En el marco del ciclo de charlas "Jóvenes Profesionales por la profundización del Proyecto Nacional", la agrupación de Abogados por la Justicia Social (AJUS), junto a NBI -ambos espacios pertenecientes a La Cámpora-, el lunes 30 de mayo, en la facultad de Derecho, disertaron acerca de los desafíos pendientes que los distintos actores de la vida pública tenemos por delante en relación a las causas por violaciones a los derechos humanos que se están juzgando en la Argentina.
Doscientos futuros abogados colmaron el aula, junto a funcionarios nacionales como el Presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, profesores, graduados, no docentes y militantes políticos. Con un afiche de la Presidenta de la Nación estirando el brazo y haciendo la V de la victoria de fondo, durante casi dos horas, tomaron la palabra el candidato a primer legislador por el kirchnerismo porteño, Juan Cabandié, el abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Dr. Alan Iud, el Juez del Tribunal Oral y Federal Nro. 1 de Mar del Plata, Roberto Atilio Falcone, y Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora. La moderación de la charla estuvo a cargo del Dr. Roberto Zelada, integrante de AJUS.
Iud remarcó que “a algunos represores, cuando les cae encima el peso de la justicia, llamativamente, también les llega la insanía”, y que a pesar de que muchos represores ya están condenados e incluso presos, “hay muchos otros que todavía no han sido ni siquiera procesados”. Subrayó la “dificultad probatoria” que hay para juzgarlos, pero pidió el máximo de los esfuerzos a los fiscales y jueces para sentarlos en el banquillo de los acusados. También dijo que se torna imprescindible la publicidad y difusión de los juicios. “Hay que llenar las salas y darles visibilidad con las herramientas comunicacionales que tenemos al alcance, porque salvo algunas contadas excepciones, los grandes medios no informan acerca de estos juicios de implicancias históricas y relevancia internacional”. Por último, exigió que se amplíen las investigaciones sobre el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, que legitimó no sólo cientos de adopciones ilegales sino también privaciones de la libertad y tormentos.
En la misma línea, y de la mano de una efusiva exposición, el Dr. Falcone destacó que los integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal han sido cómplices de la impunidad al abstenerse de realizar investigaciones en casos evidentes de violaciones de derechos humanos al rechazar, por ejemplo, los Habeas Corpus que presentaban los familiares de los detenidos-desaparecidos. “Esto obedeció, principalmente, a compromisos contraídos con anterioridad”, y afirmó que para lograr una justicia imparcial resulta indispensable que se aparten de sus cargos a todos los magistrados involucrados con el terrorismo de Estado, “hombres y mujeres que incurrieron en la infracción de los deberes de un funcionario público y que percibían un salario de parte del Estado Nacional”, desatando un alborotado aplauso en el aula.
Taty Almeyda repasó su historia de vida con una sabiduría conmovedora. Destacó que el próximo 17 de junio se cumplen treinta y seis años de la desaparición de su hijo Alejandro, y recordó que las Madres siempre buscaron justicia por vías legales y nunca la venganza por mano propia. Hizo estallar la sala cuando subrayó, silabeando y con el índice levantado, el rol de “nuestro otro hijo”, Néstor Kirchner, “el primer presidente que nos escuchó y recibió en la Casa Rosada, y convirtió en políticas de Estado la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia”. Para cerrar, arengó a los abogados y abogadas a continuar con la lucha y en todo momento los trató de juventud maravillosa.
Por último, Juan Cabandié sostuvo que “la lucha de los organismos de derechos humanos encontró un puente con la institucionalidad impuesta por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”. Mencionó, también, al referirse a la condena de dieciocho años que recibiese su apropiador hace unos días atrás, la pesada carga que implica para las víctimas de la dictadura que los delitos, al ser de carácter permanente, perduren hasta que sean sancionados, en su caso, treinta y tres años después. También sostuvo que “el gran desafío en el corto, mediano y largo plazo es la institucionalización de la política de derechos humanos y sociales impulsada desde el 2003”, destacando que para lograr estos objetivos de manera integral, resulta indispensable que “toda la juventud participe y se involucre en la política”.
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