miércoles, 27 de octubre de 2010

AHORA MÁS QUE NUNCA


"Mi tumba no anden buscando,
porque no la encontrarán,
mis manos son las que van
en otras manos tirando.
Mi voz la que va gritando,
mi sueño el que sigue entero,
y sepan que sólo muero,
si ustedes van aflojando.
Porque el que murió peleando,
vive en cada compañero."





martes, 26 de octubre de 2010

Independencia Económica y Constitución Nacional

Por Rodolfo Tailhade*

"... entendemos indispensable a la hora de repensar el futuro derrotero de la Nación Argentina el rescate de la Constitución Nacional sancionada en 1949, durante el gobierno justicialista de Juan Domingo Perón. Un acontecimiento político mutilado por la historia oficial, censurado en todos los ámbitos de la vida pública. Desterrado de las universidades. Considerado una “extravagancia jurídica” por los eternos custodios del derecho liberal."
"... la Constitución Nacional de 1949 significó la vocación del pueblo argentino de abandonar el Estado liberal como modelo de organización política, vigente desde 1853, para abrazar el Estado de la Justicia Social. Era la Nación Argentina la que asumía en el Preámbulo de aquella Constitución una voluntad común orientada hacia la justicia social, soberanía política e independencia económica..."
"La Constitución de 1949 ubica de manera incuestionable al Estado como protagonista excluyente del proceso de distribución equitativa del ingreso, presupuesto mínimo de la existencia de una sociedad igualitaria, y subordina todas las instancias económicas, productivas y financieras al interés general..."
"... dimensión programática de la Independencia Económica: “función social” de la propiedad privada y sujeta a “las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común”; el capital al “servicio de la economía nacional y del bienestar social”; la riqueza y su explotación destinados al “bienestar del pueblo dentro de un orden económico conforme los principios de la justicia social”; intervención del Estado en la actividad económica; libre iniciativa privada pero sin monopolios ni rentas extraordinarias; nacionalización de los recursos naturales y servicios públicos".

Documento completo, aquí
*Abogado, miembro de AJuS

domingo, 24 de octubre de 2010

Profundizar el modelo: adultos mayores y democracia

Por Diego Segovia*
"... Desde cuestiones mínimas, como por ejemplo denominar “viejos” a los adultos mayores, el sistema dominante de producción de sentido genera discriminación y desparrama prejuicios..."
"... Las personas que ingresan “naturalmente” en el concepto de “viejo”, son consideradas desde el punto de vista social, como enfermas, seniles, deprimidas, asexuadas, todos conceptos evidentemente descalificatorios y que desconocen su potencial como ser humano... Esta concepción, que ignora cuestiones tan simples como las características del ciclo vital, provoca la generación de un criterio general que no tiene en cuenta al adulto mayor como sujeto social, políticamente relevante..."
"... En un modelo democrático de sociedad, regido por un Estado de derecho compatible con sus paradigmas, ya no podemos considerar al adulto mayor como un objeto marginal pasivo y solo demandante de servicios sociales. Este grupo ocupa un lugar visible en la estructura de nuestras sociedades, su presencia en los diferentes ámbitos e instituciones no puede ser ignorada. Hoy, se vuelve obsoleta la persistencia del "viejismo" en el colectivo social, es necesaria una nueva conceptualización de la vejez..."
"... el derecho es entonces la principal herramienta para definir el calibre democrático de las políticas públicas, que a partir de ello deberán considerar a los adultos mayores verdaderos sujetos de derechos y no meramente un sector objeto de asistencia y cuidados, para posibilitar su emergencia como factor político, y consecuentemente, la edificación de una sociedad integrada y armónica... es imperioso reconocer como derecho humano universal al derecho de las personas, a medida que envejecen, a disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus comunidades..."
"... con relación a la creación de entornos propicios y favorables para que los adultos mayores sean efectivamente sujetos de derechos, institucionalizar sus derechos por vía de su inclusión constitucional, como única posibilidad de lograr su autonomía y asegurar el ejercicio efectivo del rol social que cumplen las personas mayores en la transmisión de cultura a las nuevas generaciones, posibilitando la conservación de las tradiciones y las raíces culturales de las comunidades locales..."
Documento completo,acá.
*Abogado, miembro de AJuS.





