Junto a Julián Alvarez en el seminario "Interpretación del Derecho en Defensa del Interés Nacional"

El miércoles 1ero. de junio se realizará la conferencia inaugural del Seminario “Interpretación del Derecho en Defensa del Interés Nacional” de la Escuela de Abogados del Estado, a cargo de los doctores Julián ÁLVAREZ, Secretario de Justicia de la Nación, y Norberto BERNER, docente de la Facultad de Derecho, UBA, y miembro de AJUS.

Lugar: Salón de Actos de la Sindicatura General de la Nación, Avenida Corrientes 389, 1er. piso, Capital Federal.

Están todos invitados.

AJUS disertó acerca de los desafíos pendientes en las causas de DDHH

En el marco del ciclo de charlas "Jóvenes Profesionales por la profundización del Proyecto Nacional", la agrupación de Abogados por la Justicia Social (AJUS), junto a NBI -ambos espacios pertenecientes a La Cámpora-, el lunes 30 de mayo, en la facultad de Derecho, disertaron acerca de los desafíos pendientes que los distintos actores de la vida pública tenemos por delante en relación a las causas por violaciones a los derechos humanos que se están juzgando en la Argentina.

Doscientos futuros abogados colmaron el aula, junto a funcionarios nacionales como el Presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, profesores, graduados, no docentes y militantes políticos. Con un afiche de la Presidenta de la Nación estirando el brazo y haciendo la V de la victoria de fondo, durante casi dos horas, tomaron la palabra el candidato a primer legislador por el kirchnerismo porteño, Juan Cabandié, el abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, Dr. Alan Iud, el Juez del Tribunal Oral y Federal Nro. 1 de Mar del Plata, Roberto Atilio Falcone, y Taty Almeida, referente de las Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora. La moderación de la charla estuvo a cargo del Dr. Roberto Zelada, integrante de AJUS.

Iud remarcó que “a algunos represores, cuando les cae encima el peso de la justicia, llamativamente, también les llega la insanía”, y que a pesar de que muchos represores ya están condenados e incluso presos, “hay muchos otros que todavía no han sido ni siquiera procesados”. Subrayó la “dificultad probatoria” que hay para juzgarlos, pero pidió el máximo de los esfuerzos a los fiscales y jueces para sentarlos en el banquillo de los acusados. También dijo que se torna imprescindible la publicidad y difusión de los juicios. “Hay que llenar las salas y darles visibilidad con las herramientas comunicacionales que tenemos al alcance, porque salvo algunas contadas excepciones, los grandes medios no informan acerca de estos juicios de implicancias históricas y relevancia internacional”. Por último, exigió que se amplíen las investigaciones sobre el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, que legitimó no sólo cientos de adopciones ilegales sino también privaciones de la libertad y tormentos.

En la misma línea, y de la mano de una efusiva exposición, el Dr. Falcone destacó que los integrantes del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal han sido cómplices de la impunidad al abstenerse de realizar investigaciones en casos evidentes de violaciones de derechos humanos al rechazar, por ejemplo, los Habeas Corpus que presentaban los familiares de los detenidos-desaparecidos. “Esto obedeció, principalmente, a compromisos contraídos con anterioridad”, y afirmó que para lograr una justicia imparcial resulta indispensable que se aparten de sus cargos a todos los magistrados involucrados con el terrorismo de Estado, “hombres y mujeres que incurrieron en la infracción de los deberes de un funcionario público y que percibían un salario de parte del Estado Nacional”, desatando un alborotado aplauso en el aula.

Taty Almeyda repasó su historia de vida con una sabiduría conmovedora. Destacó que el próximo 17 de junio se cumplen treinta y seis años de la desaparición de su hijo Alejandro, y recordó que las Madres siempre buscaron justicia por vías legales y nunca la venganza por mano propia. Hizo estallar la sala cuando subrayó, silabeando y con el índice levantado, el rol de “nuestro otro hijo”, Néstor Kirchner, “el primer presidente que nos escuchó y recibió en la Casa Rosada, y convirtió en políticas de Estado la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia”. Para cerrar, arengó a los abogados y abogadas a continuar con la lucha y en todo momento los trató de juventud maravillosa.

Por último, Juan Cabandié sostuvo que “la lucha de los organismos de derechos humanos encontró un puente con la institucionalidad impuesta por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner”. Mencionó, también, al referirse a la condena de dieciocho años que recibiese su apropiador hace unos días atrás, la pesada carga que implica para las víctimas de la dictadura que los delitos, al ser de carácter permanente, perduren hasta que sean sancionados, en su caso, treinta y tres años después. También sostuvo que “el gran desafío en el corto, mediano y largo plazo es la institucionalización de la política de derechos humanos y sociales impulsada desde el 2003”, destacando que para lograr estos objetivos de manera integral, resulta indispensable que “toda la juventud participe y se involucre en la política”.

El rumbo de la esperanza

A raíz de las declaraciones púbicas que hiciese el ex Presidente Duhalde el 27 de mayo en la provincia de Tucumán, el diario Miradas al Sur publicó una columna de opinión de AJUS.

Acá, la nota.

Lanzamiento de AJUS La Plata

El martes 31 de Mayo se presentan públicamente los Abogados por la Justicia Social de la ciudad de la Plata.

El lanzamiento se producirá en un encuentro junto a Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria y abogado de la CGT, y en el marco de un ciclo de charlas denominado "El movimiento obrero y el Proyecto Nacional", en el que se debatirá sobre el proyecto de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

Acerca del juez tucumano que le tiene fobia a las mujeres

Una vez más se han explicitado públicamente manifestaciones que pretenden denostar a la mujer por su sola condición de tal, en este caso de parte de una persona que ostenta un alto cargo en el Poder Judicial, el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, René Mario Goane. "Van a decir que soy un fóbico de las mujeres, pero desde que se intensificó el ingreso de personal femenino (a las dependencias judiciales) se trabaja menos tiempo, mal que le pese a la doctora Carmen Argibay (vocal de la Corte de la Nación), que creó una oficina de género que discrimina a los varones".

