Charla sobre reforma política el lunes 2 de mayo

El 27 de abril todos a Parque Lezama

Hoy 27 de abril de 2011 se cumplen seis meses de la muerte de Néstor, y también se cumplen ocho años de la victoria electoral que lo llevó a ser nuestro Presidente desde 2003 a 2007.
Un 27 de abril, pero de 1977, secuestraban a Héctor Germán Oesterheld, el creador de El Eternauta.
Los militantes de todo el país van a hacer su homenaje en las plazas de las ciudades y pueblos, si vos querés organizar en tu comunidad podés bajar el corto "Más vivo que nunca" y el candombe "Nunca menos" acá.
Quienes estamos en Ciudad de Buenos Aires, nos reuniremos en Parque Lezama a partir de las 18 hs.
Vienen todos, convocá.


"Néstor, gracias por todo..."

El caso Patti y la confirmación del proceso democrático

Desde el año 2003, el impulso de las causas judiciales en las que se investigan los crímenes cometidos durante el último período de facto, se ha consolidado como política de estado en la República Argentina, con la firme convicción de que el establecimiento de la verdad y el ejercicio de la memoria son pasos fundamentales en la consolidación del Estado de Derecho.

En este sentido, la única vía posible y, a su vez, condición necesaria para esa consolidación, es la investigación de esos hechos mediante la realización de procesos judiciales que observen la plena vigencia de las garantías que el propio sistema jurídico impone. El juicio en el cual fue condenado Luis Abelardo Patti el 14 de abril pasado es una cabal demostración de este paradigma. Patti fue condenado a cadena perpetua por ser hallado culpable de los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tortura, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad.

Mediante el dictado de esta sentencia, con el grado de verosimilitud que el proceso judicial imprime, la sociedad argentina arrojó luz sobre su historia reciente, confirmando la participación de Patti en tan aberrantes hechos delictivos y descubrió el velo de impunidad que protegía a muchos de estos actores reciclados durante la democracia. En efecto, recuperado el orden constitucional, siniestros personajes como Patti lograron conservar una importante cuota de poder mediante un desnaturalizado empleo de herramientas previstas por el propio sistema democrático con la abierta intención de hacer perdurar ese velo de silencio e impunidad.

Así, en el año 1995, Patti fue elegido intendente del partido de Escobar y, luego, en el año 2005, diputado nacional. La primera reacción del sistema democrático se produjo cuando la Cámara de Diputados de la Nación impidió a Patti asumir su banca después de retirarle sus fueros parlamentarios -con el voto afirmativo de 164 legisladores-. Tal determinación demostró que los responsables de delitos de lesa humanidad no pueden formar parte de un cuerpo cuyo cometido consiste en defender los principios y valores constitucionales y los derechos humanos.

Hoy, a través de esta reciente decisión judicial, se consolidó dicha posición y se dio por tierra el intento de este actor de reciclarse políticamente. El proceso de memoria, verdad y justicia volvió a forjarse en un pilar del estado de derecho democrático, mostrando que no existe otro sistema que el que la Constitución Nacional promueve para resolver las acciones delictivas del pasado y que la única forma de fortalecer el proceso democrático es con los medios, límites y garantías que el mismo impone.

Por Pablo Barbuto (Abogados por la Justicia Social - AJUS - Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)

Macri y sus decretos

Se puede coincidir o no con la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, como ciudadanos no podemos permitir que se violenten las reglas del Estado de Derecho en beneficio de su interés personal, como ocurrió el pasado 11 de abril cuando el jefe de gobierno dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la modificación del Código Contravencional de la Ciudad. A través de la incorporación de un nuevo título, “Protección a las Libertades de Prensa y de Expresión”, Macri tipificó nuevas conductas con penas de multa de hasta $ 50 mil o arresto de hasta diez días para favorecer al grupo detentor del poder económico.

Varios son los vicios de los que adolece este acto del jefe de gobierno –refrendado por nueve de sus ministros– que lo hacen nulo de nulidad absoluta e insanable.

El primer y más grave defecto del DNU es su palmaria inconstitucionalidad. Tanto la Constitución Nacional como la Constitución de la Ciudad (artículos 99, inciso 3º y 103, respectivamente) prohíben al Poder Ejecutivo, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo, puesto que se afectaría uno de los rasgos principales del sistema republicano de gobierno imperante en nuestro país: la separación de poderes. En esta oportunidad, Macri no sólo se arrogó facultades que le son ajenas, sino que además lo hizo sin que hubiera necesidad ni urgencia. En este sentido, ambas Constituciones aceptan sólo una excepción con idéntica redacción: la existencia de circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario de la sanción de leyes. Empero, tal situación tampoco se registra en el presente, toda vez que la Legislatura porteña se encuentra en pleno período de sesiones ordinarias. Asimismo, el constituyente específicamente ha indicado las materias cuya regulación le es ajena al Poder Ejecutivo, incluso en el caso de excepción. Basta mencionar que la Constitución local, tanto en su artículo 103 como en su Cláusula Transitoria 1ª, expresamente excluyen las materias procesal penal, tributario, contravencional, electoral y del régimen de los partidos políticos.