viernes, 22 de octubre de 2010

Profundizar el modelo: reforma de la ley de quiebras

Por Norberto Berner*

Se ha dicho que la forma en que una sociedad resuelve los conflictos universales del patrimonio, ya sea la sucesión o la quiebra, otorgan indicios fuertes respecto a la organización y los valores de esa sociedad. En el caso de nuestro país la máxima parece aplicarse perfectamente, al menos, la ley de concursos y quiebras, 24522, modificada por la ley 25.589, que consagra un modelo de proceso falencial absolutamente funcional a las teorías económicas neoliberales.

El objetivo principal del proceso es la liquidación de los bienes en el menor plazo posible para obtener el dinero para pagar, aunque sea malamente, a los acreedores.Lo más importante es el dinero en detrimento de, por ejemplo, un proceso productivo o una fuente laboral o una comunidad.

El orden de prelación de los privilegios nos muestra palmariamente que lo único que interesa a ese modelo de país es garantizar los activos financieros especulativos. Al tope de la tabla de privilegiados están los acreedores hipotecarios que, casi por unanimidad, son bancos o compañías financieras. Luego, bastante detrás vienen los trabajadores y al fondo de la tabla los acreedores quirografarios. Los quirografarios, mayormente los proveedores de las empresas, reciben de la ley un doble impacto: el primero es perder al cliente y el segundo es convertir en incobrable la totalidad de la deuda, lo que lleva naturalmente a su propia quiebra, generando un circulo vicioso de destrucción del entramado productivo.

Cualquier similitud con lo que ocurrió a principios de este siglo no es ninguna coincidencia.

Hoy tenemos una oportunidad histórica: se encuentra con estado parlamentario el proyecto de reforma de la ley de concursos y quiebras iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional. Es cierto que no es la primera iniciativa en este sentido pero, desde nuestro punto de vista, es el proyecto más completo y efectivo.

Completo pues se ha efectuado una reestructuración de todo el articulado, sin dejar espacio para la ambigüedad, el silencio, o peor aún la contradicción. La reforma que incorporó el artículo 190 como continuidad de la empresa a través de una cooperativa de trabajo, no modificó el resto del articulado, de lo que resultó una gran cantidad de soluciones diversas, contradictorias, y lo más grave: un alto nivel de inseguridad jurídica para los trabajadores.

Efectivo, pues se toman en consideración la experiencia adquirida en el proceso de lucha y organización de las empresas y fábricas recuperadas, lo que permite suponer que los jueces van a aplicarla de manera consecuente.

El proyecto pone las cosas en su lugar, colocando a los derechos de los trabajadores, que son quienes producen la riqueza, a la altura de los organismos financieros; y a las cooperativas de trabajo conformadas por los empleados de la fallida en, al menos, la misma posición que otras personas físicas o jurídicas que pretendan adquirir la empresa.

Sin dudas el proyecto merece un amplio debate, y posiblemente puedan realizarse algunos aportes, por ejemplo, el dictado de una disposición transitoria que expresamente sostenga que la presente reforma se aplica a todos los procesos falenciales abiertos con anterioridad al dictado de la ley, siempre que no se afecten contratos en ejecución o derechos adquiridos de manera perfecta, pero su promulgación va a mejorar significativamente la realidad productiva de nuestra nación y cristalizará una parte importante de las transformaciones llevadas adelante por el proyecto nacional y popular iniciado el 25 de mayo de 2003.

*Abogado, miembro de AJuS

Dia Nacional del Derecho a la Identidad


Hace 33 años la Abuelas ocupaban por primera vez la Plaza de Mayo reclamando por sus nietos apropiados por el Estado genocida.

Desde entonces nos conmueven con su ejemplo, nos demuestran que la vida es lucha y que la lucha es amor, nos enseñan que la dignidad es el atributo fundamental que nos llevará a la liberación de la Patria.