La Ley 26.485 sobre Violencia de Género, en concordancia con los Tratados Internacionales en esa materia, en particular, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, establece la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia y la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, con lo cual, la conducta de este magistrado se constituye en una de las acciones previstas por el artículo 4º de la ley.

La violencia contra las mujeres es toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Estamos hablando de las conductas perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

Las instituciones se integran con las personas que las conforman, y los jueces son parte de una sociedad como la nuestra en la que, si por un lado suele no visibilizarse la necesidad de transformar antiguas prácticas de disciplinamiento hacia las mujeres, por otra parte vastos sectores asistimos a una profunda transformación social y cultural con la que estamos comprometidos, lo cual exige rebatir de manera sistemática el discurso violento de género y toda otra forma de discriminación hacia cualquier miembro de la comunidad.

Celebramos la exigencia de retractación que realizase el INADI contra el magistrado, y que mediante la denuncia se le haya solicitado al Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Tucumán que instruya medidas de sensibilización y capacitación en materia de género para funcionarios como el juez Goane, que puso de manifiesto una cultura machista y paternalista que definitivamente debe ser superada por nuestra sociedad, para el efectivo goce de los derechos de todas y todos.

Juicio y castigo o plebiscito e impunidad

La discusión sobre si se pueden amnistiar las graves violaciones a los derechos humanos vuelve a ser noticia a raíz del intento fallido que hiciese el Congreso uruguayo por anular la Ley de Caducidad de 1986.

El problema que enfrenta la norma consiste en que en la actualidad, en el derecho internacional, ya no existen dudas de que tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto tienen el derecho a que se inicien procesos en procura del esclarecimiento de los hechos y el castigo a los culpables.

En este sentido, ya en 1974 al analizar el caso de la dictadura de Pinochet la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que los Estados tienen la obligación de investigar las violaciones de derechos humanos en casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y sancionar a los responsables. En el caso concreto de Uruguay, en 1992 le recomendó que dejase sin efecto la Ley de Caducidad porque violaba las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. A la misma conclusión llegó el Comité de Derechos Humanos en 1993 y la Corte Interamericana en el reciente “Caso Gelman”.

El Tribunal ha sido categórico: los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía. El Estado uruguayo, de todas maneras, se niega a derogar la amnistía en virtud de que su vigencia ha sido reafirmada por la población en dos oportunidades -el referéndum de 1989 y la “iniciativa popular” de 2009- por lo que se vulneraría la voluntad del Pueblo en caso de cumplir con la sentencia que obliga a investigar los delitos cometidos por las fuerzas armadas entre 1973 y 1985.

Y acá queremos señalar dos cuestiones. Uno: la democracia no garantiza por sí misma el permanente respeto de los derechos humanos, y las medidas plebiscitadas están limitadas por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos. En este sentido, a nadie se le ocurriría plebiscitar la tolerancia de la discriminación racial o la tortura en las cárceles. Dos: Uruguay decidió soberanamente ratificar tratados de derechos humanos. Ello implica que si la Corte Interamericana le ordenó dejar sin efecto la Ley de Caducidad para combatir la impunidad, no puede invocar disposiciones de derecho interno -en este caso, el resultado de una consulta popular- para incumplir con su obligación internacional. La única alternativa que le quedaría al Estado es no cumplir y esperar a que la OEA no lo sancione (un escenario inimaginable por las consecuencias que implicaría la decisión y, fundamentalmente, por desmerecer e ir claramente en contra de los valores que los Estados miembros de la UNASUR han venido promoviendo desde el momento de su creación).

* Por Sebastián Alejandro Rey, integrante de AJUS

Charla sobre la los desafíos pendientes en las causas sobre violaciones de DDHH

Lunes 30 de mayo, 18.30 horas
Facultad de Derecho de la UBA, Figueroa Alcorta 2263
Aula 1 de Extensión

En el marco del ciclo de charlas "Jóvenes Profesionales por la profundización del Proyecto Nacional" que ofrece la agrupación de Abogados por la Justicia Social, se disertará acerca de los desafíos pendientes que tenemos desde el campo nacional y popular, en relación a las causas por violaciones a los Derechos Humanos en la Argentina, y su histórico avance y produndización.

La mesa estará conformada por:
* Juan Cabandié, nieto recuperado y legislador del Encuentro Popular para la Victoria
* Dr. Alan Iud, Abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo
* Roberto Atilio Falcone, Juez del Tribunal Oral Federal N°1 de la ciudad de la Plata
* Taty Almeyda, referente de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora

Los dinosaurios ya no tienen lugar en nuestra democracia

Desde AJUS repudiamos las salvajes declaraciones públicas de José Luis Lamanna, ex vocero oficial del Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la CABA, Guillermo Montenegro, quien atacó a Juan Cabandié como militante político primero, nieto recuperado por la democracia después, para finalmente traspasar los límites de lo tolerable al acusar al Estado Nacional de hacer negocios con los juicios por delitos de lesa humanidad.

Nos parece gravísimo que desde la fuerza política que gobierna nuestra ciudad se contrate a personajes nefastos como Lamanna, quien no sólo ofendió la figura de nuestro compañero Cabandié, legislador de la Ciudad elegido por el voto popular, sino también la memoria colectiva de un pueblo que sufrió el más canalla de los genocidios.

Las torturas, señor Lamanna, el robo de bebés -como Juan-, los asesinatos y las desapariciones forzadas, formaron parte de la implementación a sangre y fuego de un plán económico del que todavía hoy estamos sufriendo consecuencias. Las patotas armadas sí hacían negocios con las propiedades, automóviles y objetos personales de los secuestrados, señor Lamanna, y acusar al Gobierno Nacional de usufructuar con los juicios de los delincuentes que usted defiende, lo convierte en un cómplice.

Quienes sufrimos la impunidad que imperó durante muchos años en nuestro país, encontramos en el proceso político iniciado en mayo de 2003 no sólo un espacio donde participar activamente tal cual lo hiciesen muchos de nuestros padres, si no también un gobierno que anuló las leyes del Perdón y que impulsó la apertura de los juicios contra los represores que hoy están tras las rejas del Penal de Marcos Paz. Los hijos e hijas de desaparecidos que participan del proyecto político nacional y popular que encabeza la Presidenta de la Nación, lo hacen con alegría y convicción, llevando en alto las mismas banderas por las que dieron la vida sus padres.

