Cuando la libertad de expresión esconde impunidad comercial

* Por Verónica Tarzia y Luis Villanueva, integrantes de AJUS.

Hace unos días un diario rionegrino presentó una acción legal para que se declare inconstitucional el decreto de la Presidenta de la Nación que prohíbe la publicación de avisos clasificados que promuevan la prostitución. La política del gobierno nacional –plasmada en el decreto- apunta a dos objetivos: combatir el flagelo de la trata de personas y desactivar una práctica históricamente discriminatoria hacia el colectivo de las mujeres. El marco político que sostiene la medida tiene dos pliegues: a) el consenso logrado entre legisladoras y legisladores con los hombres y las mujeres que representan a las organizaciones de la sociedad civil que promueven la equidad de género y la lucha contra la trata de personas; b) la adopción de un marco legal.

Es de conocimiento público que los abogados del “Diario de Río Negro” son los mismos que asisten y representan a empresas del Grupo Clarín en distintas causas judiciales, y se sabe, también, que la intención de declarar inconstitucional el decreto presidencial beneficiaría de manera directa los intereses del Grupo.

Los argumentos esgrimidos en la demanda retrotraen la interpretación constitucional de la protección del principio democrático, la libertad de expresión y el derecho a la igualdad real de oportunidades, a épocas en las que no estaban ni siquiera en discusión las categorías de discriminación arbitraria o la igualdad como principio rector de la actividad gubernamental. Así, la invocación de la libertad de expresión y la libertad de contratación como derechos afectados es fácilmente rebatible con un correcto análisis de los instrumentos de derechos humanos aplicables.

En el caso de los avisos de contactos sexuales no hay un verdadero conflicto entre libertad de expresión y derecho a la igualdad de las mujeres. No puede tratarse a los avisos sexuales como contenidos de libertad de expresión. No obstante, si se quiere entrar en ese debate, existen distinguidas teorías sobre la libertad de expresión que argumentan que esa libertad no puede funcionar de modo que produzca un efecto silenciador sobre un grupo considerado “vulnerable”, porque así se afecta la libertad de expresión de las personas de esos grupos. La intervención y regulación de la libertad de expresión para evitar este tipo de efecto silenciador y proteger la libertad de expresión de las mujeres, está permitida y es aceptable. De acuerdo al argumento anterior, también la prensa tiene una misión en la construcción del espacio para el debate público de políticas y decisiones de Estado. La incorporación de todas las voces a ese debate es condición ineludible para que la democracia sea inclusiva. En consecuencia, la regulación de la libertad de expresión para promover la inclusión de grupos al debate público y la participación en las decisiones públicas es razonable.

Asimismo, además de la propia libertad de expresión de las mujeres –que es el principal argumento para prohibir o regular los avisos de contactos sexuales-, también está en juego el principio de no discriminación. Claramente, la prostitución y toda actividad relacionada, es una consecuencia de la discriminación histórica hacia la mujer. Desde el Estado se deben promover todas las acciones posibles para revertir los efectos de esa desigualdad, incluso, a través de acciones positivas.

La decisión de prohibir o regular la publicación de avisos de contactos sexuales en los medios gráficos es proporcional al fin perseguido, que consiste en proteger la libertad de expresión de las mujeres, promover la inclusión de las mujeres en el debate público, garantizar su derecho a la igualdad y, obviamente, desalentar la trata de personas. Para defender la razonabilidad de la medida también podría argumentarse que los medios de comunicación tienen diversificadas fuentes de ganancias, y que de ningún modo, la restricción a este tipo de ganancias le implica un colapso financiero o le impide la generación de fuentes alternativas para obtener los mismos recursos.

Por último, destacamos la total falta de aporte de datos sobre la cantidad de prostíbulos ilegales que podrían existir en la provincia de influencia del medio, la cantidad de personas que estarían en situación de explotación sexual, la cantidad de denuncias sobre casos de trata de personas que se investigarían, el resultado de esas posibles investigaciones, la situación de independencia o dependencia del sistema judicial en la investigación de estos delitos, la incidencia que esta actividad económica clandestina podría representar, los actores que podrían estar involucrados.

El peligro de que se adopte una decisión judicial que se exprese sobre la mera retórica constitucional –reaccionaria- del Diario de Río Negro involucra no sólo la vigencia del decreto –tan saludable- adoptado por la Presidenta, sino también, el riesgo de que se dé una negación judicial sobre la existencia de redes de explotación sexual y el condicionamiento del plan de vida que implica encontrarse en aquella situación para cualquier ser humano.

El niño y el derecho a la familia

Hoy martes 19 de julio publicamos una columna de opinión en el diario Página 12, referida a uno de los más fundamentales derechos que tiene cualquier chico: formar parte de una familia. La adopción como una posible herramienta legal, y el rol que deberían tener el Derecho y el Estado.

Acá, el artículo.

Jornadas de AJUS para la formación de los adultos mayores en la construcción de sentido social

Sólo la construcción colectiva

nos reivindicará frente a la historia.

Al fin y al cabo todos somos pasantes de la historia.

Néstor Kirchner

Los días 19 y 20 de mayo se realizaron las jornadas de apertura del subprograma del PAMI “Construyendo Ciudadanía”, un proyecto conjunto entre la Obra Social de los jubilados y AJUS para formar a los adultos mayores en su función de referentes zonales, promotores y educadores de derechos. Fueron ciento veinte los abuelos que llegaron desde todo el país a la sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para recibir formación técnica en la defensa de sus derechos de ancianidad.