Nuestro homenaje a las Abuelas y a sus 33 años años de lucha, amor y dignidad.


miércoles, 20 de octubre de 2010

Mariano Ferreyra




AJuS repudia el asesinato de Mariano Ferreyra, joven trabajador y militante de 23 años, ocurrido ayer en Avellaneda.


Un hecho tremendamente doloroso para quienes elegimos, como Mariano, la militancia como forma de vida. Una muerte absurda, que no encuentra explicación posible en las condiciones actuales de la sociedad argentina, en la que se erradicó la represión de la protesta social, se garantizó el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y, fundamentalmente, se verificó el fortalecimiento del movimiento obrero organizado. Nada entonces puede justificar el enfrentamiento entre trabajadores y mucho menos tan demencial acto.


Los miserables que organizaron y ejecutaron este cobarde y criminal acto son refractarios a estas premisas y a la unidad del campo popular, y por lo tanto son enemigos de la democracia. Resulta indispensable, en este contexto, que las autoridades judiciales y el personal policial estén a la altura de las circunstancias, y procedan al inmediato esclarecimiento del hecho. No es tolerable para la sociedad democrática que la investigación se pierda en el tiempo, en el trámite, sino que es imprescindible la máxima eficiencia, celeridad y legalidad en la investigación.


AJuS expresa sus más sinceras y profundas condolencias a la familia de Mariano y hace llegar su incondicional apoyo como profesionales.

LA MENTIRA TIENE PATAS CORTAS.

Ahora bien, en estos días el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, ordenó el archivo de la causa iniciada por la denuncia que efectuara el Lic. Juan Gabriel Mariotto en su carácter de Interventor del Comité Federal de Radiodifusión, por las supuestas interferencias "intencionales" a señales televisivas y radiales pertenecientes a la empresa Artear SA, ocurridas en el año 2009, por considerar que no se ha constituido la comisión de delito alguno en dicho suceso.
Según el magistrado, en la causa "se han recolectado sólidos elementos probatorios para arribar a la conclusión, que las interferencias acaecidas los días 24, 25 y 26 de marzo y el 5 del mes de mayo del año 2009 objeto de investigación, obedecieron a un problema del sistema generado por un mal funcionamiento y con motivo de un obrar no intencional".
"En este sentido y valorada la prueba en forma mancomunada, no se verifican en el accionar denunciado vestigios que demanden sanción penal alguna; correspondiendo concluir finalmente con la presente investigación por inexistencia de delito".
fallo completo
Teniendo en cuenta lo dicho por la Diputada del radicalismo Silvana Giudici, en su carácter de vocera del grupo,

video
le recomendamos que reflexione sobre sus declaraciones vertidas oportunamente, ya que ante tanta "falacia" es probable que, como dicen en el barrio, LA TAPE EL AGUA.















lunes, 18 de octubre de 2010

Diecisiete



"Era muy de mañana, y yo acababa de ponerle a mi mujer una inyección de morfina (sus dolores lo hacían necesario cada tres horas). El coronel Perón había sido traído ya desde Martín García. Mi domicilio era este mismo departamento de la calle Rivadavia. De pronto, me llegó desde el Oeste un rumor como de multitudes que avanzaban gritando y cantando por la calle Rivadavia: el rumor fue creciendo y agigantándose, hasta que reconocí primero la música de una canción popular, y en seguida su letra:«Yo te daré, / te daré, Patria hermosa, / te daré una cosa, / una cosa que empieza con P, / Perooón». Y aquel «Perón» resonaba periódicamente como un cañonazo.
"Me vestí apresuradamente, bajé a la calle y me uní a la multitud que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo. Vi, reconocí, y amé los miles de rostros que la integraban: no había rencor en ellos, sino la alegría de salir a la visibilidad en reclamo de su líder. Era la Argentina «invisible» que algunos habían anunciado literariamente, sin conocer ni amar sus millones de caras concretas, y que no bien las conocieron les dieron la espalda. Desde aquellas horas me hice peronista."