Jornadas de AJUS para la formación de los adultos mayores en la construcción de sentido social

Sólo la construcción colectiva

nos reivindicará frente a la historia.

Al fin y al cabo todos somos pasantes de la historia.

Néstor Kirchner

Los días 19 y 20 de mayo se realizaron las jornadas de apertura del subprograma del PAMI “Construyendo Ciudadanía”, un proyecto conjunto entre la Obra Social de los jubilados y AJUS para formar a los adultos mayores en su función de referentes zonales, promotores y educadores de derechos. Fueron ciento veinte los abuelos que llegaron desde todo el país a la sede de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, para recibir formación técnica en la defensa de sus derechos de ancianidad.

La estructura federal de AJUS permite responder en forma integral a las necesidades de asistencia local y coordinación general de las proyecciones en materia de educación en derechos civiles y políticos, y el objetivo es que los jubilados funcionen como articuladores en los centenares de centros que el PAMI tiene diseminados a lo largo del territorio nacional.

Las jornadas comenzaron con las palabras del Director de PAMI a nivel Nacional, Luciano Di Césare, quien destacó que uno de los objetivos actuales de la obra social es "llegar a los afiliados de todo el país, entendiendo que las problemáticas existen en todo el territorio, pero que a su vez son particulares en cada región”. El Gerente de Promoción Social y Comunitaria Federico Susbielles agregó que “el Estado está restituyendo los derechos que se habían perdido en los últimos treinta años y hoy los mayores están en el centro de la agenda social”. El abogado de PAMI y miembro de AJUS, Diego Segovia, ofició de coordinador general de la actividad e integró el plantel de formación. Durante la actividad se elaboró un análisis comparativo de la regulación existente en la materia desde la vigencia de la Constitución de 1949 y la situación actual, como así también una reseña histórica que permitiese comprender de manera cabal las conquistas que en materia de protección de derechos se vienen sucediendo en nuestro país.

En ese sentido, se destacó el cambio de paradigma llevado adelante por las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner en relación a la promoción de canales de diálogo entre el Estado y los ciudadanos, en este caso los referentes de los jubilados, para seguir profundizando los logros en materia de derechos.

A lo largo de las jornadas se alternaron breves exposiciones con trabajo en grupos. En la primera jornada, los representantes de AJUS propusieron para el debate conceptos de constitución de ciudadanía, responsabilidad, exclusión y función pública, y para la segunda se debatió acerca de la legislación nacional. Los integrantes de AJUS coordinaron las charlas, rotando por los grupos, con el objeto de abarcar el estudio de las distintas normativas. El trabajo fue acumulativo ya que permitió revisar los conceptos vistos en la jornada anterior, y la rotación enriqueció cada una de las discusiones.

Cada vez que la promoción de derechos implica comunicar y conformar sentido social, resulta sustancial el trabajo con los referentes en el análisis del discurso, para que estén en condiciones de replicarlo en sus comunidades.

En el curso de estas reflexiones surgió que una función específica de la promoción de derechos pasa por el relevamiento de los problemas en distintos grupos, y su cotejo con los relevamientos de otros referentes, para transmitir y darle más fuerza a un planteo. Se trabajó en el modo en que se construye sentido social, y en cómo se aporta a la construcción de una agenda.

El escritor Gilbert Keith Chesterton sostenía que los organismos vigorosos no hablan sino de sus metas, que no existe mejor prueba de la vitalidad de un hombre o de una nación que el hecho de que planee un viaje al fin del mundo. No hay mayor señal de absoluta salud material, dice al autor, que la tendencia a perseguir ideales. En ese sentido, resulta admirable la vitalidad de los adultos mayores, y la necesidad, no sólo por ellos sino por todos, de reforzar su visibilidad. Una participante señaló, muy emocionada, durante las jornadas, que ella se levantaba a la mañana sintiendo que tenía mucho para dar, y que se lo decía a sí misma para darse impulso. Es verdad, a los adultos mayores les sobra vitalidad. Y, con la generosidad que caracteriza al militante, nos la están trasmitiendo.

Durante las dos jornadas nos emocionamos profundamente y aprendimos muchísimo. En los últimos años ha habido un fuerte resurgimiento del interés político en la ciudadanía, con la juventud como principal actor. Y después de compartir las jornadas con los adultos mayores detectamos que no se quedan atrás. La seriedad con la que escucharon las ponencias y la responsabilidad con la que opinaron al respecto, sabiendo que el participar es un derecho que conlleva deberes, poseyendo una capacidad de cambio y receptividad al otro fuera de toda expectativa, merecen una destacada mención de nuestra parte.

El proyecto político que encabeza nuestra Presidenta lleva como norte la transformación cultural. Por eso la ley de medios, que transporta la polifonía a ese ámbito, es de una importancia mayúscula. Los adultos mayores lo percibieron con claridad, y desarrollaron la temática con mucha riqueza. Destacamos, también, su interés en relación a los recursos naturales, conscientes de que en la tarea de la construcción colectiva poco importa si un objetivo uno lo va a ver. También la energía con la que querían delinear la función propuesta y configurar planes de acción para llevarla a cabo. Los participantes se encontraban particularmente interesados en trabajar, a través del contacto a realizar por las UGLs de PAMI, en conjunto con los compañeros de AJUS de las respectivas provincias, desarrollando un trato más estrecho y enfocado a las problemáticas locales.

Sentados en ronda, y conversando, a todos nosotros, pasantes de la historia, la diferencia de años se nos diluyó porque carecía de importancia. Fue ahí, en las jornadas, que nos dimos cuenta. Militantes sociales que confluimos en un momento del tiempo, compartimos experiencias, reflexionamos sobre nuestro pasado y realizamos, colectivamente, los planes de la continuación y la articulación de la lucha.

* por Cecilia Sgrazutti, integrante de AJUS

Sobre la participación del Estado como accionista en SIDERAR

La actual Ley de Sociedades dispone que pueden haber diversas clases de accionistas, con derechos diferentes, pero que dentro de cada clase todos tendrán las mismas facultades. Toda disposición contraria no tiene validez porque vulnera el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional. En consecuencia, tanto el orden legal como el sentido común establecen -aunque algunos prefieran olvidarlo convenientemente- que los socios participan de las ganancias y soportan las perdidas en la medida del capital que poseen.