Por otra parte, debe advertirse que se trata de un decreto con nombre y apellido, direccionado a proteger los intereses empresariales de un grupo económico en detrimento de las garantías constitucionales de los habitantes, como lo son el derecho a huelga y otras actividades sindicales que se ven manifiestamente avasalladas por medio de una norma que exhibe una técnica legislativa altamente reprochable –ley penal de trama excesivamente abierta– y que no sólo constituye un desaguisado jurídico sino que es, esencialmente, un acto de despotismo que no puede ser tolerado.

A todo lo dicho, debe añadirse que todos los DNU deben ser ratificados o rechazados por el órgano legislativo y, en este caso, la bancada oficialista requeriría, de avanzar con esta tropelía, el voto calificado de la mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura porteña. Por los motivos antes expuestos, damos por descontado que este DNU no será ratificado por la Legislatura de la Ciudad, que no admitirá esta delegación impropia de facultades ya que, de hacerlo, los legisladores estarían sujetos a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria como dispone el artículo 29 de la Constitución Nacional.

Finalmente, nos preguntamos si cuando el mentado decreto establece que está dirigido a “quien intencionalmente impida, obstruya u obstaculice la producción, impresión, distribución o difusión de ideas, opiniones o informaciones a través de cualquier medio de prensa o de comunicación masiva”, el ingeniero Macri habrá querido referirse a la obstrucción y obstaculización que ejerce Cablevisión al incumplir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al excluir arbitrariamente de su grilla el canal informativo CN23 o el de contenido infantil Pakapaka.

Por Mariana Aballay (Abogados por la Justicia Social - AJUS)

Esta nota fue publicada hoy en el Diario Tiempo Argentino.

Más PAKA PAKA para todos

La presentación realizada por AJUS ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que la citada comisión, presidida por la Diputada Silvina Giúdici, se pronuncie sobre la censura del Canal Infantil Paka Paka.

http://www.parlamentario.com/noticia-35729.html
http://www.portalba.com.ar/noticia_7_15393_censura-al-canal-infantil-pakapaka
http://ar.noticias.yahoo.com/asociacion-abogados-pide-diputada-giudice-pronuncie-20110415-135102-850.html

Para que nos expliquen por qué PAKA PAKA no es para todos

Como agrupación de abogados que luchan por la Justicia Social, seguimos nuestra militancia para que el canal de cable para chicos, producido por el Ministerio de Educación de la Nación, Pakapaka, sea para todos.
Así lo expresamos a través de este blog y del diario Página /12.

Además, el 12 de abril realizamos una presentación formal ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que preside la diputada por el radicalismo Silvana Giúdici, para solicitarle a la legisladora que se manifieste públicamente con respecto a la censura del Canal infantil "Pakapaka".

Teniendo en cuenta que la diputada Giúdici ha salido siempre presurosa a defender la libertad de expresión en todos los temas vinculados al grupo económico Clarín (aun en los casos en los que la libertad de expresión no estaba comprometida), confiamos en que inmediatamente va a convocar a una reunión de la comisión que preside y trabajará infatigable y enérgicamente por este caso que es un grave atropello a la libertad de expresión de todos y todas, en especial, de los niños.

Abogados por la Justicia Social - AJUS

Más repercusiones de esta presentación en Diputados, acá y acá.

