El caso Patti y la confirmación del proceso democrático

Desde el año 2003, el impulso de las causas judiciales en las que se investigan los crímenes cometidos durante el último período de facto, se ha consolidado como política de estado en la República Argentina, con la firme convicción de que el establecimiento de la verdad y el ejercicio de la memoria son pasos fundamentales en la consolidación del Estado de Derecho.

En este sentido, la única vía posible y, a su vez, condición necesaria para esa consolidación, es la investigación de esos hechos mediante la realización de procesos judiciales que observen la plena vigencia de las garantías que el propio sistema jurídico impone. El juicio en el cual fue condenado Luis Abelardo Patti el 14 de abril pasado es una cabal demostración de este paradigma. Patti fue condenado a cadena perpetua por ser hallado culpable de los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y tortura, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad.

Mediante el dictado de esta sentencia, con el grado de verosimilitud que el proceso judicial imprime, la sociedad argentina arrojó luz sobre su historia reciente, confirmando la participación de Patti en tan aberrantes hechos delictivos y descubrió el velo de impunidad que protegía a muchos de estos actores reciclados durante la democracia. En efecto, recuperado el orden constitucional, siniestros personajes como Patti lograron conservar una importante cuota de poder mediante un desnaturalizado empleo de herramientas previstas por el propio sistema democrático con la abierta intención de hacer perdurar ese velo de silencio e impunidad.

Así, en el año 1995, Patti fue elegido intendente del partido de Escobar y, luego, en el año 2005, diputado nacional. La primera reacción del sistema democrático se produjo cuando la Cámara de Diputados de la Nación impidió a Patti asumir su banca después de retirarle sus fueros parlamentarios -con el voto afirmativo de 164 legisladores-. Tal determinación demostró que los responsables de delitos de lesa humanidad no pueden formar parte de un cuerpo cuyo cometido consiste en defender los principios y valores constitucionales y los derechos humanos.

Hoy, a través de esta reciente decisión judicial, se consolidó dicha posición y se dio por tierra el intento de este actor de reciclarse políticamente. El proceso de memoria, verdad y justicia volvió a forjarse en un pilar del estado de derecho democrático, mostrando que no existe otro sistema que el que la Constitución Nacional promueve para resolver las acciones delictivas del pasado y que la única forma de fortalecer el proceso democrático es con los medios, límites y garantías que el mismo impone.

Por Pablo Barbuto (Abogados por la Justicia Social - AJUS - Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)