Justicia y Democracia

La profundización del modelo surgido el 25 de mayo de 2003 requiere, en primer lugar, impedir su retroceso. Es preciso entonces asegurar definitivamente las conquistas económicas y sociales alcanzadas, imposibilitando restricciones o distorsiones que las desnaturalicen. Evitar en definitiva una reorientación de las políticas públicas que generaron crecimiento, trabajo, ciudadanía, hacia las ciénagas del neoliberalismo.

Una de las estructuras que sin duda ofrecerá resistencia al avance del campo popular, es el Poder Judicial. El Poder Judicial, en tanto expresión del Estado y por lo tanto órgano de gobierno, es representante de la voluntad popular; empero, la sociedad no tiene vínculos ni puntos de conexión con el sistema de justicia. Los ciudadanos no participan de la organización, funcionamiento y control de la administración de justicia, y de esa manera la corporación que la gobierna se asegura la continuidad de un sistema cerrado, contramayoritario, autoinmune, que impide al derecho desarrollar todo su potencial transformador.

Por lo tanto, el camino hacia una sociedad más igualitaria, el pleno ejercicio de la Soberanía Popular, exige una nueva configuración del Poder Judicial.

Y en este nuevo diseño del sistema resulta imprescindible incluir la participación ciudadana. Es la efectiva y decisiva intervención de los ciudadanos en la resolución de las demandas centrales relativas a la organización social, al rol y forma del Estado, a los derechos humanos, a la distribución del ingreso, etc., el indicador del pleno ejercicio de la Soberanía Popular y a la vez el instrumento democratizador del Poder Judicial.

Una participación popular que debe ser concreta, alejada de esa falsa identidad de "medio de presión", sino como sinónimo de decisión, con capacidad de estar y de resolver.

La democracia demanda del derecho su función de mecanismo legitimador de coherencia social, de igualdad, y garantía de derechos humanos. Este marco sólo es posible en la medida que se generen espacios efectivos de participación popular que tiendan a una nueva conceptualizaci6n del rol del Derecho en la sociedad, que deje de ser concebido como un instrumento en si mismo, para visualizarlo como una herramienta de cambio social.

En este sentido, algunas de las premisas que a nuestro juicio deben orientar las políticas de reforma del sistema judicial son las siguientes:

*supremacía de la representación política, por sobre la corporativa, en los procesos de selección de los miembros del Poder Judicial, pero instalando una tendencia creciente a forjar mecanismos de participación popular directa.

*integración entre ciudadanía e instituciones, aprovechando la dinámica propia de los territorios regionales y locales para desarrollar programas de transferencia directa de prerrogativas jurisdiccionales a la comunidad, fomentando un sentido de responsabilidad social en las decisiones.

*implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en los que la intervención de los jueces se limite a garantizar la ejecución de acuerdos individuales y/o comunitarios.

*elección directa de determinados miembros del sistema de justicia, en particular fiscales y jueces de paz -apuntando a la necesidad de rescatar la conveniencia política de que sean legos-, y revalorización de estos últimos.

*cumplimiento de la obligación constitucional de instaurar el juicio por jurados en la justicia penal.

Son estos algunos de los lineamientos que deberían contemplarse a la hora de redefinir la organización, control y funcionamiento de la administración de justicia, para aportar elementos de democratización del sistema.

En este marco resulta necesario articular nuevas formas de relación entre el Estado y los ciudadanos, entre el derecho y los sujetos de derechos, en el doble sentido de participación y control, en la creación de escenarios de políticas y estrategias dirigidas a implementar la participación ciudadana como posibilidad material de que las comunidades comiencen a decidir y a hacerse responsables de sus aciertos y errores. En definitiva, a reasumir la soberanía popular.

AJuS - Abogados por la Justicia Social-

Publicado en Ni a Palos, el domingo 13 de febrero

Los privilegios de la Justicia

"... de ningún modo puede interpretarse que la intangibilidad de la remuneración de los jueces, enunciada en el artículo 110, consagra beneficios económicos personales que sustraen a los magistrados de los criterios de igualdad sostenidos por el sistema constitucional tributario.

... la discusión acerca de la gravabilidad de la renta de los jueces ha visto corrido sus ejes, nos encontramos en la actualidad con un cuadro de “desobediencia civil” que pocos parecen dispuestos a resaltar.

