Como abogados comprometidos con un modelo democrático de sociedad, repudiamos la concepción autoritaria del lamentable comunicado 71/2010 de la Asociación de Magistrados de la Justicia de la Nación, que demuestra una vez más la vocación elitista y contraria a los intereses de las mayorías populares que predomina en el Poder Judicial de la Nación.
El comunicado “deplora” una supuesta convocatoria del Gobierno Nacional al acto público del pasado 28 de septiembre, al que le asignó irresponsablemente el “único y declarado propósito de imponer a la Corte Suprema una decisión que responda a sus pretensiones y conveniencias políticas”.
AJuS alerta a la opinión pública en general acerca de que, en rigor, la Asociación de Magistrados “deplora” el proyecto político que encarna el Gobierno Nacional; “deplora” la política, como expresión de la soberanía popular; “deplora” la democracia y el ejercicio de los derechos por parte del pueblo argentino.
En esta concepción profundamente antidemocrática se encuentra la explicación de la interpretación reaccionaria de la Asociación de Magistrados respecto de la movilización popular y de la descalificación y desprecio hacia las decenas de miles de ciudadanos que confluyen en el reclamo por la democratización de la comunicación y la cultura, que, bueno es recordárselos a los señores jueces, hoy no ostenta ningún color político ya que se trata de una ley dictada por el Congreso de la Nación con mayorías abrumadoras, precedida de un debate inédito por el grado de participación ciudadana y como tal, legítimamente representativa de los intereses de la sociedad.
Trasunta, además, el comunicado, un grado de intolerancia frente al ejercicio y reclamo público de derechos individuales, absolutamente incompatible no sólo con la función de juez sino ya con la democracia misma. Desconocer que el pueblo tiene derecho a reunirse, a publicar sus ideas y a peticionar ante las autoridades, es una postura inadmisible para un magistrado y reveladoras de un escaso afecto por los valores democráticos. Manifestarse públicamente a favor o en contra de cualquier medida es un derecho de los ciudadanos que escapa, lamentablemente para la Asociación de Magistrados, a las decisiones de cualquier poder del Estado.
La arrogante Asociación de Magistrados pretende invisibilizar la pluralidad –valor democrático sustancial- de la convocatoria, que tuvo, además de un carácter multitudinario, un perfil claramente multisectorial, aglutinando a asociaciones civiles, mutuales, cooperativas, agrupaciones estudiantiles, personalidades del espectáculo, un amplio arco de congregaciones políticas y gremiales, y una enorme adhesión de ciudadanos que no expresan afinidades políticas partidarias.
Y lo hace, nuevamente, a través de manifestaciones que no dejan lugar a dudas sobre su posicionamiento institucional: su lugar está del lado de las corporaciones, de los poderes económicos, de los grupos concentrados a los que defiende bajo el pretexto pueril y falaz de resguardar la división de poderes.
¿Dónde estaba el espíritu republicano de la Asociación de Magistrados, y la defensa de la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, cuando el Presidente de la Corte Suprema recibió de manera secreta primero al responsable máximo del grupo Clarín, Héctor Magnetto, y luego a su lobbysta nro. 1, Jorge Rendo?.
El menosprecio que evidencia el comunicado de la Asociación de Magistrados hacia el campo popular, que por otra parte no es sino fiel reflejo de las ideas retrógradas que viene exhibiendo desde hace ya demasiado tiempo el Dr. Recondo, su presidente, es una nueva muestra de la aversión de estos sectores al pleno ejercicio de la soberanía popular. El Poder Judicial es, en un sistema democrático, un brazo más del poder político del pueblo y no lo que simboliza hoy, un espacio apropiado por individuos que no representan a ningún sector de la sociedad y que se controlan a sí mismos para preservar su poder contramayoritario.
La inexistente vocación democrática de estos personeros de los poderes económicos, aglutinados en una Asociación de Magistrados sobre la que debería revisarse su genuina representatividad, es un reflejo de la ausencia de democracia en el funcionamiento interno del sistema judicial argentino, en donde funcionarios que no son elegidos por el pueblo permanecen de por vida sin exámenes de idoneidad y exentos de impuestos, donde no hay garantías laborales para sus propios empleados, prevaleciendo una estructura elitista y arbitraria que impide la promoción de nuevas generaciones de operadores judiciales realmente comprometidos con un modelo democrático de sociedad, y donde la justicia deja ser un valor universal para convertirse en un privilegio al servicio de los monopolios.
Así como llegó el tiempo de más democracia en materia de comunicación y cultura, es el momento histórico de avanzar hacia una reforma profunda del Poder Judicial, de democratizar su configuración, su organización y atiborrar todos los cargos y espacios que lo conforman con funcionarios representativos de la voluntad popular y decididos a defender una concepción del derecho y la justicia cuya premisa esencial sea la estructuración de un orden social justo.
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