Abogados por la Justicia Social manifiesta su más absoluto repudio a las declaraciones xenófobas y discriminatorias del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, producidas con motivo de los gravísimos incidentes ocurridos en el barrio porteño de Villa Soldati.
Con pavor, vemos que el Jefe de Gobierno de la Ciudad no hizo una sola referencia al trágico saldo del desalojo irresponsablemente ordenado por una Jueza de la Ciudad, no hubo condolencias a las familias de los dos jóvenes asesinados y, mucho menos, asumió la responsabilidad de esclarecer los luctuosos hechos ocurridos en un marco de violencia social, uno de cuyos orígenes fundamentales es la inactividad de su gobierno hacia los sectores excluidos de la sociedad, en términos de inexistencia de políticas públicas que garanticen vivienda digna, educación, salud, alimentación y trabajo en igualdad de condiciones.
Las intolerantes expresiones vertidas por Mauricio Macri referidas a “las políticas públicas erradas” que llevan a “la inmigración descontrolada” o a que “la Ciudad no puede hacerse cargo del problema habitacional del Mercosur”, entre otras del mismo tenor, obedecen en partes iguales a la matriz ideológica reaccionaria que nutre su gestión y a la insoportable incapacidad que evidencia para dirigir políticas públicas inclusivas hacia los más postergados de la comunidad.
Llamamos la atención, asimismo, sobre la complicidad con la que algunos Magistrados de la Ciudad de Buenos Aires aplican el poder estatal, desentendiéndose de las consecuencias que puede generar el accionar represivo en el marco de una medida judicial como el desalojo violento de cientos de familias. Es inadmisible, y revelador de desprecio por la vida humana y un Poder Judicial democrático, que la Jueza responsable de la medida no se encontrara presente en el procedimiento a efectos de supervisar y dirigir en forma personal el desempeño de las fuerzas policiales.
Desde AJUS enviamos nuestros respetos a las familias de los jóvenes asesinados, y, finalmente, sostenemos que sus muertes constituyen una natural consecuencia de la política irresponsable y maniquea del Gobierno de la Ciudad de desviar siempre culpas a terceros para ocultar la total ineficiencia de la gestión, y la acabada decisión de Mauricio Macri, y sus cómplices del Poder Judicial local, de aplicar el poder estatal para ejercer violencia moral y física sobre los hombres y mujeres que sufren justamente las consecuencias de aquella ausencia de políticas públicas.
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