La estructura federal de AJUS permite responder en forma integral a las necesidades de asistencia local y coordinación general de las proyecciones en materia de educación en derechos civiles y políticos, y el objetivo es que los jubilados funcionen como articuladores en los centenares de centros que el PAMI tiene diseminados a lo largo del territorio nacional.

Las jornadas comenzaron con las palabras del Director de PAMI a nivel Nacional, Luciano Di Césare, quien destacó que uno de los objetivos actuales de la obra social es "llegar a los afiliados de todo el país, entendiendo que las problemáticas existen en todo el territorio, pero que a su vez son particulares en cada región”. El Gerente de Promoción Social y Comunitaria Federico Susbielles agregó que “el Estado está restituyendo los derechos que se habían perdido en los últimos treinta años y hoy los mayores están en el centro de la agenda social”. El abogado de PAMI y miembro de AJUS, Diego Segovia, ofició de coordinador general de la actividad e integró el plantel de formación. Durante la actividad se elaboró un análisis comparativo de la regulación existente en la materia desde la vigencia de la Constitución de 1949 y la situación actual, como así también una reseña histórica que permitiese comprender de manera cabal las conquistas que en materia de protección de derechos se vienen sucediendo en nuestro país.

En ese sentido, se destacó el cambio de paradigma llevado adelante por las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner en relación a la promoción de canales de diálogo entre el Estado y los ciudadanos, en este caso los referentes de los jubilados, para seguir profundizando los logros en materia de derechos.

A lo largo de las jornadas se alternaron breves exposiciones con trabajo en grupos. En la primera jornada, los representantes de AJUS propusieron para el debate conceptos de constitución de ciudadanía, responsabilidad, exclusión y función pública, y para la segunda se debatió acerca de la legislación nacional. Los integrantes de AJUS coordinaron las charlas, rotando por los grupos, con el objeto de abarcar el estudio de las distintas normativas. El trabajo fue acumulativo ya que permitió revisar los conceptos vistos en la jornada anterior, y la rotación enriqueció cada una de las discusiones.

Cada vez que la promoción de derechos implica comunicar y conformar sentido social, resulta sustancial el trabajo con los referentes en el análisis del discurso, para que estén en condiciones de replicarlo en sus comunidades.

En el curso de estas reflexiones surgió que una función específica de la promoción de derechos pasa por el relevamiento de los problemas en distintos grupos, y su cotejo con los relevamientos de otros referentes, para transmitir y darle más fuerza a un planteo. Se trabajó en el modo en que se construye sentido social, y en cómo se aporta a la construcción de una agenda.

El escritor Gilbert Keith Chesterton sostenía que los organismos vigorosos no hablan sino de sus metas, que no existe mejor prueba de la vitalidad de un hombre o de una nación que el hecho de que planee un viaje al fin del mundo. No hay mayor señal de absoluta salud material, dice al autor, que la tendencia a perseguir ideales. En ese sentido, resulta admirable la vitalidad de los adultos mayores, y la necesidad, no sólo por ellos sino por todos, de reforzar su visibilidad. Una participante señaló, muy emocionada, durante las jornadas, que ella se levantaba a la mañana sintiendo que tenía mucho para dar, y que se lo decía a sí misma para darse impulso. Es verdad, a los adultos mayores les sobra vitalidad. Y, con la generosidad que caracteriza al militante, nos la están trasmitiendo.

Durante las dos jornadas nos emocionamos profundamente y aprendimos muchísimo. En los últimos años ha habido un fuerte resurgimiento del interés político en la ciudadanía, con la juventud como principal actor. Y después de compartir las jornadas con los adultos mayores detectamos que no se quedan atrás. La seriedad con la que escucharon las ponencias y la responsabilidad con la que opinaron al respecto, sabiendo que el participar es un derecho que conlleva deberes, poseyendo una capacidad de cambio y receptividad al otro fuera de toda expectativa, merecen una destacada mención de nuestra parte.

El proyecto político que encabeza nuestra Presidenta lleva como norte la transformación cultural. Por eso la ley de medios, que transporta la polifonía a ese ámbito, es de una importancia mayúscula. Los adultos mayores lo percibieron con claridad, y desarrollaron la temática con mucha riqueza. Destacamos, también, su interés en relación a los recursos naturales, conscientes de que en la tarea de la construcción colectiva poco importa si un objetivo uno lo va a ver. También la energía con la que querían delinear la función propuesta y configurar planes de acción para llevarla a cabo. Los participantes se encontraban particularmente interesados en trabajar, a través del contacto a realizar por las UGLs de PAMI, en conjunto con los compañeros de AJUS de las respectivas provincias, desarrollando un trato más estrecho y enfocado a las problemáticas locales.

Sentados en ronda, y conversando, a todos nosotros, pasantes de la historia, la diferencia de años se nos diluyó porque carecía de importancia. Fue ahí, en las jornadas, que nos dimos cuenta. Militantes sociales que confluimos en un momento del tiempo, compartimos experiencias, reflexionamos sobre nuestro pasado y realizamos, colectivamente, los planes de la continuación y la articulación de la lucha.

* por Cecilia Sgrazutti, integrante de AJUS

Avasallan los derechos políticos de las mujeres abogadas

El jueves 14 de abril , en la Asamblea Extraordinaria de la Federación Argentina de Colegios de Abogados se rechazó -en una votación que terminó 40 a 6- la propuesta de incorporar un cupo femenino en las listas para cargos directivos.

Con motivo de ese rechazo, AJUS publicó una nota de opinión en Página 12, que compartimos con ustedes acá.