Sólo en casos excepcionales puede justificarse que el Estado limite el derecho de alguno de los accionistas. Un caso paradigmático se dio cuando las presiones del poder financiero, y la gentil permeabilidad del poder político de la época, coincidieron en convertir al sistema provisional gestionado por el Estado en un negocio rentable para algunos grupos económicos. En esa línea, al crearse el sistema de las AFJP se limitó el derecho político de las empresas financieras al momento de votar en las asambleas de accionistas en las que tuvieran acciones. ¿Cuál fue la situación excepcional? Prevenir que grupos financieros -generalmente extranjeros- no ejercieran un control sobre las empresas y obtuvieran, por ejemplo, información privilegiada. Queda claro que la limitación fue extraordinaria. Considerando que los administradores de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones eran empresas financieras de carácter privado y trasnacionales, la norma intentaba que los sectores financieros con fondos de los trabajadores argentinos obtuvieran mayores ventajas ejerciendo una actividad que no era la que les correspondía. Ya sabemos que fue tan sólo una formalidad, que esa forma arbitraria de manejar los aportes derivó en el rotundo fracaso del sistema de AFJP.

Al momento de recuperar el Estado la administración de los fondos de los trabajadores -con la sanción de la Ley Nro. 26.425 que creó el Sistema Integrado Provisional Argentino- la situación extraordinaria desapareció, ya que el Estado no es ni trasnacional ni un grupo privado financiero. La historia jurídica argentina demuestra que el Estado puede ser socio de empresas privadas en cualquier porcentaje, por lo que desaparecida la razón excepcional, debe volverse a la situación estándar. Por ende, el Estado al tener las mismas obligaciones que los tenedores privados de acciones debe tener los mismos derechos. Más aún, cuando las utilidades que debe percibir el Estado en su carácter de socio tienen una finalidad social concreta, como es la de llegar a la ciudadanía a través de las medidas de inclusión que se vienen desarrollando desde el año 2003, como la Asignación Universal por Hijo, para citar un caso.

Al no derogarse expresamente el inciso f) del artículo 76 de la Ley Nro. 24.241 -pese a que estamos convencidos de que fue derogado tácitamente-, existía un conflicto potencial ante la interpretación por parte de las empresas de que el tope del 5% del derecho a voto también era aplicable al Estado Nacional. Cuando el tema fue planteado en diversas asambleas de accionistas, en ningún momento las empresas esgrimieron como argumento una supuesta injerencia estatal anormal o exorbitante, solo sostuvieron que, para ellos, aun seguía vigente la limitación del mentado inciso f).

Por otra parte, los decretos de necesidad y urgencia fueron introducidos en la Constitución Nacional a partir de la Reforma de 1994, por lo que es una herramienta institucional válida para modificar una ley, con el control legislativo que permitirá el debate que reclama SIDERAR, por ejemplo, sin perjuicio de los derechos adquiridos durante su vigencia. La urgencia que justifica en este caso el dictado del Decreto Nro. 441/11 por parte del Poder Ejecutivo es, precisamente, asegurar la participación del accionista ANSES-FGS a través del voto en las asambleas generales ordinarias de las empresas, que se deben celebrar cuatro meses después del cierre del ejercicio económico. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de las empresas en que la ANSES- FGS posee acciones cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año, por lo que deben celebrar su Asamblea General Ordinaria antes del 30 de abril de cada año. La negativa hasta el momento de SIDERAR ha originado que todavía no se hayan podido ejercer los derechos de todos los argentinos respecto del destino de más de 6.500 millones de pesos que SIDERAR mantiene como resultados no asignados sin destinarlos ni a dividendos ni a inversiones. Si existe un motivo de necesidad y de urgencia, éste, sin duda, es uno de ellos.

En definitiva el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales aseguró con el dictado de este decreto la efectiva y oportuna representación de los intereses de todos los y las contribuyentes en las decisiones que se tomen en las empresas donde posee una significativa proporción de acciones.

*por Ana Wuler y Gonzalo M. Nazar, integrantes de AJUS

¿Quién debe investigar?

Publicamos una columna de opinión en el Página 12 de hoy jueves, acerca de la introducción en el Código Penal de la Nación del delito de Desaparición Forzada.

Acá.

Clarín miente y la Cámpora construye y dignifica

El pasado 6 de mayo la comunidad Qom levantó el campamento que mantenía en pleno centro porteño debido a un conflicto por la propiedad de tierras en su provincia, Formosa. Fue notable cómo el grupo Clarín, a partir de las declaraciones de una dirigente, sin poner el cuerpo en el lugar de los hechos y comprobar los dichos de la fuente, utilizó la información para hacer una nueva operación de prensa contra el Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque, acusándolo de haber apretado a los manifestantes para lograr su desalojo.

Los métodos violentos nunca formaron parte de la construcción política de La Cámpora. Todo lo contrario. Como dice la compañera Presidenta de la Nación, la juventud está participando de manera activa en la vida pública nacional, no contra alguien, sino por la construcción de un país inclusivo; con amor y no con odio, señores.

Desde AJUS manifestamos nuestro más profundo repudio a la sistemática embestida mediática que el grupo profiere contra el compañero Larroque y la organización política que conduce, y destacamos con letras mayúsculas su participación en la negociación que se llevase adelante entre el Estado Nacional, la provincia de Formosa y los miembros de “La Primavera”, para resolver el conflicto social.

Adjuntamos las declaraciones del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la propia comunidad Qom, desmintiendo la operación de prensa del dispositivo mediático opositor. También algunas imágenes.

http://www.florenciorandazzo.com.ar/news/03_qom/NEWS_FR_03.html

http://www.agenciapacourondo.com.ar/kirchnerismo/3408-fotos-del-qviolentoq-
desalojo-a-los-qom.html


http://www.agenciapacourondo.com.ar/derechos-humanos/3403-el-cels-y-felix-diaz-
aclaran-que-el-levantamiento-del-acampe-de-la-comunidad-qom-fue-voluntario.html

http://www.agenciapacourondo.com.ar/derechos-humanos/3379-la-comunidad-qom-
desmiente-a-nora-cortinas.html

Mil Margaritas. Prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén.