La emisión de pasaportes como política de seguridad

Como anunció la Presidenta de la Nación en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del 1º de marzo de este año, el servicio de confección de pasaportes salió de la órbita de la Policía Federal y quedó a cargo del RE.NA.PER. Con esta medida, se busca centralizar en el RE.NA.PER. la emisión de los documentos que acreditan identidad, con la consecuente agilización del procedimiento. En este contexto, la decisión de la Presidenta no sólo es un avance en materia de documentación, sino que tiene un fuerte impacto en la política de seguridad que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Asumiendo las obligaciones indelegables que le imponen arbitrar todos los medios y recursos disponibles para asegurar el goce de la paz social y la tranquilidad pública a todos los habitantes, la Presidenta ha impulsado la creación del Ministerio de Seguridad dando paso a la adopción de una nueva estrategia en la lucha contra el crimen. Con ese fin, la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, ha puesto en marcha un plan de seguridad integral con el objeto de maximizar la coordinación y participación de los distintos sectores involucrados, poniendo a la comunidad como un actor de relevancia institucional a la hora de la toma de decisiones estratégicas en la materia, optimizando la cooperación y convocatoria de todas y cada una de las fuerzas de seguridad y coordinando la integración y complementación funcional de recursos humanos y materiales disponibles. Un ejemplo de ello ha sido el Operativo Centinela realizado en la Provincia de Buenos Aires -que fuera ideado y diseñado por el ex Presidente Néstor Kirchner- cuyos resultados positivos han estado a la vista de la opinión pública. Así, a esta línea de trabajo que está llevando adelante el Poder Ejecutivo de la Nación que tiene por objeto la reestructuración de la Policía Federal Argentina, ahora se le suma el traspaso de las funciones de confección de pasaportes y cédulas de identidad al RE.NA.PER. que permitirá reubicar a los miles de policías que hasta el momento se encontraban destinados a realizar trámites administrativos, en tareas operativas de seguridad. Conforme reseñara la Ministra de Seguridad el objetivo está puesto, en una primera etapa, en incrementar la presencia policial en las calles y en las comisarías. Para ello, la decisión de la emisión de pasaportes y cédulas por el Ministerio del Interior se presenta como una medida de alto impacto a fin de optimizar recursos para prevenir el delito y trabajar en la seguridad de todos los habitantes de la Nación. Por Abogados por la Justicia Social - AJUS

Paka Paka para todos

A pesar de que en Mitologías Roland Barthes gritó piedra libre hace muchos años, esa operación según la cual el poder desvía la atención del gran público respecto del rol ejercido por las corporaciones hacia el rol que ejercen los explotados por las corporaciones, ha conseguido una exitosa invisibilización. Estos días, sin embargo, ha quedado en entredicho.

Algunos actores del escenario político nacional, entre los que se cuentan legisladores, asociaciones de empresarios de medios de comunicación, de jueces y de periodistas han elevado voces de repudio a los atentados al derecho a expresarse libremente sufrido por una empresa de marcada posición dominante. El recorte de la realidad efectuado hace eco de la versión divulgada por las empresas de comunicaciones: el domingo 27 de marzo, un grupo de trabajadores fogoneados por el secretario general de la CGT y, por lo tanto, también por el gobierno nacional, impidió la libre circulación de los diarios Clarín, Olé y La Nación y, con ello, el derecho de la ciudadanía de informarse por el medio que elija.

Este recorte se presenta como una expresión más de la pelea irracional que el gobierno nacional mantiene contra el grupo económico. Pese a su acicalamiento, la versión no sólo no es novedosa, sino que es la única que el grupo Clarín utiliza para intentar sofocar los debates alrededor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que dan espesura al concepto de “pluralidad” y que ponen en cuestión aquello que se ve, que se dice y que se escucha, en una búsqueda por reflejar con amplitud las identidades que dan vida a la Argentina.

En esa encerrona, el grupo Clarín se muerde la cola cuando impide la emisión de Paka Paka, el canal del Ministerio de Educación de la Nación creado para que todos los niños y niñas puedan no sólo aprender, participar y expresarse sino también reconocerse en la pantalla, con respeto por las diferencias y particularidades, estimulando su participación en la convivencia democrática.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce sus derechos a acceder a contenidos de calidad que estimulen su desarrollo y su bienestar. Por su parte, la autoridad de aplicación de la Ley de Medios dictó la resolución 296/2010 con la finalidad de impedir que los operadores de cable perjudiquen a los canales no vinculados a sus empresas y que Paka Paka sea incluido en la grilla de canales operados por cable. A pesar de que la Cámara Federal de Bahía Blanca y la Cámara Federal de Mar del Plata resolvieron en contra de las pretensiones de Cablevisión S.A. y sus empresas absorbidas, éstas continúan, paradójicamente, incumpliendo la resolución 296. Para ello cuentan con la colaboración de jueces amigos como Ricardo Bustos Fierro, herencia de la decadencia menemista.

Desacierta quien señala que las medidas tomadas por los trabajadores de Artes Gráficas Rioplatenses, empresa del grupo Clarín, son un incidente aislado que no merece ser explicado salvo por su afectación a la libertad de expresión. También quien naturaliza que se impida la aparición de aquello que no se identifica con el arquetipo infantil expresado por la gran prensa, que niega lo diferente y exalta lo semejante. En nombre de la libertad de expresión se encubre un conflicto laboral que lleva 10 años, pero nada se dice de la libertad mellada de los niños argentinos de acceder a una programación que no los deje afuera del concepto de infancia.