Leopoldo Marechal

miércoles, 13 de octubre de 2010

La justicia y su canasta

La Cámara de Casación Penal es el tribunal más importante de la justicia penal argentina. Es la última instancia judicial en el juzgamiento de delitos. Relativamente desconocida, su nombre saltó a una fama ruidosa y efímera cuando una de sus Salas ordenó la libertad del Tigre Acosta, Alfredo Astiz y el resto de la patota de la ESMA. En estos días, volvió a las andadas: permitió que los empresarios coimeros de Accor, la empresa de ticket canasta que pretendió sobornar a Mariano Recalde para frenar el proyecto de ley que terminaría con su esquema de negocios privilegiados, evitaran el juicio oral y público por estos hechos, a condición de portarse bien durante dos años y realizar tareas comunitarias –a razón de 3 horas semanales- en la “Obra San José”. En la jerga: le dieron la probation.

Texto completo acá

viernes, 8 de octubre de 2010

2º encuentro del ciclo de charlas "JÓVENES PROFESIONALES Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROYECTO NACIONAL"

"Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual"

En el marco del Ciclo de charlas “JÓVENES PROFESIONALES Y PROFUNDIZACION DEL PROYECTO NACIONAL” organizado por AJUS con la participación de diferentes agrupaciones amigas en cada encuentro, el próximo martes 12 de octubre, a las 18:30 hs., en el Aula 1 de extensión de la Facultad de Derecho de la UBA (Figueroa Alcorta 2263), nos encontraremos para conversar sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.


En esta oportunidad contaremos con la presencia de:

Gabriel Mariotto, Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual,

Dante Gullo, Diputado Nacional del Frente para la Victoria y Vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión

y Franco Vitali, Director Nacional de Fortalecimiento de la Democracia y miembro de AJUS

jueves, 7 de octubre de 2010

NOS PONEMOS LA CAMISETA.

APRECIACIONES SOBRE LOS JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN ARGENTINA.

Por Norberto Berner - Abogados por la Justicia Social. (AJUS)

