La discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales -conocida como Ley de Medios-, expuso ante la opinión pública los intereses tanto de los medios monopólicos argentinos como de sus operadores en el Congreso y en la sociedad civil. A partir de ello, quedaron en evidencia las ideas que cada grupo empresario propietario de los medios de comunicación de mayor difusión defienden y se quitó el manto de objetividad e independencia que algunos periodistas decían ser portadores y defensores a ultranza.
En la tapa de la edición del día 30 de noviembre del diario Clarín aparece como noticia más importante -ocupando la mitad de la página principal- la difusión de documentos reservados del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los principales políticos del mundo. Sin embargo, el título de la nota dice lo siguiente: “EE.UU.: críticas muy duras a los Kirchner”. Se agrega en el copete que “Cristina y Néstor siempre han sido ácidos, impermeables al consejo ajeno y paranoicos del poder. Afirman que son ineptos en política exterior. Y pidieron un informe médico sobre la Presidenta”.Con la excepción de algunos diarios italianos donde la noticia a destacar es que los Estados Unidos están interesados en las fiestas sexuales del premier Berlusconi, tema que usualmente ocupa un lugar en dichos periódicos, en la mayor parte de los medios mundiales la discusión consiste en la intromisión de los Estados Unidos en asuntos internos de otros estados violando la Carta de las Naciones Unidas y la inteligencia y espionaje que se desarrolla sobre la vida de los líderes de aquellos estados donde la potencia tiene intereses concretos.
De esta manera, Clarín, ocupado en su cotidiana tarea de desprestigiar a la Presidenta, corre intencionalmente el eje de la cuestión analizando el contenido de los documentos y no la existencia de éstos en sí misma y el modo en que los Estados Unidos obtuvieron dicha información, impidiendo que la ciudadanía obtenga mayor información sobre temas tan sensibles.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1 reconoce a todo ser humano el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Tal derecho fundamental es entendido como la facultad de buscar, recibir y difundir todo tipo de información e ideas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia constante, se ha pronunciado acerca de la doble dimensión que caracteriza a la libertad de expresión, la cual requiere, por un lado, que se garantice el derecho individual que tiene toda persona a no ser arbitrariamente impedida de manifestar su propio pensamiento -dimensión individual- y, por el otro, el derecho colectivo que tiene la sociedad en su conjunto a recibir cualquier información, a conocer la expresión del pensamiento ajeno y a estar bien informada -dimensión social-.
La libertad de expresión se erige, de este modo, en “la piedra angular […] de una sociedad democrática”.Son numerosas las organizaciones no gubernamentales en cuyas agendas el derecho al acceso a la información ocupa un lugar central. Asimismo, otras tantas tienen programas vinculados al ejercicio de la libertad de expresión y prensa. Para cumplir tales fines la mayoría obtiene fondos de agencias gubernamentales de los estados del hemisferio norte. Es hora de que alguna se empiece a preocupar no sólo en defender la libertad de prensa de las grandes corporaciones sino también del contenido de la información que llega a la ciudadanía para garantizar la dimensión social de la libertad de expresión pues hay toda una línea de pensamiento sobre las “noticias” que ocurren a la cual la población no tiene acceso. No es por nada que las “peleas” del programa conducido por Marcelo Tinelli ocupan casi la mitad de la programación diaria de los canales de televisión. El respeto del ejercicio de la dimensión social del derecho a la libertad de expresión resulta indispensable para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada puesto que una sociedad mal informada no es plenamente libre.
Por Sebastián Alejandro Rey
Abogado, Docente de Derechos Humanos y Garantías (UBA) y miembro de AJUS.
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