el abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Dr. Alan Iud, el Juez del Tribunal Oral y Federal Nro. 1 de Mar del Plata, Roberto Atilio Falcone, y Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora. La moderación de la charla estuvo a cargo del Dr. Roberto Zelada, integrante de AJUS.


Iud remarcó que “a algunos represores, cuando les cae encima el peso de la justicia, llamativamente, también les llega la insanía”, y que a pesar de que muchos represores ya están condenados e incluso presos, “hay muchos otros que todavía no han sido ni siquiera procesados”. Subrayó la “dificultad probatoria” que hay para juzgarlos, pero pidió el máximo de los esfuerzos a los fiscales y jueces para sentarlos en el banquillo de los acusados. También dijo que se torna imprescindible la publicidad y difusión de los juicios. “Hay que llenar las salas y darles visibilidad con las herramientas comunicacionales que tenemos al alcance, porque salvo algunas contadas excepciones, los grandes medios no informan acerca de estos juicios de implicancias históricas y relevancia internacional”. Por último, exigió que se amplíen las investigaciones sobre el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, que legitimó no sólo cientos de adopciones ilegales sino también privaciones de la libertad y tormentos.

En la misma línea, y de la mano de una efusiva exposición, el Dr. Falcone destacó que los integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal han sido cómplices de la impunidad al abstenerse de realizar investigaciones en casos evidentes de violaciones de derechos humanos al rechazar, por ejemplo, los Habeas Corpus que presentaban los familiares de los detenidos-desaparecidos. “Esto obedeció, principalmente, a compromisos contraídos con anterioridad”, y afirmó que para lograr una justicia imparcial resulta indispensable que se aparten de sus cargos a todos los magistrados involucrados con el terrorismo de Estado, “hombres y mujeres que incurrieron en la infracción de los deberes de un funcionario público y que percibían un salario de parte del Estado Nacional”, desatando un alborotado aplauso en el aula.


Taty Almeyda repasó su historia de vida con una sabiduría conmovedora. Destacó que el próximo 17 de junio se cumplen treinta y seis años de la desaparición de su hijo Alejandro, y recordó que las Madres siempre buscaron justicia por vías legales y nunca la venganza por mano propia. Hizo estallar la sala cuando subrayó, silabeando y con el índice levantado, el rol de “nuestro otro hijo”, Néstor Kirchner, “el primer presidente que nos escuchó y recibió en la Casa Rosada, y convirtió en políticas de Estado la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia”. Para cerrar, arengó a los abogados y abogadas a continuar con la lucha y en todo momento los trató de juventud maravillosa.


Por último, Juan Cabandié sostuvo que “la lucha de los organismos de derechos humanos encontró un puente con la institucionalidad impuesta por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”. Mencionó, también, al referirse a la condena de dieciocho años que recibiese su apropiador hace unos días atrás, la pesada carga que implica para las víctimas de la dictadura que los delitos, al ser de carácter permanente, perduren hasta que sean sancionados, en su caso, treinta y tres años después. También sostuvo que “el gran desafío en el corto, mediano y largo plazo es la institucionalización de la política de derechos humanos y sociales impulsada desde el 2003”, destacando que para lograr estos objetivos de manera integral, resulta indispensable que “toda la juventud participe y se involucre en la política”.

domingo, 29 de mayo de 2011

El rumbo de la esperanza

A raíz de las declaraciones púbicas que hiciese el ex Presidente Duhalde el 27 de mayo en la provincia de Tucumán, el diario Miradas al Sur publicó una columna de opinión de AJUS.

Acá, la nota.

Lanzamiento de AJUS La Plata


El martes 31 de Mayo se presentan públicamente los Abogados por la Justicia Social de la ciudad de la Plata.

El lanzamiento se producirá en un encuentro junto a Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria y abogado de la CGT, y en el marco de un ciclo de charlas denominado "El movimiento obrero y el Proyecto Nacional", en el que se debatirá sobre el proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

sábado, 28 de mayo de 2011

Acerca del juez tucumano que le tiene fobia a las mujeres


Una vez más se han explicitado públicamente manifestaciones que pretenden denostar a la mujer por su sola condición de tal, en este caso de parte de una persona que ostenta un alto cargo en el Poder Judicial, el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, René Mario Goane. "Van a decir que soy un fóbico de las mujeres, pero desde que se intensificó el ingreso de personal femenino (a las dependencias judiciales) se trabaja menos tiempo, mal que le pese a la doctora Carmen Argibay (vocal de la Corte de la Nación), que creó una oficina de género que discrimina a los varones".

