Expresamos nuestro más enérgico repudio a la conducta del Fiscal Juan Martín Romero Victorica en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período 1976-1983, y en particular, rechazamos, la impunidad con la que se manifiesta públicamente a favor de la dictadura cívico-militar. Es por ello que exigimos su inmediata suspensión y posterior apartamiento del cargo público.
No puede dejar de subrayarse la función que la complicidad civil tuvo en la perpetración y sostenimiento del terrorismo de Estado, en especial, la colaboración de un sector de operadores de la Justicia que encubrieron de manera deliberada las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es muy grave que muchos de ellos aún se desempeñen en el ámbito de la magistratura como jueces y fiscales. Mediante prácticas dilatorias de ocultamiento y tergiversación, y escudándose en ritualismos procedimentales, estos operadores han sido cómplices del más cruento genocidio llevado a cabo en la República Argentina.
La necesidad de contar con un sistema de administración de justicia asentado en bases profundamente democráticas requiere el apartamiento de personas que, como Romero Victorica, ejercen su función sin guardar debido respeto hacia los justiciables, las víctimas de la dictadura cívico – militar y la sociedad en general, en detrimento de los derechos humanos y el sistema democrático.
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