En esta nueva etapa se están generando avances concretos en el progreso de las causas penales contra los responsables del Terrorismo de Estado en la Argentina.
Esta situación se traduce en una cantidad de situaciones jurídico-políticas complejas y que resulta interesante ir pensando y considerando en este momento que, estamos seguros, es histórico.
El derecho, como herramienta de la organización humana, debe considerar la realidad y sobre ella construir. Es ineficaz un derecho que obligue a los hombres a levitar por sus propios medios entre las 8:00 y las 11:00 de cada día, como aquél que les prohíba respirar en el mismo lapso. Por eso no podemos olvidar una realidad dolorosa e ineludible: la inevitabilidad de la muerte que se tensiona con la necesidad social de obtener resoluciones en las causas. Este motivo nos lleva a tener que afinar los mecanismos y las posibilidades para lograr justicia en el plazo requerido marcado por la propia naturaleza. Es así que debemos aguzar las ideas para lograr sentencias con todas las garantías constitucionales en plazos humanos.
La falta de avance en las causas durante tanto tiempo ha conspirado, junto con otros factores que merecen ser analizados más extensamente, para que existan aun hoy residuos del aparato represivo que son direccionados al amedrentamiento, ataque físico, secuestro y posiblemente la muerte de aquellas personas que han vivido el Terrorismo de Estado en carne propia y están dispuestas a dar testimonio de ello a nuestro pueblo.
Obliga ello a pensar políticas serias de seguridad y de inteligencia con recursos acordes a las dificultades que puede tener la protección de cientos de testigos distribuidos en todo el territorio nacional y en el exterior relacionados con causas que también resultan complejas de conocer y mapear pues también son múltiples a lo largo y ancho de las jurisdicciones del país. Esta tarea posiblemente ya se esté llevando a cabo, teniendo en cuenta que no pueden llevarse a cabo eficientemente, avisándoles a los delincuentes que se están practicando.
Un elemento distintivo de estos procesos, especialmente respecto de aquellos que han participado de manera directa en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio o en los secuestros, es la dificultad al momento de la prueba. Tengamos en consideración que existió un organización estatal tendiente a llevar adelante las acciones represivas de manera clandestina y que en los protocolos de actuación de las fuerzas de ocupación se encontraba el encubrimiento, a saber, el uso de tabiques (cubiertas en los ojos), encierros en los pozos ( pequeñas cubículos sin visibilidad hacia afuera), la violencia permanente hacia las personas, la distribución de tareas entre las fuerzas de ocupación que propiciaba que los secuestrados tomasen contacto solo con unas pocas personas, y la propia desaparición de miles de personas que podrían atestiguar hoy, nos lleva a la necesidad de revisar y afinar los instrumentos del derecho penal y constitucional a los fines de lograr pruebas válidas en sede judicial de los hechos juzgados.
Una grave dificultad que enfrentan los procesos penales son las complicidades de distintos actores políticos, económicos y judiciales que fueron, o bien partícipes directos, o bien grandes beneficiados por las políticas de exclusión y el modelo económico implantado por el Terrorismo de Estado. En ese punto resulta imprescindible avanzar en el procesamiento de los cómplices civiles a los fines de, al menos, allanar el camino para la posibilidad de obtener resoluciones judiciales no teñidas de favoritismo directo.
En esta nueva etapa, a diferencia de la prosecución de la causa 13, denominada comúnmente “Juicio a las juntas”, la magnitud de los procesos es abrumador, existen al momento aproximadamente 327 procesos abiertos y 1.464 procesados. Respecto a los testigos, por ejemplo la causa ESMA tendrá aproximadamente 300 y ABO (Atlético, Banco, Olimpo) 400.
Todas las necesidades jurídicas, sociales y políticas enfrentan una gran limitación que es la estructura del poder judicial: por un lado, en relación a la cantidad de tareas acumuladas en los juzgados federales (que se ha aliviado en gran medida gracias a la política estatal de abandonar la persecución del uso personal de marihuana, que sin dudas mantenía forzado a todo el sistema judicial). Así también, la falta de estructura física que impide la realización de audiencias simultáneas de distintas causas, por ejemplo la causa Vesubio, en donde se investiga la desaparición de Oesterheld, debe acomodarse a las posibilidades físicas del edificio donde tiene asiento el tribunal. Eso requiere atención inmediata. Por supuesto que aquí no consideramos las cuestiones ideológico-políticas del poder judicial en nuestro país que merece un análisis mas extenso.
Finalmente debemos estar atentos pues ninguno de estos procesos se encuentran consolidados y puede resultar desalentadoramente sencillo para la reacción frenar el avance e incluso retrotraer el proceso, no olvidemos que lo han logrado con bastante éxito hasta hace aproximadamente dos años. Esta tarea entonces, necesita mucho acompañamiento y una visibilización de las audiencias, que hasta ahora no se ha logrado, a los fines de que sea muy notorio si dejasen de suceder. Para eso también es necesario poner el cuerpo, participar activamente de juicios que son históricos, tanto o más que la Causa 13, y de cuyo devenir dependerá la madurez que pueda adquirir el pueblo y la sociedad argentina en los próximos cincuenta años.









martes, 5 de octubre de 2010

HABLAR DE DERECHO

Mucha gente. Ayer, en la Facultad de Derecho, en la charla de Recalde, Piumato y Facundo Moyano sobre el proyecto de ley. No se cuántos caben en el Salón Verde de la Facultad. ¿200?. ¿300?. ¿Más?. No sé, la cosa es que quedó gente afuera, que el aula se llenó de jóvenes y trabajadores, y que se vuelve a hablar en la "Universidad gorila" -bien ahí Facundo!- de justicia social, del derecho como instrumento de transformación, de los sectores populares.

Los abogados peronistas son los únicos que pueden discutir en la Facultad la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. O sea, hablar de derecho en serio. El resto, ni se asoma a la discusión. Y eso que podrían haber quedado bien: al fin y al cabo, en este caso se trata de una cláusula constitucional operativa (como bien la definió Recalde) y no programática, y además de la Constitución que tanto les gusta. Pero no, la sangre gorila pudo más, y la "Academia" se llamó a silencio.

Cuando se trata de una conquista de los trabajadores, se callan. Cuando están en juego valores republicanos tales como monopolios, privilegios, medidas cautelares, sus voceros habituales nos aturden mediáticamente. Éstos son los responsables de la producción jurídica en nuestro país.