...  la Ley 24.631 derogó la exención impositiva que favorecía a los jueces. Así, tratándose de la imposición de rentas de la Cuarta Categoría –imposición al trabajo personal–, correspondía al empleador actuar como agente de retención. Ocurrió entonces que, como el sayo le cabía a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, toda vez que liquida los sueldos de los jueces en ejercicio de la superintendencia, el tribunal dictó la acordada 20/96... la acordada establece un privilegio nobiliario, sostenido como se justificaba al régimen absolutista: como yo soy el intérprete final de la Constitución y yo siempre diré que la Constitución dice que no debo pagar, mejor decirlo ahora, de una vez y para todas.

Con posterioridad sobrevino la extensión del beneficio a los jueces provinciales, a fiscales y defensores. Sin reparos, hasta se consiguió extender el beneficio a los jubilados, pues ahora se interpreta que el bien jurídico tutelado por la Constitución es el sostenimiento del nivel económico de vida.

Artículo completo, acá. Publicado ayer en Tiempo Argentino, por el compañero Juan Pablo Martínez, militante de AJuS y especialista en derecho tributario.

El avance de la Justicia

La puerta hacia la justicia se abrió cuando a fines de diciembre pasado el senado, con el apoyo de distintos partidos políticos, otorgó el acuerdo que ordena la Constitución Nacional, aprobando los pliegos de 9 camaristas, luego de varios años de crisis que afectó a la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Nación por contar sólo con diecisiete jueces de los treinta que deben integrarla.

La mayoría son Jueces de primera instancia, profesores universitarios con una muy destacable trayectoria judicial y con brillantes antecedentes para haber sido seleccionados como Camaristas. Algunos con veinte años en el cargo y con más de 26 años de docencia universitaria, como el caso de la Dra. Graciela Lucía Craig. Los seleccionados fueron entrevistados en audiencia pública convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado a principios de noviembre del año pasado, sin que surgieran dudas acerca de su idoneidad, trayectoria o desempeño en su cargo.

Sin embargo, ante tan anhelada noticia por parte de los trabajadores que esperan la resolución de sus conflictos luego de varios años de retardo, la reacción del establishment no escatimó comentarios descalificantes hacia varios de los doce jueces seleccionados, ya sea por su vínculo familiar o su supuesta ideología, expresando sin fundamento alguno críticas sin sentido sostenida solamente en prejuicios. Prueba de ello es que durante las audiencias públicas la UIA no realizó objeción alguna para con los seleccionados, tal vez porque no tenía argumentos verdaderos para tal fin, y ahora como estrategia pretenden afectar la honorabilidad de los jueces buscando condicionarlos o que pierdan su independencia.

En efecto, surgen varias preguntas ¿Dónde se encontraban estos personajes en la década del 90 cuando fueron nombrados jueces que sólo contaban con una trayectoria de tan sólo nueve meses de desempeño en primera instancia? La respuesta es obvia. ¿Por qué no se pronunciaron cuando el ex ministro Cavallo nombró “la servilleta”, aludiendo de esta forma a los jueces que el menemismo contaba como aliados? Será porque eran parte de “la familia judicial” que defendía sus intereses.

¿Por qué la justicia verdaderamente independiente –del poder económico- asusta tanto al establishment? Será porque pretenden impunidad para seguir contratando trabajo esclavo, o tal vez impedir el cumplimiento de los derechos constitucionales, como ocurre con el grupo Clarín que impunemente echó delegados, impide la realización de asambleas e ignora las decisiones judiciales.

Por lo tanto, esta inaceptable e injustificada postura del denominado Grupo de los Seis para con algunos de los camaristas seleccionados implica una interesada e inadmisible injerencia en el procedimiento de designación de los jueces que debe ser reprochada por todos los abogados que defendemos las instituciones democráticas.

Finalmente, vale decir que más allá de las infundadas e inoportunas críticas, lo que tiene verdaderamente trascendencia institucional es que la honorabilidad de los jueces nombrados por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner garantizará la verdadera seguridad jurídica: la de los trabajadores. Es la mejor forma de avanzar, tal como lo viene haciendo el Gobierno Nacional, hacia la consagración de un valor supremo del mundo jurídico – político, tal cual lo manda el Preámbulo de la Constitución Nacional que establece como uno de sus objetivos el de “AFIANZAR LA JUSTICIA”.

Por César Hernán Costa, abogado de trabajadores y miembro de AJuS

Publicado en el Ni a Palos, el domingo 6 de febrero de 2011.

El Derecho tuvo su Sapukay

El fin de semana pasado anduvimos por el NEA, especialmente invitados al lanzamiento de AJuS Corrientes.