Por María Alicia Landaburu (Abogados por la Justicia Social - AJUS)

Más sobre este tema, en la nota del compañero Esteban Carella publicada en Página 12

El abandono de persona y la discriminación en clave macrista

El 6 de Abril, Humberto Ruiz, habitante del asentamiento conocido como la Villa 31, sufrió un ataque de epilepsia. Lo que Humberto no sabía, es que iba a morir no de una enfermedad tratable sino por discriminación. Las ambulancias del SAME no quisieron ingresar a asistirlo pese a la consigna de la Policía Federal.

En el día de ayer, un sector de los médicos municipales se declaró en paro en reclamo de mayor seguridad para poder prestar los servicios médicos. Y decimos un sector, dado que muchas agrupaciones de profesionales rechazaron la medida.

Del primer relato no se habla. Sobre el segundo, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires carga las tintas sobre la decisión de la Ministra de Seguridad de retirar las adicionales de la Policía Federal en los Hospitales Públicos. Si analizamos ambas situaciones a la luz de los destinatarios de ambos casos, vemos que la falta de políticas públicas integrales van dirigidas a uno y el mismo sujeto, el pobre.

En el primer caso, la omisión de ingreso del SAME a la Villa 31 se relaciona con este prejuicio; en el segundo, la declaración de necesitar consigna policial en el ingreso del hospital implica una estigmatización de las personas que lo frecuentan. Ser pobre y vivir en un barrio precario, no es una condición sine qua non para cometer delitos. Tampoco lo es no tener obra social para la cobertura de la salud. En cambio, sí lo constituye, la negación sistemática del acceso a derechos de este sector de la población.

Desde la lógica neoliberal del macrismo, hubo una subejecución presupuestaria en materia de salud que mantiene hasta la fecha en malas condiciones los hospitales de la ciudad, a ello se suma la falta de adquisición no sólo de equipamiento sino de insumos vitales para una correcta prestación sanitaria, la quita de presupuesto en programas esenciales en materia de prevención, incidiendo también el ninguneo de los reclamos salariales de los trabajadores de la salud y una deuda millonaria a los trabajadores de la Policía Federal que realizaban adicionales.

Si el derecho a la salud es un derecho social que faculta a la persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el Estado como garante del acceso y ejercicio de este derecho debe implementar todas las medidas adecuadas para que TODOS podamos acceder.

Sr. Jefe de Gobierno, los mal llamados vecinos de la ciudad, habitan la Recoleta y la Villa 31, son ciudadanos que tienen derechos que deben ser garantizados por el Estado local, deje de mirar para el costado y asuma su responsabilidad.

Por Daniela Arcuri (Abogados por la Justicia Social - AJUS)

Imagen by www.militanciakreativa.com.ar

AJUS le responde a la Asociación de Magistrados

Abogados por la Justicia Social (AJUS) rechaza el Comunicado 016/2011 de la Asociación de Magistrados que recoge el relato de las empresas de comunicación de posición dominante y, bajo el argumento de la afectación a la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a informarse, desconoce la cuestión medular que originó la medida de fuerza tomada el domingo 27 de marzo pasado por un grupo de trabajadores gráficos, cual es el conflicto laboral que los vincula desde el año 2004 con el multimedios Clarín.

No desconocemos la importancia y severidad de una medida que impide la circulación de un diario por un día. Tampoco la desconocen los actores del conflicto quienes, tal como lo han expuesto públicamente, fueron impulsados a llevarla a cabo atento a lo infructuoso de sus reclamos anteriores.

La Asociación de Magistrados está integrada por miembros del Poder Judicial de la Nación, uno de los tres poderes de un Estado que ha adoptado como política pública la decisión de no reprimir la protesta social. En ese marco, los términos del comunicado se rechazan por dos razones. La primera, porque denunciar el incumplimiento de resoluciones judiciales por parte del Poder Ejecutivo implica ocultar que el Ejecutivo cumplimentó las medidas ordenadas pero en el marco de la salvaguarda de la integridad física de los trabajadores. La segunda, porque los persistentes incumplimientos por parte del multimedios Clarín, no sólo de resoluciones judiciales firmes sino también de leyes sancionadas por el Congreso Nacional, no merecieron similares expresiones por parte del consorcio de magistrados.