A 35 años de ocurridos los hechos, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó ayer a 8 militares a la pena de prisión perpetua por el fusilamiento de al menos 15 detenidos políticos, hecho conocido como la masacre de Margarita Belén.

El Tribunal los consideró coautores de homicidio agravado por alevosía y por el número de partícipes en perjuicio de 11 víctimas en concurso real con el delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo de 4 víctimas que se encuentran desaparecidas. Por su parte, el único ex oficial de policía de la provincia de Chaco que permanece con vida fue absuelto por una alegada insuficiencia probatoria.

Aún cuando resta el dictado de los fundamentos de la sentencia, ayer se reconoció judicialmente que el 13 de diciembre de 1976, al menos a 15 militantes políticos detenidos en la Alcaidía policial de Resistencia fueron trasladados en una columna conformada por oficiales del ejército y de la policía de Chaco hasta una zona cercana a la localidad de Margarita Belén y fusilados al costado de la ruta nacional N° 11. El operativo se llamó “Encubrimiento rojo” y la orden fue dada por el fallecido general de brigada Cristino Nicolaides, a cargo del comando de la VII brigada de ejército.

La coartada de los imputados fue que presentar los hechos como si se hubiera tratado de un traslado de presos desde Resistencia al penal de la ciudad de Formosa; que durante el mismo, la columna fue atacada por desconocidos cerca de Margarita Belén con el objeto de rescatar a los trasladados; que no hubo homicidios sino muertes en enfrentamiento; y que las 4 víctimas que continúan desaparecidas lograron fugarse. Esta modalidad de aniquilamiento de militantes políticos detenidos durante la última dictadura fue conocida como Ley de fugas. Se utilizaba cuando los detenidos estaban blanqueados, a disposición de la justicia federal o del poder ejecutivo.

Las sentencias en las causas Palomitas de Formosa, Unidad penitenciaria 1 de Córdoba, Dupuy de La Plata, Fátima de provincia de Buenos Aires confirman la utilización de estos procedimientos por parte de las fuerzas armadas y existen otras investigaciones por hechos similares que aún no han sido llevadas a juicio. Respecto de la causa Margarita Belén, se investigan casos que aún no fueron juzgados.

Esta modalidad no podría haberse extendido sin la colaboración de funcionarios del poder judicial, que empiezan a ser investigados en nuestro país.

En las palabras dirigidas al Tribunal antes de la sentencia, algunos de los acusados reivindicaron sus conductas, aseguraron que las realizaron en el marco de una guerra no convencional, y desconocieron la autoridad del Poder Judicial para juzgarlos ya que se consideran vencedores de esa guerra. Uno de ellos expresó que “prueba de ello es que Argentina no es Cuba”. La hipótesis de que en Argentina existió un conflicto armado interno ha sido rechazada por la totalidad de los tribunales que han juzgado los crímenes contra la humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

Ello, que surge del conocimiento social que pretendió ser acallado a través de mecánicas como la descripta -y que recién hoy logramos juzgar-, también es criterio de la Corte Suprema y tribunales internacionales. Proclamarse vencedor de una guerra inexistente para evitar ser responsabilizado por los crímenes cometidos no sólo es una deshonra a las fuerzas armadas y de seguridad, sino un error de concepción de su misión: una victoria tal, que demanda del hombre la inhumanidad y el envilecimiento, no puede nunca ser victoria. Es una afrenta a la dignidad. Una derrota que la humanidad sólo desanda con cada acto de justicia.

* por Alicia Landaburu, integrante de AJUS (Abogados por la Justicia Social)

Martes 17 de mayo 18 hs. Todos al Palacio de Tribunales.

El 30 de abril de 2001, a raíz de una presentación de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, se inicia la causa que cumple 10 años de trámite y que da cuenta de varias denuncias según las cuales Marcela y Felipe Noble Herrera podrían ser hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico - militar.

A lo largo de la investigación llevada a cabo por el ex juez federal Roberto Marquevich, se verificaron irregularidades en los procedimientos de adopción de Marcela y Felipe. Respecto de Marcela, Ernestina Herrera de Noble aseguró ante la jueza que otorgó la adopción, Ofelia Hejt, que “…el día 2/5/76 sintió llorar en la puerta de su casa a un bebé … que se hallaba dentro de una caja de cartón y era de sexo femenino … la recogió y mantuvo en su hogar”. En el expediente se corroboró que los testigos del supuesto hallazgo no eran, como dijo, sus vecinos, sino sus empleados.

Respecto de Felipe, que también fue entregado a Ernestina Herrera por la jueza Hejt, surge del expediente de adopción que el 7 de julio de 1976, una mujer llamada Carmen Luisa Delta se presentó en el mismo juzgado con “intención de entregar a su hijo con fines de adopción”. La justicia pudo comprobar que esa persona no existe y que el número de cédula corresponde a un hombre.

El primer estudio genético fue dispuesto el 17 de diciembre de 2002, y aún se encuentra pendiente de ejecución. En el camino, el Consejo de la Magistratura destituyó a Marquevich el 8 de junio de 2004 por haber ordenado la detención de Ernestina Herrera de Noble y “haber denegado la excarcelación de la señora De Noble de modo arbitrario y con términos impropios”.

Desde el 30 de septiembre de 2004, la Cámara Federal de San Martín no sólo ha reiterado el deber de practicar “sin más demoras” la peritación genética pendiente, sino que el 27 de abril de 2010 dispuso el apartamiento del juez Bergesio -quien sustituyó a Marquevich-, en virtud de la “inexplicable demora” en la realización del peritaje “tantas veces postergado”, y necesario a fin “de destrabar el estancamiento definitivo del proceso”.