Ni bien desembarcamos en tierras correntinas nos recibieron el referente territorial de La Cámpora, el compañero Pitincho –siempre protegido por su gurisa– y el referente del armado universitario, compañero –y futuro colega– Martín Villalba.

Acordada la unidad de acción, nos fuimos a la casa de Martín a reencontrarnos con los integrantes de AJuS, que no veíamos desde el plenario de diciembre.

Con treinta grados a la sombra, atacando las empanadas, nos contaron del laburo desarrollado, en un territorio abandonado al señorío de liberales autonomistas y radicales conservadores, con el empleo público como única industria masiva, sueldos promedio de dos mil pesos y tres intervenciones nacionales. Recordemos solamente la última, con Ramón Mestre a cargo de la Provincia y el flamante ganador del Premio Parlamentario, insigne Diputado Nacional Oscar Aguad, con un saldo de sesenta millones de pesos desaparecidos, tras ser girados en rescate por la Nación y la sustracción de piezas de valor histórico del despacho municipal, como un cuadro de 3 ms. por 2 ms.

Ante el crudo desafío, el esfuerzo de nuestros militantes correntinos se encuentra abocado a la integración territorial. En poco tiempo, lograron prestar el servicio de  consultoría jurídica gratuita en nueve espacios vecinales de la ciudad de Corrientes.

De ahí cruzamos el charco hasta Resistencia, donde nos esperaba el responsable de La Cámpora en el Chaco, el elocuente Gustavo Sánchez.

Reunidos en una de las unidades básicas que florecen en el territorio, no perdimos oportunidad para incentivar a los cuadros profesionales locales a servir a la causa nacional, popular y democrática desde los conocimientos específicos que cada uno adquirió, pero con la impronta militante.

Tomamos contacto con un compañero querellante en los juicios de la verdad y defensor de los pueblos originarios, y quedamos en el compromiso de formar AJuS en el Chaco.

Siguiendo la recorrida, fuimos hasta la ciudad de Sáenz Peña, en el corazón de la provincia, favorecida por el desarrollo del monocultivo que Monsanto y Solá nos plantaron.

Allí nos esperaban los locales para brindar una conferencia de prensa a los efectos de denunciar la apropiación del nombre de La Campora con fines electorales, por parte de un acomodaticio veterano que creyó poder servirse del esfuerzo de los jóvenes.

Le tocó al compañero Diego Segovia hablar y aclarar los tantos. Sus palabras se enfocaron en resaltar el grado de organización y extensión de la agrupación en cabeza de nuestro Secretario General Andres “Cuervo” Larroque, su integración juvenil y el subordinamiento exclusivo a las directrices impartidas por la Presidenta Cristina en materia política.

Concluido el día viernes, hicimos noche en la ciudad de Corrientes, recargando las baterías para la jornada del sábado.

El lanzamiento de AJuS se celebró en la sede del Partido Justicialista correntino, a casa llena y con la presencia de varias autoridades locales, encabezadas por el viceintendente Tito Meixner y por supuesto de “La Campora” encabezada por el compañero Pitin Aragon. Y desde Misiones, demostrando que las distancias no son obstáculos para la militancia, nos acompañaron los compañeros Adriana, Ernesto y Gustavo.

De entrada nos movilizó ver colgada las banderas de AJuS y La Cámpora en medio de cronogramas electorales, volantes, plataformas y los bustos sonrientes de Perón y Evita.

Con Pablito como presentador, siguieron en la palabra los compañeros Juan Bobadilla, Tony Ugolini y Martín Villalba.

Después dieron paso a la conferencia de Diego, basada en el análisis del contexto histórico, jurídico y social que dio lugar a la sanción de la Constitución del ´49, símbolo de la batalla cultural que afrontamos los Abogados por la Justicia Social.

Cerró el compañero Tito Meixner, elogiando y apoyando el surgimiento de militantes sociales con capacidad de afrontar los desafíos técnicos de la gestión pública, verdadera herramienta transformadora.

Quien relata dio unas palabras de agradecimiento a los compañeros correntinos por la digna tarea de levantar las consignas de este colectivo conducido por el Compañero Mariano Recalde y que a cada paso que damos se engrandece.

Algunos dicen que estaba visiblemente emocionado, digo en mi defensa que la voz sonó quebrada a causa de la angina viral que todavía me acompaña.

Después hubo marchita, fotos y choripanes con Valderrobles.

El domingo pegamos la vuelta, con ganas de quedarnos y viendo tanto por hacer, habiendo cruzado camino con verdaderos cuadros políticos, que son hoy por hoy agentes sociales de cambio y no meros acompañadores de la vieja política.