La independencia del Poder Judicial de ningún modo importa independencia respecto de los intereses de la comunidad en su conjunto. Y el hecho que los magistrados adopten públicamente posturas determinadas genera consecuencias -cuanto menos a la hora de predicar respecto de su imparcialidad-. Si es cierto que el ejercicio del derecho al reclamo o a la protesta social o sindical por parte de algunos miembros de la comunidad importa momentáneamente la restricción del ejercicio del derecho de otros, no lo es menos que no existen derechos absolutos. Y que centrar la atención en uno o en alguno de ellos, implica asumir una postura política e ideológica que merece ser puesta de relieve si, como se advierte, los jueces en la actualidad se expresan por otras vías que no son sus sentencias.

La vigencia del derecho a la información de los ciudadanos consiste en conocer los datos de la realidad, la verdad real. Y saber desde qué lugar nos expresamos los distintos miembros de la comunidad.

Malvinas, una causa nacional

Dentro de los debates que debemos retomar como generación, la cuestión Malvinas se presenta como un enorme desafío. Repensar hoy Malvinas implica la necesidad de centrar el análisis en aquellos factores que convirtieron a esa porción de la patria en un punto de tensión, debate y puja por la soberanía nacional. Hablar de Malvinas entonces, no sólo implica darle la debida importancia en lo que hace a la soberanía en su faceta territorial, sino en la importancia que reviste como enclave geopolítico, considerando que no sólo comunica a los dos océanos (Atlántico y Pacífico), sino que además permite una proyección y un dominio territorial de aproximadamente dos millones de kilómetros cuadrados, recursos pesqueros, minerales y petroleros

En consonancia con la batalla cultural que estamos dando, es sumamente importante que nuestro país genere herramientas de restricción (diplomática, económica, financiera) en forma mancomunada con los países suramericanos a fin de restringir cualquier actividad económica, que potencialmente implica un menoscabo a la soberanía nacional, que decida realizar Gran Bretaña en las islas o en sus aguas adyacentes.

Debemos comprender el contexto mundial actual, en el cual las grandes batallas se originan por el control de los recursos: la invasión a Irak, el conflicto en Libia y la intervención en el conflicto de medio oriente por parte de las grandes potencias son el claro ejemplo, es en esta perspectiva geopolítica que debemos analizar la actualidad de la cuestión Malvinas.

En la lucha que se avecina, América del Sur asume un rol protagónico considerando que su potencial de desarrollo es infinito, teniendo en cuenta que posee unas de las mayores reservas naturales a nivel mundial de petróleo, gas, recursos minerales, tierras y agua dulce.

Gran Bretaña amplió sin previa consulta de 200 a 350 millas su zona de exclusión, reforzó su base militar, mediante el envío de aviones y unidades navales de última generación; constituyó a las Islas Malvinas como territorio de ultramar de un estado miembro de la Unión Económica Europea mediante el Tratado de Lisboa y actualmente fue instalada una base militar de la OTAN en el territorio isleño, constituyéndose así en la base más importante del Hemisferio Sur.

El General Perón nos dijo: “El Siglo XXI nos encontrará unidos o dominados”; la única alternativa posible que tenemos como pueblo es la profundización de la integración para proteger nuestros recursos naturales en tanto herramientas esenciales de autodeterminación. Argentina debe permanentemente incluir en los foros regionales la gravedad de la base militar en Malvinas como amenaza continental.

Los lazos institucionales deben profundizarse, como nos mostrara Néstor Kirchner, y se deben fortalecer las organizaciones regionales como el MERCOSUR y el UNASUR, continuar la presión conjunta a través del Grupo Río y de los países del Caribe, como ocurrió hace poco tiempo en la Cumbre de Cancún, donde se reconocieron los legítimos derechos soberanos de nuestro País en las Islas del atlántico sur.

De igual manera debemos tomar conciencia como sociedad que ganando esta batalla podremos tener un futuro escrito desde nuestra soberanía y no uno dictado por los grupos de poder mundial. Y el camino debe ser un proceso de discusión estratégica de un modelo de país que incluya a todos sus ciudadanos, que defienda el interés nacional, proteja y explote sus recursos naturales, desechando el modelo librecambista y depredador que se nos impuso en la década de los noventa. Tomemos lo dicho hace sesenta años por uno de los conductores políticos más grandes de Suramérica, ya que el tiempo es enemigo del hombre y ya estamos en tiempo de descuento.

Por Diego Segovia y Laura Gonzalez (Abogados por la Justicia Social - AJUS)

Las Malvinas son argentinas, sin vueltas.

"Resulta a todas luces inexplicable pretender soberanía a 14.000 kilómetros de distancia; Eso es colonialismo sin vueltas."

Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de todos los argentinos.