La Ley 26.485 sobre Violencia de Género, en concordancia con los Tratados Internacionales en esa materia, en particular, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, con lo cual, la conducta de este magistrado se constituye en una de las acciones previstas por el artículo 4º de la ley.

La violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Estamos hablando de las conductas perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Las instituciones se integran con las personas que las conforman, y los jueces son parte de una sociedad como la nuestra en la que, si por un lado suele no visibilizarse la necesidad de transformar antiguas prácticas de disciplinamiento hacia las mujeres, por otra parte vastos sectores asistimos a una profunda transformación social y cultural con la que estamos comprometidos, lo cual exige rebatir de manera sistemática el discurso violento de género y toda otra forma de discriminación hacia cualquier miembro de la comunidad.

Celebramos la exigencia de retractación que realizase el INADI contra el magistrado, y que mediante la denuncia se le haya solicitado al Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán que instruya medidas de sensibilización y capacitación en materia de género para funcionarios como el juez Goane, que puso de manifiesto una cultura machista y paternalista que definitivamente debe ser superada por nuestra sociedad, para el efectivo goce de los derechos de todas y todos.

viernes, 27 de mayo de 2011

Juicio y castigo o plebiscito e impunidad

La discusión sobre si se pueden amnistiar las graves violaciones a los derechos humanos vuelve a ser noticia a raíz del intento fallido que hiciese el Congreso uruguayo por anular la Ley de Caducidad de 1986.

El problema que enfrenta la norma consiste en que en la actualidad, en el derecho internacional, ya no existen dudas de que tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto tienen el derecho a que se inicien procesos en procura del esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables.

En este sentido, ya en 1974 al analizar el caso de la dictadura de Pinochet la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los Estados tienen la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y sancionar a los responsables. En el caso concreto de Uruguay, en 1992 le recomendó que dejase sin efecto la Ley de Caducidad porque violaba las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. A la misma conclusión llegó el Comité de Derechos Humanos en 1993 y la Corte Interamericana en el reciente “Caso Gelman”.

El Tribunal ha sido categórico: los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía. El Estado uruguayo, de todas maneras, se niega a derogar la amnistía en virtud de que su vigencia ha sido reafirmada por la población en dos oportunidades -el referéndum de 1989 y la “iniciativa popular” de 2009- por lo que se vulneraría la voluntad del Pueblo en caso de cumplir con la sentencia que obliga a investigar los delitos cometidos por las fuerzas armadas entre 1973 y 1985.

Y acá queremos señalar dos cuestiones. Uno: la democracia no garantiza por sí misma el permanente respeto de los derechos humanos, y las medidas plebiscitadas están limitadas por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos. En este sentido, a nadie se le ocurriría plebiscitar la tolerancia de la discriminación racial o la tortura en las cárceles. Dos: Uruguay decidió soberanamente ratificar tratados de derechos humanos. Ello implica que si la Corte Interamericana le ordenó dejar sin efecto la Ley de Caducidad para combatir la impunidad, no puede invocar disposiciones de derecho interno -en este caso, el resultado de una consulta popular- para incumplir con su obligación internacional. La única alternativa que le quedaría al Estado es no cumplir y esperar a que la OEA no lo sancione (un escenario inimaginable por las consecuencias que implicaría la decisión y, fundamentalmente, por desmerecer e ir claramente en contra de los valores que los Estados miembros de la UNASUR han venido promoviendo desde el momento de su creación).


* Por Sebastián Alejandro Rey, integrante de AJUS

jueves, 26 de mayo de 2011

Charla sobre la los desafíos pendientes en las causas sobre violaciones de DDHH

Lunes 30 de mayo, 18.30 horas
Facultad de Derecho de la UBA, Figueroa Alcorta 2263
Aula 1 de Extensión

En el marco del ciclo de charlas "Jóvenes Profesionales por la profundización del Proyecto Nacional" que ofrece la agrupación de Abogados por la Justicia Social, se disertará acerca de los desafíos pendientes que tenemos desde el campo nacional y popular, en relación a las causas por violaciones a los Derechos Humanos en la Argentina, y su histórico avance y produndización.