No habrá profundización del proyecto nacional mientras continúen siéndolo.



lunes, 4 de octubre de 2010

Aclaración en referencia a la nota "Cuando deplorar es deplorable" publicada por este colectivo en El Tiempo Argentino el 3 de octubre de 2010

Desde AJUS, nos vemos en la necesidad de realizar una breve aclaración respecto a la nota que con fecha 3 de octubre de 2010 publicó en el Diario El Tiempo Argentino nuestro Compañero Agustín Tupac Cifré Puig, como integrante de AJUS, bajo el título “Cuando deplorar es deplorable”.

En la nota se cometió un error involuntario de edición o imprenta por el cual al final de la nota se incluyó un último párrafo que no corresponde a la nota y que no es de autoría de AJUS.

Cabe mencionar que en el mencionado artículo se manifestó nuestro más enérgico repudio ante la gravísima irresponsabilidad institucional y política en la que incurriera la Asociación de Magistrados de la Nación al cuestionar la legitimidad ciudadana de la marcha del 28 de septiembre último a favor de la aplicación de la Ley de Servicios Audiovisuales.

De la sola lectura del último párrafo de la nota se advierte que nada tiene que ver con el tema que en ella se desarrolla y además, al ver la versión impresa del diario, puede apreciarse que el texto agregado corresponde en realidad a una nota titulada “Más allá de los resultados electorales” firmada por Jorge Muraccioli publicada junto a la nota de AJUS.

El párrafo agregado dice lo siguiente: “Si los ideales de libertad y justicia son su norte, lo sindical no puede ser ajeno a este ideario; la articulación de las diversas expresiones que habitan el asimétrico territorio del trabajo deben entender que no son tiempos de persecuciones o cacerías de brujas, ni de dogmatismos inconducentes que ayudaron a nuestro pasado reciente a facilitar la tarea de las fuerzas de la reacción. El mundo contemporáneo es rico en experiencias de pluralidad sindical, sin que esto signifique un debilitamiento de las reivindicaciones de los trabajadores, de cara al empresariado. Ejemplos en el mundo sobran”.

Sin perjuicio del error que pudiera haberse deslizado, el significado del párrafo implica un posicionamiento ideológico y político, que difiere sustancialmente del abonado por esta agrupación.

Ante la confusión que este error ajeno a AJUS pudiera generar, nos sentimos en la urgente necesidad de reafirmar que nuestra visión jurídica y política sobre el modelo sindical argentino difiere con lo allí expuesto y con la interpretación que sobre ello ha realizado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos tiempos.

Estamos convencidos que la libertad sindical se garantiza a través de la pluralidad y la democracia interna de los sindicatos; lejos de ello, la falta de unicidad sindical frente al empleador -a partir de la existencia de múltiples asociaciones- sólo implica el desconocimiento del carácter representativo de las organizaciones mayoritarias y, por ende, el debilitamiento del movimiento obrero organizado.

Por último, y sin perjuicio de la opción política de otros compañeros que han decidido tomar ese camino, los integrantes de AJUS estamos convencidos de que la Confederación General del Trabajo es la organización que debe nuclear a todo el movimiento obrero. En este sentido, reivindicamos su potencia como organización aglutinante por excelencia, su construcción colectiva, multisectorial e integradora y su capacidad como herramienta de transformación social que posibilita el fortalecimiento de un modelo de país socialmente justo, económicamente libre y políticamente soberano.

En el post que sigue la nota tal como AJUS la envió al diario.

sábado, 2 de octubre de 2010

CUERVOS POR LA INJUSTICIA DE LA NACIÓN

Como abogados comprometidos con un modelo democrático de sociedad, repudiamos la concepción autoritaria del lamentable comunicado 71/2010 de la Asociación de Magistrados de la Justicia de la Nación, que demuestra una vez más la vocación elitista y contraria a los intereses de las mayorías populares que predomina en el Poder Judicial de la Nación.

El comunicado “deplora” una supuesta convocatoria del Gobierno Nacional al acto público del pasado 28 de septiembre, al que le asignó irresponsablemente el “único y declarado propósito de imponer a la Corte Suprema una decisión que responda a sus pretensiones y conveniencias políticas”.