La investigación fue asumida desde entonces por la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien luego de recibir la negativa de las víctimas a la entrega voluntaria de material genético, ordenó allanamientos y requisas personales que no resultaron fructíferas. Pudo determinarse que las muestras recogidas habían sido fraguadas, por lo que ordenó una nueva extracción. El 26 de mayo próximo habrá una audiencia en la Cámara de Casación para resolver una vez más un planteo de los abogados de las víctimas por el que se impidió la extracción del material necesario y, con ello, la averiguación de la verdad.

AJUS adhiere a la convocatoria de Abuelas para que mañana nos reunamos todos frente al Palacio de Tribunales con el objetivo de conocer la identidad de los nietos apropiados durante la dictadura. No sólo por Marcela y Felipe, sino también por todos los jóvenes que aún viven sin conocer su historia, sin saber quiénes son. Sin saber quiénes somos.

Repudio a las declaraciones del titular de la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa ha visitado recientemente nuestro país con el cometido de expedirse sobre la libertad de expresión en la Argentina.

La SIP es un cartel de los grandes dueños de los medios de comunicación del continente -basta consultar su página web para encontrar que el Secretariado hoy es asumido por Bartolomé Mitre del Diario La Nación-, que tiene entre sus objetivos declarados la defensa de la libertad de prensa y la protección de los intereses de la prensa, al mismo tiempo que deja en claro su tinte neoliberal, cuando dice “alentar un conocimiento amplio y un mayor intercambio de información entre los pueblos de las Américas en apoyo a los principios básicos de una sociedad libre y de la libertad individual”.

La utilización y apropiación de la carga emotiva de ciertas palabras, como la libertad, por ejemplo, asociada al concepto de individualismo para potenciar a este último, es una técnica usual para fomentar esta ideología que, desarrollada y llevada adelante a cualquier costo, propició las más cruentas dictaduras militares en América Latina.

La manipulación de la emotividad a través del lenguaje no es nueva ni exclusiva de estos sectores, y el caso de términos como libertad muestra sin ambages esa característica. “El trabajo libera” se leía en la puerta de ingreso a uno de los campos de concentración de Auschwitz. La orientación y la carga ideológica que pretende imprimirse a las palabras deben interpretarse del conjunto de manifestaciones, pero principalmente del conjunto de hechos que rodean a quien emite esas manifestaciones.

Así, si repasáramos algunas manifestaciones y el accionar de los miembros de la SIP, advertiremos que, como una brújula que apunta siempre hacia el sur, la entidad cuestiona las medidas tendientes a sumar voces al espectro comunicacional y apoya, mediante la omisión, el silencio o la arenga a la indiferencia, las medidas destinadas a configurar un discurso único.

La Presidencia de la SIP durante el año 2000 fue ejercida por Danilo Arbilla, quien se desempeñó como funcionario de prensa de la última dictadura militar en Uruguay; La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos en Chile relata el silencio y, en algunos casos, el apoyo de la SIP a las dictaduras militares en América Latina; Huelga recordar su reciente actuación frente al golpe de Estado en Honduras.

Nuestro país, en cambio, recibió en 1978 una visita de la SIP que realizó un informe crítico de la junta militar. Las condiciones en las que se encontraba la Argentina en aquel tiempo eran muy distintas de las actuales.

Pese a ello, otra conformación de la SIP, desde el 2008 a esta parte, ha tomado partido por la omisión de la discusión de una ley democrática de Servicios de Comunicación Audiovisual beneficiando de este modo a las grandes corporaciones monopólicas de medios, es decir, Clarín y La Nación.

A tono con lo dicho, en su última visita, la SIP expresó con grandilocuencia su profunda preocupación porque “las evidencias recabadas ratifican nuestros informes sobre que la libertad de prensa está en un proceso de deterioro en Argentina”. Esa fue la conclusión de la SIP luego de haberse reunido con la vicepresidenta de la CSJN, Elena Highton de Nolasco; el presidente de la Comisión Episcopal para Medios de Comunicación Social, arzobispo de Mercedes-Luján Agustín Radrizzani y el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, padre Jorge Oesterheld; los periodistas Luis Majul, José Ignacio López, Magdalena Ruiz Guiñazú, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Carlos Jornet, Julio Rajneri, Hugo Grimaldi y Daniel Dessein; y los directivos de medios Jorge Fontevecchia y Gustavo González, de Editorial Perfil, Bartolomé Mitre y Fernán Saguier, de La Nación y Héctor Magnetto y Héctor Aranda de Clarín, entre otros.

Sus conclusiones, entonces, se derivan de haberse reunido, no sólo, con integrantes de los periódicos que fueron cómplices de la dictadura militar, sino que algunos de ellos son hoy investigados, o comienzan a serlo, por su participación en el caso Graiver (Papel Prensa) y el caso Noble Herrera en el que la Directora del diario Clarín es investigada por la posible apropiación de dos niños hijos de desaparecidos.

Consultado sobre el caso de Marcela y Felipe Noble Herrera, el titular de la SIP, Gonzalo Marroquín, respondió que no le correspondía expedirse sobre un “asunto de familia”.
Se advierte, de esta manera, cómo los poderes económicos poseedores de los medios masivos de comunicación forman parte del entramado de complicidades y apoyo a quienes fueran el brazo civil de la dictadura.

En efecto, para poder mantener como “asuntos de familia” o generar un ideario social que pueda preservar o tolerar siquiera, desde esta concepción descarada, al robo sistemático de bebés por parte de organismos estatales se necesita, entre otras cosas, acallar las distintas voces que puedan tener lugar en los medios de comunicación y unificar el discurso. La polifonía que promueve hoy la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, no deja lugar a una ficción tal, resulta insostenible.

La pretendida ignorancia o invisibilización de las cosas más evidentes ha sido y sigue siendo una de las herramientas para el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.

Así, se entiende perfectamente que quienes se oponen a la amplitud del discurso, son los mismos que pretenden considerar acciones de la esfera privada, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

Compartimos con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo que estas manifestaciones “son ofensivas e inaceptables” y que “la SIP ataca a la democracia y a los derechos humanos”. Agregamos además que forman parte de una metodología de encubrimiento sistemático, por lo que desde AJUS expresamos nuestro más profundo repudio.

Por Daniela Arcuri y Cecilia Sgrazutti, miembros de AJUS
Publicada en la edición del día de hoy de Tiempo Argentino. La nota, acá .