La mesa estará conformada por:
* Juan Cabandié, nieto recuperado y legislador del Encuentro Popular para la Victoria
* Dr. Alan Iud, Abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo
* Roberto Atilio Falcone, Juez del Tribunal Oral Federal N°1 de la ciudad de la Plata
* Taty Almeyda, referente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora

martes, 24 de mayo de 2011

Los dinosaurios ya no tienen lugar en nuestra democracia

Desde AJUS repudiamos las salvajes declaraciones públicas de José Luis Lamanna, ex vocero oficial del Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la CABA, Guillermo Montenegro, quien atacó a Juan Cabandié como militante político primero, nieto recuperado por la democracia después, para finalmente traspasar los límites de lo tolerable al acusar al Estado Nacional de hacer negocios con los juicios por delitos de lesa humanidad.

Nos parece gravísimo que desde la fuerza política que gobierna nuestra ciudad se contrate a personajes nefastos como Lamanna, quien no sólo ofendió la figura de nuestro compañero Cabandié, legislador de la Ciudad elegido por el voto popular, sino también la memoria colectiva de un pueblo que sufrió el más canalla de los genocidios.

Las torturas, señor Lamanna, el robo de bebés -como Juan-, los asesinatos y las desapariciones forzadas, formaron parte de la implementación a sangre y fuego de un plán económico del que todavía hoy estamos sufriendo consecuencias. Las patotas armadas sí hacían negocios con las propiedades, automóviles y objetos personales de los secuestrados, señor Lamanna, y acusar al Gobierno Nacional de usufructuar con los juicios de los delincuentes que usted defiende, lo convierte en un cómplice.

Quienes sufrimos la impunidad que imperó durante muchos años en nuestro país, encontramos en el proceso político iniciado en mayo de 2003 no sólo un espacio donde participar activamente tal cual lo hiciesen muchos de nuestros padres, si no también un gobierno que anuló las leyes del Perdón y que impulsó la apertura de los juicios contra los represores que hoy están tras las rejas del Penal de Marcos Paz. Los hijos e hijas de desaparecidos que participan del proyecto político nacional y popular que encabeza la Presidenta de la Nación, lo hacen con alegría y convicción, llevando en alto las mismas banderas por las que dieron la vida sus padres.

Jornadas de AJUS para la formación de los adultos mayores en la construcción de sentido social

Sólo la construcción colectiva
nos reivindicará frente a la historia.
Al fin y al cabo todos somos pasantes de la historia.
Néstor Kirchner

Los días 19 y 20 de mayo se realizaron las jornadas de apertura del subprograma del PAMI “Construyendo Ciudadanía”, un proyecto conjunto entre la Obra Social de los jubilados y AJUS para formar a los adultos mayores en su función de referentes zonales, promotores y educadores de derechos. Fueron ciento veinte los abuelos que llegaron desde todo el país a la sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para recibir formación técnica en la defensa de sus derechos de ancianidad.

La estructura federal de AJUS permite responder en forma integral a las necesidades de asistencia local y coordinación general de las proyecciones en materia de educación en derechos civiles y políticos, y el objetivo es que los jubilados funcionen como articuladores en los centenares de centros que el PAMI tiene diseminados a lo largo del territorio nacional.

Las jornadas comenzaron con las palabras del Director de PAMI a nivel Nacional, Luciano Di Césare, quien destacó que uno de los objetivos actuales de la obra social es "llegar a los afiliados de todo el país, entendiendo que las problemáticas existen en todo el territorio, pero que a su vez son particulares en cada región”. El Gerente de Promoción Social y Comunitaria Federico Susbielles agregó que “el Estado está restituyendo los derechos que se habían perdido en los últimos treinta años y hoy los mayores están en el centro de la agenda social”. El abogado de PAMI y miembro de AJUS, Diego Segovia, ofició de coordinador general de la actividad e integró el plantel de formación. Durante la actividad se elaboró un análisis comparativo de la regulación existente en la materia desde la vigencia de la Constitución de 1949 y la situación actual, como así también una reseña histórica que permitiese comprender de manera cabal las conquistas que en materia de protección de derechos se vienen sucediendo en nuestro país.