Juanpi Martinez, integrante de AJUS y Canalla

Juntos a la par

El sábado 29 de enero estuvimos en Rosario.

Allí concretamos el primer encuentro de Profesionales de La Cámpora -regional Santa Fe-, asentando los cimientos de un nuevo proceso de construcción. Sin dudas, la piedra basal la constituyó el plenario de AJuS Federal, producido en diciembre del año pasado, tras sólo cuatro meses de bagaje en las rutas de los compañeros Segovia y Zelada.

Con ese impulso, Mariano y Wado, nuestros conductores, lograron involucrar la tarea de los militantes abogados en la conformación de los cuadros técnicos de La Cámpora; agrupación que -debemos resaltar siempre- responde de manera directa al liderazgo de la Sra. Presidenta de la Nación, compañera abogada Cristina Fernández de Kirchner.

Así, en la nueva estructura, el laburo territorial se enlaza con la tarea comunicacional, de la que participan Franco y Patucho, los estudios de formación -cuyo equipo integra Laura González-, la política universitaria -encargada a Anabella Lucardi- y, finalmente, la mentada construcción profesional, puesta en cabeza de Diego Segovia.

Ya de nuevo en marcha, nos tocó primero visitar a nuestros hermanos de Zárate, Coty y Martín, que nos llevaron a conocer el barrio Atucha, verdadero símbolo del modelo productivo que defendemos. Como se dice en el fulbito, con estos compañeros jugamos de memoria.

Quedó conformado el equipo de viaje comandado por Segovia y que integran Laura González, El Chino y Emi, “Los de Vialidad”, el apoyo logístico de Pol Assef y quien firma la nota al pie.

Después nos toco juntarnos con los referentes de Rosario, encabezados por Oscar “Chuck Norris” Caballero, para comunicar el nuevo proceso y extraer las primeras impresiones, en torno al desafío de ampliar la base construcción política. De ahí, seguimos viaje hasta la ciudad de Santa Fe y de la mano del responsable territorial, Marcos Cleri, nuevos compañeros, encabezados por el colega Esteban Linares, se sumaron al armado nacional. De paso cañazo, nos cruzamos hasta Paraná por el túnel desarrollista subfluvial para escucharlo a Franquito Vitali, invitado a la capital entrerriana por el PJ Digital.

Convencidos tras lo andado, en menos de una semana convocamos a una reunión plenaria de los compañeros santafesinos, que transcurrió en la sede histórica de la CGT Regional Rosario, sitial de resistencia y gestas gloriosas de los trabajadores, revivida nuevamente tras su normalización, de la mano del compañero Secretario General Rubén López y bajo la conducción de Hugo Moyano.

Con ese marco simbólico, dejamos nuevamente en claro que, en nuestra concepción, el movimiento peronista reposa sobre el activismo de los trabajadores organizados, luego de más de siete años de recomposición de las condiciones laborales y la recuperación del empleo y el haber pasivo, principales logros en materia de Justicia Social.

Para nuestra sorpresa, alrededor de setenta militantes se arrimaron al encuentro, procedentes de las ciudades de Zárate, Villa Constitución, San Lorenzo, Ibarlucea, Granadero Baigorria, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Río Cuarto, Paraná, Santiago del Estero y Corrientes.

Y aunque el riñón lo constituyen los abogados, formaron parte de la reunión grupos de psicólogos, ingenieros, historiadores, médicos, periodistas.Tras las presentaciones, dieron sus discursos los anfitriones, Agustín Bruera y Damián Sánchez, delegados, respectivamente, de la UEJN y PAMI, encargados de la conformación de la Juventud Sindical Regional Rosario.

Siguieron en la palabra los armadores provinciales, el celebrado Chuck y Carlos Silva, quienes manifestaron el orgullo de conformar el espacio llamado por su propia importancia a integrar los resortes del Estado nacional.

Luego fue el turno del responsable nacional de la articulación de cuadros técnicos profesionales, Diego Segovia, quien nos inyectó más energía de la que nos tiene acostumbrados. Nos mandó a sumar, a convencer a todos “los que son peronistas y no lo saben”, a construir política en base a la amistad y el compañerismo, sin personalismos ni vedettes. Y en ese discurso sincero y despojado hasta el último concurrente se mentalizó que formamos parte de un colectivo de potencial imponderable, que nos identifica al tiempo que nos da sustancia y sentido de vida.

