Imputabilidad de los menores y Justicia Social

Peligrosamente natural resulta a la mente del argentino promedio la vista gorda que hacen los voceros del “orden” respecto de los motivos que yacen debajo de la decisión política y legislativa de mantener el piso de imputabilidad penal en los 16 años de edad. Les resulta increíble pensar que un adolescente o un niño bien criado pueda cometer un delito, pero cuando se trata de un joven marginal, de un hijo de la desidia y la fealdad de la pobreza, entonces la sociedad abre el paraguas de la inseguridad, y ahí sí, el beneficio de la duda opera en sentido contrario: en caso de duda, debe ser castigado. Por pobre, por vulnerable, por analfabeto, por vago.

Lo peligroso de no analizar los motivos por los cuales se lo protege, es que dejamos de ver a los niños y adolescentes como sujetos de derechos, como personas vulnerables, que merecen nuestro respeto, comprensión y educación. Porque nadie puede convertirse en un ser humano pleno si durante sus años de crecimiento, de aprendizaje, de “sociabilización”, si se quiere, lo único que recibe es hostilidad, desatención, desinterés, marginalidad y la insatisfacción de sus necesidades elementales.

Hace una semana TN entrevistó a un psicólogo argentino sobre este tema, seguramente con la intención de que les diera la razón sobre el reclamo de reducir la edad de imputabilidad penal. En cuanto el profesional comenzó a fundamentar su posición en contra del mismo, lo sacaron rápidamente del aire, con saludos incómodos y falsos agradecimientos. Y sin comentarios posteriores sobre el tema; esto es, sin opinión periodística seria posterior a la nota.

El licenciado repitió las las palabras de Juan Domingo Perón, al repudiar respetuosamente la pretensión de meter a los menores en reformatorios o institutos. Fundamentando tal repudio en su ciencia, en el hecho comprobado de que una persona no se recupera para la sociedad pasando sus días adentro de un lugar donde se lo violenta hasta que sale, lidiando con la exclusión social, con la certeza de que la comunidad en la que luego tendrá que reinsertarse lo quiere adentro y no afuera junto a sus hijos y sus propiedades.

Es por este motivo que no puede taparse el sol con un dedo. No puede solucionarse el grave problema de la delincuencia juvenil encerrando a los menores y alejándolos de la contención y de la educación que necesitan para formarse como personas. Los derechos humanos acá no significan garantías para la delincuencia, como nos quieren hacer pensar los que gustan tanto de manipular el lenguaje natural para introducirnos en la cabeza ideas xenofóbicas, discriminativas y excluyentes. Todo lo contrario. Respetar los derechos de los niños y adolescentes implica garantizarles el medio ambiente que les permita crecer sanos para desarrollarse plenamente en la sociedad. Y en esto la responsabilidad del Estado es fundamental. Ya lo decía el General: “el gobierno en este orden tiene mucho que hacer; y el método no es el coercitivo, sino el persuasivo. Convencer de las ventajas de ser un buen hombre, y no llevarlo a la cárcel después si resulta un mal hombre. Prevenir para no tener que curar. Por esa razón, hay que mejorar la calidad de vida de la gente, en lugar de crear más cárceles para encerrarla”.

Y en este asunto la justicia social juega un papel primordial. Porque le da a los jóvenes una base desde la cual acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de esta vida en sociedad. De lo contrario, con odio y resentimiento, sólo generaremos más odio y más resentimiento. La delincuencia juvenil y la indiferencia van de la mano. Sólo aplicando la justicia social, agotando los esfuerzos de profesionales capacitados para abordar todas las áreas vulnerables del tejido social y regenerarlas dignamente, nos podremos garantizar la armonía para vivir con seguridad. Y digo que nos podremos garantizar, porque tanto los resultados como el esfuerzo deben ser de la comunidad toda.

*por Sabrina Marquez, compañera de AJuS.