Las cenizas de la traición

Luis Francisco Miret dejó de ser juez el último 11 de marzo. Un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó por haber entendido que algunas de las conductas por las que fue acusado, constituyen mal desempeño de sus funciones.

El procedimiento de remoción fue abierto el 16 de septiembre de 2010, cuando Miret aún era juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, y se fundamentó sobre cinco cargos: 1) no haber investigado los delitos de acción pública denunciados a fines de 1975 por aquellos imputados que habían sido detenidos en el marco de la ley de actividades subversivas; 2) no haber investigado las lesiones que presentaba uno de esos imputados como producto de un disparo de arma de fuego que había recibido al ser detenido; 3) no haber investigado la violación de una detenida, menor de edad, e incumplido, en consecuencia, con el régimen legal de minoridad vigente; 4) no haberse excusado de intervenir en un expediente en el que se investigaban hechos ocurridos durante el período 1976-1983, a pesar de mantener una estrecha amistad con uno de los señalados como partícipes; y 5) haber dispuesto, en 1987, el archivo de un expediente en el que se investigaba la desaparición de una pareja y la sustracción y sustitución de identidad de su hija de ocho meses de edad, amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pese a que ésta última norma excluía, de manera expresa, los casos de sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil.

Cabe aclarar que las detenciones realizadas por infracción a la ley que penalizaba actividades consideradas subversivas, convalidadas por Miret, incluyeron torturas, alojamiento en centros clandestinos de detención y la supresión de las garantías constitucionales que protegen a los imputados por cualquier tipo de delito.

A partir de la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, Miret se convirtió en el primer juez destituido por hechos vinculados con el terrorismo de Estado. Debe enfrentar, también, la investigación de la Justicia Federal de Mendoza por su presunta responsabilidad penal en relación a treinta y cinco hechos delictivos, entre ellos, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y robos, por los que fue procesado el viernes 18 de marzo. En este sentido, a medida que los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar avanzan, se empieza a poner luz sobre la hasta ahora ensombrecida participación de la corporación judicial en la represión. Por ejemplo, el caso de Otilio Roque Romano, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, también procesado por su presunta participación en setenta y seis hechos de secuestros, torturas y homicidios cometidos en esa provincia entre 1975 y 1983, y al borde de la suspensión por su actuación como fiscal en aquella época, al igual que Guillermo Max Petra, quien enfrenta una imputación por veintidós hechos de la mismas características.

Lo prominente es que los testimonios que los sobrevivientes están dando en los juicios comienzan a redefinir el comportamiento del Poder Judicial durante la dictadura, y desdibujan la divulgada imagen de impotencia de los jueces ante la maquinaria de terror, contorneándose una nueva, congruente con las resoluciones retardatarias que intentan impedir el avance de los juicios. Por este motivo, si bien AJUS saludamos la idea de crear, en el ámbito de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, una subcomisión que nuclee las investigaciones de la actuación judicial vinculada al terrorismo de Estado, entendemos que la dinámica corporativista, caracterizada por el clientelismo, el estatus y la jerarquía, no es propiedad exclusiva del período dictatorial sino que la precede y abona.

Por eso se torna urgente afianzar el proceso de democratización y apertura del Poder Judicial a través de la participación de los ciudadanos representados, en este caso, por los consejeros y el jurado. Y es por eso, también, que el fallo resulta trascendente por sus consideraciones específicas, primero, pero sobre todo porque de una vez por todas responde a la participación de la sociedad en uno de los órganos de gobierno del Estado. La opacidad del Poder Judicial impidió conocer las acciones de aquellos funcionarios judiciales que perjudicaron el servicio de justicia, nos deshonraron como argentinos e impidieron el ejercicio de derechos y garantías constitucionales.

Nosotros, con las cenizas de la traición, seguimos construyendo la patria de los humildes.

por Alicia Landaburu, integrante de AJUS

AJUS en La Pampa

Hoy jueves 5 de mayo AJUS participará de una charla, en la provincia de La Pampa, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otros espacios del campo Nacional y Popular, acerca del cambio de paradigma que implican los juicios por delitos delitos de lesa humanidad que se vienen llevando adelante desde la derogación de las leyes de impunidad en el año 2003.

Exigimos el apartamiento del Fiscal Juan Martín Romero Victorica

Expresamos nuestro más enérgico repudio a la conducta del Fiscal Juan Martín Romero Victorica en relación a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período 1976-1983, y en particular, rechazamos, la impunidad con la que se manifiesta públicamente a favor de la dictadura cívico-militar. Es por ello que exigimos su inmediata suspensión y posterior apartamiento del cargo público.

No puede dejar de subrayarse la función que la complicidad civil tuvo en la perpetración y sostenimiento del terrorismo de Estado, en especial, la colaboración de un sector de operadores de la Justicia que encubrieron de manera deliberada las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es muy grave que muchos de ellos aún se desempeñen en el ámbito de la magistratura como jueces y fiscales. Mediante prácticas dilatorias de ocultamiento y tergiversación, y escudándose en ritualismos procedimentales, estos operadores han sido cómplices del más cruento genocidio llevado a cabo en la República Argentina.

La necesidad de contar con un sistema de administración de justicia asentado en bases profundamente democráticas requiere el apartamiento de personas que, como Romero Victorica, ejercen su función sin guardar debido respeto hacia los justiciables, las víctimas de la dictadura cívico – militar y la sociedad en general, en detrimento de los derechos humanos y el sistema democrático.

Enlace a nota en Tiempo Argentino
Enlace a nota en Página 12

Avasallan los derechos políticos de las mujeres abogadas

El jueves 14 de abril , en la Asamblea Extraordinaria de la Federación Argentina de Colegios de Abogados se rechazó -en una votación que terminó 40 a 6- la propuesta de incorporar un cupo femenino en las listas para cargos directivos.

Con motivo de ese rechazo, AJUS publicó una nota de opinión en Página 12, que compartimos con ustedes acá.