En el cierre, el responsable territorial de la provincia, Marcos Cleri -sin dudas, el militante más consecuente y reconocido de Santa Fe-, pronunció palabras con relación al desafío político que enfrenta el modelo nacional, popular y democrático en este año electoral, recordó los primeros pasos de La Cámpora en ese mismo espacio de la CGT, cuando el Cuervo Larroque, Wado, Andrés Lablunda y algunos compañeros más iniciaron el trabajo territorial en Rosario.

Finalmente, se abrió la discusión a las intervenciones de los compañeros presentes y la charla se extendió hasta que se terminó el fernet, después de las 2 de la madrugada.

En todos se notó la alegría única de militar por convicción de principios.

*por Juampi Martínez, rosarino, canalla e integrante de AJuS

Imputabilidad de los menores y Justicia Social

Peligrosamente natural resulta a la mente del argentino promedio la vista gorda que hacen los voceros del “orden” respecto de los motivos que yacen debajo de la decisión política y legislativa de mantener el piso de imputabilidad penal en los 16 años de edad. Les resulta increíble pensar que un adolescente o un niño bien criado pueda cometer un delito, pero cuando se trata de un joven marginal, de un hijo de la desidia y la fealdad de la pobreza, entonces la sociedad abre el paraguas de la inseguridad, y ahí sí, el beneficio de la duda opera en sentido contrario: en caso de duda, debe ser castigado. Por pobre, por vulnerable, por analfabeto, por vago.

Lo peligroso de no analizar los motivos por los cuales se lo protege, es que dejamos de ver a los niños y adolescentes como sujetos de derechos, como personas vulnerables, que merecen nuestro respeto, comprensión y educación. Porque nadie puede convertirse en un ser humano pleno si durante sus años de crecimiento, de aprendizaje, de “sociabilización”, si se quiere, lo único que recibe es hostilidad, desatención, desinterés, marginalidad y la insatisfacción de sus necesidades elementales.

Hace una semana TN entrevistó a un psicólogo argentino sobre este tema, seguramente con la intención de que les diera la razón sobre el reclamo de reducir la edad de imputabilidad penal. En cuanto el profesional comenzó a fundamentar su posición en contra del mismo, lo sacaron rápidamente del aire, con saludos incómodos y falsos agradecimientos. Y sin comentarios posteriores sobre el tema; esto es, sin opinión periodística seria posterior a la nota.

El licenciado repitió las las palabras de Juan Domingo Perón, al repudiar respetuosamente la pretensión de meter a los menores en reformatorios o institutos. Fundamentando tal repudio en su ciencia, en el hecho comprobado de que una persona no se recupera para la sociedad pasando sus días adentro de un lugar donde se lo violenta hasta que sale, lidiando con la exclusión social, con la certeza de que la comunidad en la que luego tendrá que reinsertarse lo quiere adentro y no afuera junto a sus hijos y sus propiedades.

Es por este motivo que no puede taparse el sol con un dedo. No puede solucionarse el grave problema de la delincuencia juvenil encerrando a los menores y alejándolos de la contención y de la educación que necesitan para formarse como personas. Los derechos humanos acá no significan garantías para la delincuencia, como nos quieren hacer pensar los que gustan tanto de manipular el lenguaje natural para introducirnos en la cabeza ideas xenofóbicas, discriminativas y excluyentes. Todo lo contrario. Respetar los derechos de los niños y adolescentes implica garantizarles el medio ambiente que les permita crecer sanos para desarrollarse plenamente en la sociedad. Y en esto la responsabilidad del Estado es fundamental. Ya lo decía el General: “el gobierno en este orden tiene mucho que hacer; y el método no es el coercitivo, sino el persuasivo. Convencer de las ventajas de ser un buen hombre, y no llevarlo a la cárcel después si resulta un mal hombre. Prevenir para no tener que curar. Por esa razón, hay que mejorar la calidad de vida de la gente, en lugar de crear más cárceles para encerrarla”.

Y en este asunto la justicia social juega un papel primordial. Porque le da a los jóvenes una base desde la cual acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de esta vida en sociedad. De lo contrario, con odio y resentimiento, sólo generaremos más odio y más resentimiento. La delincuencia juvenil y la indiferencia van de la mano. Sólo aplicando la justicia social, agotando los esfuerzos de profesionales capacitados para abordar todas las áreas vulnerables del tejido social y regenerarlas dignamente, nos podremos garantizar la armonía para vivir con seguridad. Y digo que nos podremos garantizar, porque tanto los resultados como el esfuerzo deben ser de la comunidad toda.

*por Sabrina Marquez, compañera de AJuS.