AJuS alerta a la opinión pública en general acerca de que, en rigor, la Asociación de Magistrados “deplora” el proyecto político que encarna el Gobierno Nacional; “deplora” la política, como expresión de la soberanía popular; “deplora” la democracia y el ejercicio de los derechos por parte del pueblo argentino.

En esta concepción profundamente antidemocrática se encuentra la explicación de la interpretación reaccionaria de la Asociación de Magistrados respecto de la movilización popular y de la descalificación y desprecio hacia las decenas de miles de ciudadanos que confluyen en el reclamo por la democratización de la comunicación y la cultura, que, bueno es recordárselos a los señores jueces, hoy no ostenta ningún color político ya que se trata de una ley dictada por el Congreso de la Nación con mayorías abrumadoras, precedida de un debate inédito por el grado de participación ciudadana y como tal, legítimamente representativa de los intereses de la sociedad.

Trasunta, además, el comunicado, un grado de intolerancia frente al ejercicio y reclamo público de derechos individuales, absolutamente incompatible no sólo con la función de juez sino ya con la democracia misma. Desconocer que el pueblo tiene derecho a reunirse, a publicar sus ideas y a peticionar ante las autoridades, es una postura inadmisible para un magistrado y reveladoras de un escaso afecto por los valores democráticos. Manifestarse públicamente a favor o en contra de cualquier medida es un derecho de los ciudadanos que escapa, lamentablemente para la Asociación de Magistrados, a las decisiones de cualquier poder del Estado.

La arrogante Asociación de Magistrados pretende invisibilizar la pluralidad –valor democrático sustancial- de la convocatoria, que tuvo, además de un carácter multitudinario, un perfil claramente multisectorial, aglutinando a asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, agrupaciones estudiantiles, personalidades del espectáculo, un amplio arco de congregaciones políticas y gremiales, y una enorme adhesión de ciudadanos que no expresan afinidades políticas partidarias.

Y lo hace, nuevamente, a través de manifestaciones que no dejan lugar a dudas sobre su posicionamiento institucional: su lugar está del lado de las corporaciones, de los poderes económicos, de los grupos concentrados a los que defiende bajo el pretexto pueril y falaz de resguardar la división de poderes.

¿Dónde estaba el espíritu republicano de la Asociación de Magistrados, y la defensa de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, cuando el Presidente de la Corte Suprema recibió de manera secreta primero al responsable máximo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, y luego a su lobbysta nro. 1, Jorge Rendo?.

El menosprecio que evidencia el comunicado de la Asociación de Magistrados hacia el campo popular, que por otra parte no es sino fiel reflejo de las ideas retrógradas que viene exhibiendo desde hace ya demasiado tiempo el Dr. Recondo, su presidente, es una nueva muestra de la aversión de estos sectores al pleno ejercicio de la soberanía popular. El Poder Judicial es, en un sistema democrático, un brazo más del poder político del pueblo y no lo que simboliza hoy, un espacio apropiado por individuos que no representan a ningún sector de la sociedad y que se controlan a sí mismos para preservar su poder contramayoritario.

La inexistente vocación democrática de estos personeros de los poderes económicos, aglutinados en una Asociación de Magistrados sobre la que debería revisarse su genuina representatividad, es un reflejo de la ausencia de democracia en el funcionamiento interno del sistema judicial argentino, en donde funcionarios que no son elegidos por el pueblo permanecen de por vida sin exámenes de idoneidad y exentos de impuestos, donde no hay garantías laborales para sus propios empleados, prevaleciendo una estructura elitista y arbitraria que impide la promoción de nuevas generaciones de operadores judiciales realmente comprometidos con un modelo democrático de sociedad, y donde la justicia deja ser un valor universal para convertirse en un privilegio al servicio de los monopolios.

Así como llegó el tiempo de más democracia en materia de comunicación y cultura, es el momento histórico de avanzar hacia una reforma profunda del Poder Judicial, de democratizar su configuración, su organización y atiborrar todos los cargos y espacios que lo conforman con funcionarios representativos de la voluntad popular y decididos a defender una concepción del derecho y la justicia cuya premisa esencial sea la estructuración de un orden social justo.