AJUS disertó sobre la ley de Reforma Política

En el marco del ciclo de encuentros “Jóvenes Profesionales por la Profundización del Proyecto Nacional”, organizadas por AJUS, el día lunes 2 de mayo se realizó en la Facultad de Derecho de la UBA una charla sobre la Ley de Reforma Política. Expusieron el Secretario de Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio del Interior de la Nación, Dr. Eduardo L. Di Rocco, la Asesora del Ministro del Interior de la Nación e integrante de AJUS, Dra. Inés Monzo, y la Dra. Virginia Lynn, también miembro de nuestra agrupación. Con la presencia de más de ciento veinte abogados de diversos ámbitos de la vida pública de nuestro país, se disertó sobre los aspectos técnicos y prácticos de la ley de Reforma Política.

La Dra. Monzo manifestó que sólo desde la política se logran las grandes transformaciones económicas y sociales que nuestro país necesita, y recalcó que la “ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral" se sancionó en el marco de un consenso legislativo, por lo que no benefició a un determinado partido político o sector, sino a todo el conjunto. Además, destacó que la norma estableció el sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias que permite a la sociedad elegir a sus candidatos y de ese modo terminar con la elección a dedo de las burocracias partidarias o de parte de un pequeño puñado de afiliados.

Por su parte, el Dr. Di Rocco, sostuvo que “afortunadamente en la Argentina, desde el 2003 a la fecha, gobiernan los representantes de los partidos políticos legítimamente electos y no la corporaciones económicas o mediáticas. Ésto es lo que ha hecho el gobierno, que gestionen los que el pueblo elige, sus legítimos representantes”. También se pronunció sobre la fundamental cuestión del financiamiento de los partidos, dejando en pie de igualdad a aquellas fuerzas que históricamente se hallaban faltos de recursos a la hora hacer campaña. Finalmente, analizó la importancia de las internas partidarias que son parte esencial de la sana vida de los partidos políticos, sin los cuales, ninguna disputa electoral puede llamarse a sí misma democrática.

¿Qué celebramos el 1° de mayo?

El primero de mayo no es un día más. Es un día trascendente. Evoca una lucha. Nos transporta a la Plaza Haymarket, Chicago, 1886. Allí se originó una protesta que tenía por trasfondo la reivindicación obrera de limitar la jornada –insufriblemente prolongada- de trabajo. Como consecuencia de la represión a esa protesta seis obreros dieron sus vidas: George Engel, que se negó a pedir misericordia al gobernador lo que eventualmente hubiera evitado su ahorcamiento, procediendo como el robledal, cuya grandeza necesita del agua, y no la implora; Adolf Fischer, encargado de la impresión de la propaganda obrera -por él sus compañeros peticionaron clemencia que él rechazo, porque trémulo de pavor, pensóse bravo, y acometió feroz, ya mal herido-; Lucy Parsons, cofundadora de una de las primerísimas organizaciones gremiales femeninas, defensora del género y referente en la lucha por la igualdad étnico racial; Hessois Auguste Spies, quien antes de morir estrangulado proclamó “la voz que van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”, y así mordió y vociferó vengadora ya rodando en el polvo, su cabeza; y Louis Linng, que prefirió en la celda darse su propia muerte antes que recibirla de parte de sus opresores. En fin, se fue en ese vandálico acto probablemente lo mejor de esas generaciones.

Más de cien años más tarde los recordamos. Nuestras generaciones, afortunadamente ya no necesitan perder la vida para lograr el reconocimiento del derecho a una jornada de trabajo limitada. Esta es una conquista que a pesar de su costo supieron conseguir -coronados de gloria, vivan- y se fue afianzando al punto de constituir el eje principal de la Primera Conferencia de la OIT en el año 1919, lo que resultó en su primer convenio sobre jornada de trabajo.

¿Cómo creemos que deben nuestras generaciones posicionarse frente a esto? A través de un doble compromiso. Por un lado, honrando a las generaciones precedentes y sus respectivas luchas y conquistas. ¿De qué manera? Haciendo efectivo el principio de no regresividad de los derechos que implica que las conquistas no se entregan y que los derechos adquiridos se defienden, porque, en definitiva, un derecho laboral no es otra cosa que una conquista social plasmada por escrito. En palabras del ex presidente, implica “nunca menos”. Pero, además, efectivizando otro principio enunciado en la Constitución Nacional que es el de la progresividad de los derechos. En este sentido, cada generación carga con la responsabilidad de lograr la incorporación de nuevas conquistas al plexo de derechos económicos, sociales y culturales.

Por eso, el 1º de mayo cumple distintas funciones: conmemorar la desaparición física de valiosos dirigentes, pero también celebrar. Celebrar la conquista. Celebrar el éxito de la batalla. Celebrar conscientes de que la lucha justa culmina en victoria.

Pero además, nos obliga a reflexionar sobre el presente para identificar cuáles son las deudas y hacia dónde debemos orientar nuestras energías. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández no ha habido ninguna ley contraria a los intereses de la clase trabajadora y se han derogado normas que sí implicaban retrocesos, lo que demuestra un claro cambio de paradigma en relación con los regímenes precedentes. Así, se ha derogado de la “Ley Banelco”, se han recuperado los aportes de los trabajadores, reestatizando el sistema previsional, se ha ampliado el alcance y mejorado los beneficios jubilatorios, ha aumentado casi un 1000% el salario mínimo, vital y móvil, se ha derogado la ley de tickets, se ha elevado la edad mínima para el trabajo de 14 a 16 años, combatiendo el trabajo infantil, entre muchas otras medidas. A todo ello, deben sumarse las modificaciones que se han proyectado y que se encuentran en debate, como las reformas a los regímenes de trabajo rural y doméstico y la reglamentación del derecho constitucional de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas.

Falta mucho por hacer. Existen problemas que requieren urgente intervención, derechos que aún no son reconocidos, desigualdades duras de roer, pero hay algo que la realidad no nos permite objetar: la orientación, el rumbo. Las políticas desplegadas a instancias de nuestra compañera Presidenta –lo que solemos identificar como “El Modelo”- apunta inconfundiblemente hacia el progreso, hacia el desarrollo económico de la Argentina con justicia social. Entonces, feliz 1º de mayo argentinos y argentinas, que florezcan mil flores!

Leandro Recalde (AJUS, Abogados por la Justicia Social)