En ese sentido, se destacó el cambio de paradigma llevado adelante por las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner en relación a la promoción de canales de diálogo entre el Estado y los ciudadanos, en este caso los referentes de los jubilados, para seguir profundizando los logros en materia de derechos.

A lo largo de las jornadas se alternaron breves exposiciones con trabajo en grupos. En la primera jornada, los representantes de AJUS propusieron para el debate conceptos de constitución de ciudadanía, responsabilidad, exclusión y función pública, y para la segunda se debatió acerca de la legislación nacional. Los integrantes de AJUS coordinaron las charlas, rotando por los grupos, con el objeto de abarcar el estudio de las distintas normativas. El trabajo fue acumulativo ya que permitió revisar los conceptos vistos en la jornada anterior, y la rotación enriqueció cada una de las discusiones.

Cada vez que la promoción de derechos implica comunicar y conformar sentido social, resulta sustancial el trabajo con los referentes en el análisis del discurso, para que estén en condiciones de replicarlo en sus comunidades.

En el curso de estas reflexiones surgió que una función específica de la promoción de derechos pasa por el relevamiento de los problemas en distintos grupos, y su cotejo con los relevamientos de otros referentes, para transmitir y darle más fuerza a un planteo. Se trabajó en el modo en que se construye sentido social, y en cómo se aporta a la construcción de una agenda.

El escritor Gilbert Keith Chesterton sostenía que los organismos vigorosos no hablan sino de sus metas, que no existe mejor prueba de la vitalidad de un hombre o de una nación que el hecho de que planee un viaje al fin del mundo. No hay mayor señal de absoluta salud material, dice al autor, que la tendencia a perseguir ideales. En ese sentido, resulta admirable la vitalidad de los adultos mayores, y la necesidad, no sólo por ellos sino por todos, de reforzar su visibilidad. Una participante señaló, muy emocionada, durante las jornadas, que ella se levantaba a la mañana sintiendo que tenía mucho para dar, y que se lo decía a sí misma para darse impulso. Es verdad, a los adultos mayores les sobra vitalidad. Y, con la generosidad que caracteriza al militante, nos la están trasmitiendo.

Durante las dos jornadas nos emocionamos profundamente y aprendimos muchísimo. En los últimos años ha habido un fuerte resurgimiento del interés político en la ciudadanía, con la juventud como principal actor. Y después de compartir las jornadas con los adultos mayores detectamos que no se quedan atrás. La seriedad con la que escucharon las ponencias y la responsabilidad con la que opinaron al respecto, sabiendo que el participar es un derecho que conlleva deberes, poseyendo una capacidad de cambio y receptividad al otro fuera de toda expectativa, merecen una destacada mención de nuestra parte.

El proyecto político que encabeza nuestra Presidenta lleva como norte la transformación cultural. Por eso la ley de medios, que transporta la polifonía a ese ámbito, es de una importancia mayúscula. Los adultos mayores lo percibieron con claridad, y desarrollaron la temática con mucha riqueza. Destacamos, también, su interés en relación a los recursos naturales, conscientes de que en la tarea de la construcción colectiva poco importa si un objetivo uno lo va a ver. También la energía con la que querían delinear la función propuesta y configurar planes de acción para llevarla a cabo. Los participantes se encontraban particularmente interesados en trabajar, a través del contacto a realizar por las UGLs de PAMI, en conjunto con los compañeros de AJUS de las respectivas provincias, desarrollando un trato más estrecho y enfocado a las problemáticas locales.

Sentados en ronda, y conversando, a todos nosotros, pasantes de la historia, la diferencia de años se nos diluyó porque carecía de importancia. Fue ahí, en las jornadas, que nos dimos cuenta. Militantes sociales que confluimos en un momento del tiempo, compartimos experiencias, reflexionamos sobre nuestro pasado y realizamos, colectivamente, los planes de la continuación y la articulación de la lucha.

* por Cecilia Sgrazutti, integrante de AJUS

lunes, 23 de mayo de 2011

Sobre la participación del Estado como accionista en SIDERAR

La actual Ley de Sociedades dispone que pueden haber diversas clases de accionistas, con derechos diferentes, pero que dentro de cada clase todos tendrán las mismas facultades. Toda disposición contraria no tiene validez porque vulnera el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional. En consecuencia, tanto el orden legal como el sentido común establecen -aunque algunos prefieran olvidarlo convenientemente- que los socios participan de las ganancias y soportan las perdidas en la medida del capital que poseen.

Sólo en casos excepcionales puede justificarse que el Estado limite el derecho de alguno de los accionistas. Un caso paradigmático se dio cuando las presiones del poder financiero, y la gentil permeabilidad del poder político de la época, coincidieron en convertir al sistema provisional gestionado por el Estado en un negocio rentable para algunos grupos económicos. En esa línea, al crearse el sistema de las AFJP se limitó el derecho político de las empresas financieras al momento de votar en las asambleas de accionistas en las que tuvieran acciones. ¿Cuál fue la situación excepcional? Prevenir que grupos financieros -generalmente extranjeros- no ejercieran un control sobre las empresas y obtuvieran, por ejemplo, información privilegiada. Queda claro que la limitación fue extraordinaria. Considerando que los administradores de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones eran empresas financieras de carácter privado y trasnacionales, la norma intentaba que los sectores financieros con fondos de los trabajadores argentinos obtuvieran mayores ventajas ejerciendo una actividad que no era la que les correspondía. Ya sabemos que fue tan sólo una formalidad, que esa forma arbitraria de manejar los aportes derivó en el rotundo fracaso del sistema de AFJP.

Al momento de recuperar el Estado la administración de los fondos de los trabajadores -con la sanción de la Ley Nro. 26.425 que creó el Sistema Integrado Provisional Argentino- la situación extraordinaria desapareció, ya que el Estado no es ni trasnacional ni un grupo privado financiero. La historia jurídica argentina demuestra que el Estado puede ser socio de empresas privadas en cualquier porcentaje, por lo que desaparecida la razón excepcional, debe volverse a la situación estándar. Por ende, el Estado al tener las mismas obligaciones que los tenedores privados de acciones debe tener los mismos derechos. Más aún, cuando las utilidades que debe percibir el Estado en su carácter de socio tienen una finalidad social concreta, como es la de llegar a la ciudadanía a través de las medidas de inclusión que se vienen desarrollando desde el año 2003, como la Asignación Universal por Hijo, para citar un caso.

Al no derogarse expresamente el inciso f) del artículo 76 de la Ley Nro. 24.241 -pese a que estamos convencidos de que fue derogado tácitamente-, existía un conflicto potencial ante la interpretación por parte de las empresas de que el tope del 5% del derecho a voto también era aplicable al Estado Nacional. Cuando el tema fue planteado en diversas asambleas de accionistas, en ningún momento las empresas esgrimieron como argumento una supuesta injerencia estatal anormal o exorbitante, solo sostuvieron que, para ellos, aun seguía vigente la limitación del mentado inciso f).

Por otra parte, los decretos de necesidad y urgencia fueron introducidos en la Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, por lo que es una herramienta institucional válida para modificar una ley, con el control legislativo que permitirá el debate que reclama SIDERAR, por ejemplo, sin perjuicio de los derechos adquiridos durante su vigencia. La urgencia que justifica en este caso el dictado del Decreto Nro. 441/11 por parte del Poder Ejecutivo es, precisamente, asegurar la participación del accionista ANSES-FGS a través del voto en las asambleas generales ordinarias de las empresas, que se deben celebrar cuatro meses después del cierre del ejercicio económico. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las empresas en que la ANSES- FGS posee acciones cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año, por lo que deben celebrar su Asamblea General Ordinaria antes del 30 de abril de cada año. La negativa hasta el momento de SIDERAR ha originado que todavía no se hayan podido ejercer los derechos de todos los argentinos respecto del destino de más de 6.500 millones de pesos que SIDERAR mantiene como resultados no asignados sin destinarlos ni a dividendos ni a inversiones. Si existe un motivo de necesidad y de urgencia, éste, sin duda, es uno de ellos.

En definitiva el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales aseguró con el dictado de este decreto la efectiva y oportuna representación de los intereses de todos los y las contribuyentes en las decisiones que se tomen en las empresas donde posee una significativa proporción de acciones.

*por Ana Wuler y Gonzalo M. Nazar, integrantes de AJUS